Sentencia de Corte Suprema de Justicia - nº de 5 de Agosto de 2013
| Fecha | 05 Agosto 2013 |
| Número de expediente | 1100102030002013-00699-00 |
| Materia | Derecho Civil |
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil trece (2013).
R.: Exp. 1100102030002013-00699-00
Se decide el cambio de radicación que pretenden V.M.L.V. y L.M.B.G..
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Los peticionarios, alegando tener interés sustancial para el efecto, solicitan que se asignen los procesos de sucesión de T.L.T.M. y J.P.T.G., actualmente en conocimiento del Juzgado Promiscuo de Familia de Paz de Ariporo, a otro despacho judicial en la ciudad de Bogotá.
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Fundamentan su pretensión en que existen “diversas causas de las previstas en el inciso 2 del numeral 8 del artículo 30 del Código General del Proceso”, con las precisiones que se resumen así (folios 1 al 45):
a. El 19 de octubre de 2006, el Juzgado Promiscuo Municipal de Paz de Ariporo practicó diligencia judicial en su casa de habitación, localizada en ese municipio, procediendo al cambio de guardas y a dejar varios bienes muebles de su propiedad en depósito de un auxiliar de la justicia, “sin que hubiera mediado proceso previo”, ni ellos pudieran oponerse por estar fuera de la ciudad. A pesar de que se trató de una “inspección judicial (…) el juez para justificar ante la justicia su proceder se prestó para que el arrendador presentara una demanda de restitución a la que le puso fecha de presentación con antelación”.
b. Acudieron en tutela para la “devolución de esos bienes arbitrariamente retenidos”, obteniendo el amparo en fallo de segunda instancia de 23 de marzo de 2007, que fue renuente a cumplir el funcionario accionado y sólo se cristalizó la entrega el 7 de julio.
c. “Por esos hechos contra el juez H.R. se interpusieron varias acciones, una denuncia penal y una queja disciplinaria [sin que se les haya comunicado las correspondientes decisiones] y una acción de reparación directa en la que oficiosamente vincularon a dicho juez, que aún no ha concluido, pues en el momento se encuentra para decisión de fondo”, con lo que se pone “en evidencia que el juez accionado en ejercicio de sus funciones actúa con tiranía, es arbitrario, atropella los derechos humanos y se desborda dolosamente por atajos que lo conducen al abuso del derecho, lo que es característico de su condición humana”.
d. Relatan los siguientes eventos que antecedieron “la apertura del juicio sucesorio de T.L.T.M.”:
i) Que V.M.L.V. celebró el 28 de febrero de 1997, contrato en el que T.L.T.M. prometía transferirle los predios S.J., a título personal, y S.J.D., como mandatario de J.P.T.G., de los cuales se le hizo entrega en esa fecha, tanto a él como a su esposa, momento desde el cual han ejercido posesión material sobre los mismos.
ii) A pesar de que se otorgó la escritura de venta del primer inmueble, no la pudieron registrar por unas cautelas vigentes, lo que fue aprovechado por los “hijos del difunto T.M.” para obtener el oficio de desembargo y proceder “a la apertura de la sucesión del extinto T.M., y en un acto de absoluta mala fe denunciaron como bien único sucesoral o relicto, la finca S.J.”, siendo sabedores de que ya no le pertenecía al fallecido.
iii) El Juzgado Promiscuo de Familia de Paz de Ariporo, en el cual es titular quien se desempeñó como Juez Promiscuo Municipal de esa localidad para la época de los sucesos inicialmente narrados, “decreta el embargo y secuestro del predio S.J. en el sucesorio de T.M., y al mismo tiempo decreta el embargo y secuestro del predio S.J.D., en el sucesorio de J.P.T.G.”.
iv) Luego de aplazamientos, el 17 de agosto de 2011, se realizó el “secuestro de ambas fincas –San Jorge y S.J. Dos- en cuya diligencia desde el comienzo de la misma ejercimos la oposición y presentamos las pruebas para acreditar nuestro derecho”.
e. Concretan los motivos del cambio de radicación así:
i) “Inminente peligro de muerte”:
Porque desde que se llevó a cabo el secuestro del predio “empezaron las ominosas amenazas de muerte” y “cuando empezamos a esgrimir incidentes de falta de jurisdicción, de desembargo de San Jorge y de recusación contra el juez H.R. por grave enemistad originada en hechos en otro proceso, como quedo dicho, las amenazas de muerte se intensificaron a través de llamadas de distintos celulares, presencia en la finca de sujetos vestidos de indumentarias extrañas, armados pretextando estar buscando semovientes extraviados”.
Las “constantes amenazas” contra el grupo familiar y la personalidad de “los sujetos que pueden estar interesados en arrebatarnos a toda costa las fincas”, obligaron a su desplazamiento forzoso, pues, “tanto mi cónyuge como el suscrito, tenemos la firme convicción que los T.G., por herencia genética, principalmente por ancestros vía paterna, tienen impregnada su conciencia muy inclinada a la perfidia y la codicia”.
ii) “Grave enemistad”:
La que existe con el titular del juzgado, “por el inmenso daño que nos causó cuando arbitrariamente nos despojó de nuestros bienes ocasionándonos tanto sufrimiento”, lo que “no garantiza la imparcialidad y la recta aplicación de la ley”.
Esta circunstancia provocó que recusaran al funcionario, quien desestimó el reproche “sosteniendo que ‘(…) la condición para ser juez de la República, radica en ser una persona desapasionada, prudente y tranquila. Esto indica que los funcionarios no podemos sentirnos ofendidos por las aseveraciones de la parte que resulte vencida en algún proceso o incidente’”, descendiendo “a la más ridícula auto-adulación, porque se incluye dentro de ese concepto”.
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