Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 39289 de 10 de Julio de 2013
| Sentido del fallo | NO CASA |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Laboral de Bogotá |
| Número de expediente | 39289 |
| Número de sentencia | SL436-2013 |
| Fecha | 10 Julio 2013 |
| Tipo de proceso | RECURSO DE CASACIÓN |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN LABORAL |
| Materia | Derecho Laboral y Seguridad Social |
Corte Suprema de Justicia
LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS
Magistrado Ponente
Acta No.020
Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil trece (2013).
Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por OMAR ERNESTO BARACALDO RODRÍGUEZ, contra la sentencia del 30 de octubre de 2008, proferida por el Tribunal Superior Bogotá D.C., en el proceso ordinario promovido por el recurrente, contra el BANCO CAFETERO S.A. EN LIQUIDACIÓN
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ANTECEDENTES
OMAR ERNESTO BARACALDO MARTÍNEZ demandó al Banco Cafetero S.A. En Liquidación, para que le reajuste y pague su sueldo mensual básico a partir del 1° de enero de 2002 en el 7.75%, para el 2003 en 6.99%, para el 2004 en 6.49% y 5.50% para el 2005, junto con el 3% adicional para cada uno de los años señalados; el reajuste de la indemnización convencional por despido y de las primas legales y extralegales, junto con la indemnización moratoria o en subsidio la indexación.
Afirma que como trabajador oficial prestó servicios para el Banco entre el 6 de diciembre de 1988 y el 23 de marzo de 2005, en la ciudad de Bogotá, como Asesor Comercial en la Agencia de Cedritos; que fue despedido sin justa causa mediante comunicación del 18 de marzo de 2005, razón por la que el Banco le canceló la indemnización convencional; que la entidad bancaria no le reajustó el salario desde el año 2002 hasta la terminación del contrato de trabajo, tal como lo ordenó el Gobierno Nacional; que el acuerdo convencional suscrito el 1° de diciembre de 1999, estipuló aumentos de sueldo con base en el I.P.C., pacto que no cumplió el Banco, como tampoco el ajuste adicional automático del 3% convencional; que tales reajustes repercuten directamente en su salario promedio base de la liquidación de sus prestaciones e indemnización por despido sin justa causa; que el Estado colombiano es propietario del 100% del capital accionario del banco; que es beneficiario convencional y que agotó la vía gubernativa .
II. RESPUESTA A LA DEMANDA
El Banco se opuso a las pretensiones de la demanda; admitió los extremos de la relación laboral y el cargo desempeñado, pero aclaró que no era procedente el reajuste salarial pretendido, dado que el decretado por el Gobierno Nacional era para los empleados públicos y para los trabajadores oficiales en los años 2002 a 2005, y el actor tenía la condición de trabajador particular. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, pago, prescripción, buena fe, falta de causa para pedir, y compensación.
III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La primera instancia terminó con sentencia del 15 de diciembre de 2006, mediante la cual el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá absolvió al Banco de todas las pretensiones.
IV. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al decidir la apelación del demandante, el ad quem confirmó en todas sus partes la de primer grado.
El Tribunal, luego de comentar los argumentos de la recurrente al tema de los reajustes de sueldo plasmados en la demanda inicial y en el escrito de apelación, precisó en primer término, que el ajuste salarial suplicado estaba soportado en la Ley 4ª de 1992 teniendo como destinatarios a los empleados públicos, a los miembros del Congreso y a la fuerza pública, a la vez que fijaba el régimen prestacional de los trabajadores oficiales, por lo que dada la naturaleza jurídica del Banco, el actor al término del contrato de trabajo no ostentaba la condición de empleado público, ni la de trabajador oficial. Añadió que si en gracia de discusión tuviera la calidad de trabajador oficial, a la luz de la Ley 4ª de 1992, no existía normativa que estableciera el aumento salarial para los años reclamados, apoyándose en la sentencia del 29 de febrero de 2008, de esa Corporación, que en parte reprodujo.
V. EL RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la parte actora, al fijar el alcance de la impugnación en la demanda que lo sustenta, que fue replicada, pretende que se case la sentencia acusada, para que en sede de instancia, se revoque la del juzgado del conocimiento, y en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda inicial.
Con esa finalidad e invocando la causal primera de casación, formuló cuatro cargos que a pesar de presentarse por diferente vía, contienen proposiciones jurídicas análogas y tienden al mismo objetivo, por lo que se estudiarán conjuntamente.
VI. PRIMER CARGO
Acusa la sentencia de infringir directamente por aplicación indebida el artículo 1° del Decreto 092 de 2000, dejando de aplicar el 8° del Decreto 1050 de 1968, el 5° del Decreto 3135 del mismo año, el 3° del Decreto 3130 de 1968, el 2° y el 3° del Decreto Ley 130 de 1976, el 97 de la Ley 489 de 1996, 461 y 464 del Co. de Co., 6, 1519, 1619 y 1741 del Código Civil, 2° de la Ley 50 de 1936 que subrogó el 1742 del C.C., 8° de la Ley 153 de 1887, 20 y 43 del C.S.T. y, 53, 58 y 123 de la Constitución Política de 1991.
En la demostración reproduce apartes que sostiene corresponden al sostén del fallo del ad quem, sin embargo, lo copiado no coincide con los argumentos que el fallador de segundo grado esgrimió para confirmar el fallo del a quo.
Copia apartes de lo que afirma dijo el Consejo de Estado en un concepto sobre el tema de las empresas de economía mixta, cuando la intervención de capital estatal es superior o inferior al 90% del mismo, sin indicar su fecha ni su radicación y de la sentencia 4695 del 9 de diciembre de 1974 de esta Corte; luego de referirse a los artículos 8 del Decreto 1050 de 1968 y 5 del Decreto 3135 del mismo año, reproduce los artículos 3 del Decreto 3130 de 1968, 2 y 3 del Decreto 130 de 1976, el parágrafo del artículo 97 de la Ley 489 de 1996, artículos 461 y 464 del C. de Cio., 2° de la Ley 50 de 1936, también se refiere al pronunciamiento 19108 del 30 de enero de 2003 de esta Sala de la Corte, que sostiene se ratificó con el fallo 29256 del 3 de diciembre de 2007 y, a la sentencia 15594 del 7 de febrero de 2008 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, para finalmente afirmar que los estatutos de una empresa de economía mixta no están por encima de la ley; que al ingresar F. como socio, el Banco no cambió la naturaleza jurídica, por lo que continuó siendo oficial por estar en cabeza del Estado más del 90% de las acciones, y que el derecho al reajuste se deriva de la Constitución Política, por lo cual arguye que el cargo debe prosperar, pues a su juicio, se violaron...
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