Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº de 14 de Marzo de 2013
| Número de expediente | 65557 |
| Fecha | 14 Marzo 2013 |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Materia | Derecho Penal |
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
-SALA DE DECISIÓN EN TUTELA-
Magistrado Ponente
L.G.S.O.
Aprobado Acta No. 081Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil trece (2013)ASUNTO
Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta contra el fallo de fecha 28 de enero de 2012, proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por medio del cual tuteló el derecho fundamental del debido proceso del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAIRA –BBVA, dentro del trámite constitucional adelantado contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta.
Fueron resumidos en el fallo de primera de instancia[1], así:
“La entidad bancaria pidió la protección de sus derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso, presuntamente vulnerados por el organismo judicial accionado.
Relató que luego de agotado el proceso disciplinario previsto en el reglamento interno de la empresa, que culminó con el establecimiento de una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo, promovió proceso especial de fuero sindical, permiso para despedir, contra J.E.S., el cual se asignó al Juzgado Único Laboral del Circuito de Fundación; que luego de agotadas las etapas procesales se emitió sentencia, el 21 de junio de 2012, a través de la cual se autorizó el levantamiento del fuero sindical; que inconforme con dicha determinación el demandado apeló, y el Tribunal, en decisión del 27 de septiembre siguiente, fundado en el fallo de la Corte Constitucional, T-248 de 7 de marzo de 2008, lo revocó, al estimar que el término prescriptivo para los trabajadores particulares debía contabilizarse luego de agotado el procedimiento convencional, si existiere, y que como no se acreditó “que dichas normas disciplinarias estén contenidas en convención colectiva de trabajo como lo prevé la jurisprudencia constitucional (…) no es dable tenerlo en cuenta para efectos de contabilizar el término de la prescripción de la acción del empleador”.
A juicio de la parte accionante, tal determinación desconoció flagrantemente la ley, pues el artículo 118 A del CPT y SS prevé dos supuestos normativos para contabilizar el término prescriptivo, esto es, desde el conocimiento de los hechos o hasta que se agote el proceso convencional o reglamentario correspondiente, aspecto último que reviste una verdadera garantía para el trabajador pues “sólo es ahí cuando se conoce a ciencia cierta el responsable de los hechos irregulares”.
Censuró el desafuero interpretativo que realizó el juzgador de segundo grado, pues “el legislador claramente y sin distinción alguna contempla la posibilidad de que el término de prescripción se contabilice desde que se agote el procedimiento disciplinario convencional … o reglamentario, que como su nombre lo indica es el contenido en reglamentos” que el artículo 118 A nada dice sobre que el procedimiento reglamentario sea “el contenido en las leyes para los servidores públicos”, y que donde el legislador no distingue o restringe menos lo puede hacer el interprete.
Se refirió a la decisión de tutela en la que se apoyó el Tribunal para emitir la sentencia cuestionada, e indicó que no podía utilizarse para dirimir la contención, dado que abordaba un problema jurídico disímil, pues se refería a una pensión de vejez; como no la encontró acertada se remitió a la decisión con el mismo radicado, pero del año 2007, referente a una controversia de salud y concluyó que “la sentencia yerró por defecto sustancial, en tanto que las interpretaciones jurisprudenciales en las que sustenta son inexistente, de tal suerte que con las mismas incorpora elementos subjetivos o distinciones no contenidas en el artículo 118 A ibídem desbordando su contenido”.
En consecuencia solicitó revocar la decisión cuestionada y emitir la que en derecho corresponda.”
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EL FALLO IMPUGNADO
La Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de Casación Laboral concedió la petición de amparo, por cuanto:
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La protección al derecho de asociación sindical está prevista no sólo en el artículo 39 de la Constitución Política, sino, entre otros, en los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo.
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