Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala penal nº 35227 de 8 de Febrero de 2012

Ponente:Dr. José Leonidas Bustos Martinez
Fecha de Resolución: 8 de Febrero de 2012
Emisor:Sala penal
 
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Proceso n.º 35227

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta No.31

Bogotá, D. C. Febrero ocho (8) de dos mil doce (2012).

  1. OBJETO DE LA DECISIÓN:

    Finalizada la diligencia de audiencia pública, le corresponde a la Sala de Casación Penal dictar sentencia en el juicio adelantado en contra los ex Congresistas JOSÉ MARÍA IMBETH BERMÚDEZ, JORGE LUIS FERIS CHADID y el ex Gobernador del Departamento de CÓRDOBA, JESÚS MARÍA LÓPEZ GÓMEZ.

  2. SITUACIÓN FÁCTICA

    Texto del “DOCUMENTO CONFIDENCIAL Y SECRETO”: “Conciudadanos, como enuncia nuestro preámbulo: “el pueblo de Colombia invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer al unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz”, hoy nos confiere la irrenunciable tarea de refundar nuestra patria, de firmar un nuevo contrato social. Todos los aquí presentes hoy asumiremos el compromiso de garantizar los fines del Estado: “defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Construir esta nueva Colombia en un espacio donde “toda persona tiene derecho a la propiedad” y “tiene deberes respecto a la comunidad puesto que sólo ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad” es nuestro desafío. Todo Colombiana tiene el deber y la obligación de trabajar por la paz en aras de cumplir con el mandato constitucional que nos insta a “propender el logro y mantenimiento de la paz”. Esta tarea no es prerrogativa de unos pocos sino deber de todos. A propuesta de los aquí presentes se formarán comisiones de trabajo, las que presentarán sus resultados en la próxima reunión del mes de octubre. VIVA COLOMBIA. En Colombia a los veintitrés días del mes de julio los presentes en este acto firman 32 ejemplares de un mismo tenor que consta de 4 páginas. En este documento queda constancia de los asistentes a esta reunión, firman a voluntad propia.”

    ▪ Hechos del Proceso

    1. El juicio de reproche formulado a los procesados por la Fiscalía General de la Nación, emerge de un entramado fáctico general que destaca la materialidad del injusto, y se origina en el denominado “DOCUMENTO CONFIDENCIAL Y SECRETO” contentivo del conocido “PACTO DE RALITO”, firmado conjuntamente el día 23 de julio de 2001 en una casa ubicada en el Corregimiento de RALITO, perteneciente al Municipio de TIERRALTA – CÓRDOBA, lugar de residencia para ese entonces de SALOMÓN FERIS CHADID, alias “08” ó “EL DIABLO”[1], por los autodenominados dirigentes del Estado Mayor de las AUC y las ACCU, “ADOLFO PAZ”, alias “DON BERNA”; “SANTANDER LOZADA”, alias “MANCUSO”; alias “JORGE 40” y alias “DIEGO VECINO”, en unión del Gobernador del Departamento de SUCRE, Alcaldes y dirigentes ganaderos de ese Departamento, el Gobernador del Departamento de CÓRDOBA y varios Congresistas de los Departamentos de CÓRDOBA, BOLÍVAR, CESAR y MAGDALENA, entre los que se encuentran los procesados JORGE LUIS FERIS CHADID, quien firma en su calidad de ganadero del Departamento de SUCRE; JOSÉ MARÍA IMBETH BERMÚDEZ, como Representante a la Cámara por el Departamento de BOLÍVAR; y JESÚS MARÍA LÓPEZ, obrando como Gobernador del Departamento de CÓRDOBA, para sellar el punible compromiso de “refundar la patria” y “firmar un nuevo contrato social”.

    2. Como preludio de esa reunión, el ente acusatorio hace un recuento sobre el origen de los grupos paramilitares en Colombia y específicamente el auge de los mismos en Departamentos como ANTIOQUIA, BOLÍVAR, CÓRDOBA, SUCRE, CESAR y MAGDALENA en donde se venían gestando desde comienzos de los años 90, con el subterfugio de la lucha antisubversiva[2] y la supuesta incapacidad del Estado para contrarrestar ese flagelo, que ya para mediados de esa década creció desproporcionadamente con la consolidación militar de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá – ACCU, al mando de CARLOS CASTAÑO, que precedió a las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, la cual fue objeto de un fenómeno expansivo sin precedentes gracias al apoyo de la dirigencia económica y de la mampara oficial de las llamadas Cooperativas de Seguridad – CONVIVIR.

    3. Ese fenómeno expansivo llegó a su cenit político y militar a finales del año 1999 y principios del 2000; la Fiscalía describe las circunstancias y momentos que llevaron a esas fuerzas irregulares a apoderarse o “captar” el poder público en sus diversas manifestaciones, una de ellas, el Congreso de la República, de la mano de dirigentes políticos y representantes del gremio ganadero, y es así como informa que para esa época, cuando tales grupos ya habían logrado el control militar y territorial de vastas zonas de la geografía colombiana, inician la toma de la institucionalidad, en una labor concertada y organizada por CARLOS CASTAÑO.

    4. Inicialmente en el nivel local o regional y luego proyectándose al nacional con el fin de infiltrar el poder legislativo, bajo estrategias que iban desde la creación de listas con candidatos propios, iniciativa propuesta por IVÁN ROBERTO DUQUE, alias “ERNESTO BÁEZ”, o apoyando candidatos de la política nacional y regional en sus zonas de influencia.

    5. Reseña la acusación las declaraciones de algunos líderes de la organización armada ilegal como SALVATORE MANCUSO e IVÁN ROBERTO DUQUE, alias “ERNESTO BÁEZ”, quienes dieron cuenta de la forma en que se concertaba, pactaba y acordaba con dirigentes políticos, gremiales y sociales los asuntos inherentes al manejo de la cosa pública, siendo un secreto a voces la alianza de algunos políticos con las autodefensas para las elecciones del año 2002, exponiendo este último la necesidad de analizar los resultados electorales de las personas que accedieron al Congreso de la República sin un historial político y aún así obtuvieron votaciones muy elevadas.[3]

    6. El Proyecto Político de las autodefensas se materializó a través de las instrucciones que CARLOS CASTAÑO impartió a los demás líderes de las distintas facciones del grupo ilegal armado, para infiltrar todo el poder político desde el nivel municipal hasta el nacional y contaba con objetivos específicos como el de obtener reconocimiento político como organización y consolidar una salida negociada al conflicto armado.

    7. La adhesión de los dirigentes políticos a ese Proyecto de las autodefensas, dice la Fiscalía, no operó por temor, miedo, reverencia o coacción, sino que fue el fruto de un contubernio consciente y voluntario con la finalidad de conservar, consolidar o adquirir el poder político y en ese propósito se llegó a cooptar con las autodefensas el poder público que dimanaba de las diferentes Alcaldías y Gobernaciones cuyo control por parte del grupo ilegal armado fue total en los Departamentos de CÓRDOBA y SUCRE.

    8. La dirigencia política y económica del Departamento de SUCRE convocó a SALVATORE MANCUSO, como él mismo lo expone, con el propósito de crear franquicias de las AUC, y es así como sostienen con él varias reuniones, una primera, la de MEDELLÍN y otra la de CANARIAS, en las cuales participaron más de 60 de estos dirigentes como MIGUEL NULE AMÍN, JOAQUÍN GARCÍA, JOSÉ GUERRA, VÍCTOR GUERRA DE LA ESPRIELLA y EDWARD COBOS, siendo allí donde se acordó la financiación y operación de las AUC.

    9. Sostiene la acusación que la reunión de RALITO se dio en un momento en que las autodefensas deciden intensificar los actos de violencia para presionar acercamientos con el Gobierno Nacional, en aquella época en cabeza del ex Presidente ANDRÉS PASTRANA, quien adelantaba acuerdos de Paz con las FARC y no reconocía a las AUC como interlocutores válidos, lo que generó críticas y amenazas al Comisionado de Paz y al Gobierno en general.

    10. Enfatiza la Fiscalía, a partir de tales consideraciones, que el acuerdo concretado en RALITO entre los jefes de la autodefensas y la clase dirigente social y política representada por quienes asistieron a la reunión, no fue, como se quiso hacer creer desde la orilla defensiva, el escenario previo para la construcción de Caminos de Paz, o la génesis de los Acuerdos de Paz, sino una estrategia trazada para beneficio y defensa de los intereses de esa estructura ilegal armada con el fin de captar el poder público a través de acuerdos burocráticos y políticos que conducían, no al desmonte del paramilitarismo, sino a su expansión, a su fortaleza, para obtener una representatividad política y abrir ante el Gobierno Nacional las puertas que le había cerrado para una eventual negociación, sin abandonar el poder armado y el control territorial que ejercían.

    11. De allí la clandestinidad, secreto y sigilo con que se llevó a cabo la mencionada reunión, propia de las asociaciones que se conciertan con la ilegalidad, en la que ninguno de los asistentes tenía el aval o la autorización del Gobierno Nacional para adelantar Acuerdos de Paz, ni la idoneidad para los mismos.

    12. Indica la Fiscalía que no es extraña la visión que tuvo el periodista RAFAEL ANTONIO SÁNCHEZ, asistente a dicha reunión, y algunos de los dirigentes políticos que asistieron a la misma, acerca del móvil que generó la invitación, quienes advirtieron que lo que se evidenciaba en la conferencia de los académicos extranjeros, era la sugerencia de que las AUC debían politizarse y conformar un partido o bloque político, como finalmente lograron consolidarlo, y así lo pregonó SALVATORE MANCUSO cuando sostuvo que durante los años 2002-2003, el 35% de los miembros del Congreso era apoyado por el paramilitarismo.

    13. Sobre los detalles de la reunión de RALITO y la conferencia de los académicos extranjeros a que se hizo alusión en el párrafo precedente, indica la Fiscalía que estos eran unos expertos en conflictos internacionales quienes dictaron unas charlas sobre el...

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