Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala civil nº 5042 de Abril 12, 2000

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA

Magistrado Ponente:

CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO

Santa Fe de Bogotá, D.C., doce (12) de abril de dos mil (2000)

Ref.: Expediente No. 5042

Se decide por la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por MARCO ANTONIO ROJAS ROJAS contra la sentencia proferida el 23 de junio de 1993 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por el recurrente contra DIEGO, GABRIEL, MARIA ELENA, OLGA MUÑOZ LOPEZ, MARIA NELLY MUÑOZ DE ARBELAEZ, LIGIA MUÑOZ DE LLANO, JOSE ANTONIO MUÑOZ LOPEZ y ERNESTINA LOPEZ VIUDA DE MUÑOZ.

ANTECEDENTES

  1. Mediante demanda que fue repartida al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, los aludidos demandados promovieron un proceso de deslinde y amojonamiento contra el ahora demandante, para que se fijara judicialmente la línea demarcatoria del predio denominado La Florida o Villa Elena, situado en el paraje Belmonte del municipio de Pereira, que colinda con el de propiedad del señor Rojas, cuyos linderos no están definidos con claridad, como quiera que, al decir de los señores Muñoz, el demandado "se ha dado a la tarea de correr sistemáticamente los puntos de demarcación" por el costado oriental de su predio.

  2. Como supuestos fácticos de sus pretensiones, los primigenios demandantes, en síntesis, expusieron los siguientes:

    1. En el proceso de sucesión de Antonio José Muñoz Marín, se adjudicó a los aquí demandados en común y proindiviso el inmueble denominado La Florida o Villa Elena, con cédula catastral No. 00-02-006-040 y folio de matrícula No. 290-0008216, acto que fue aprobado en sentencia de 1o. de abril de 1986, proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira.

    2. Mediante escritura pública No. 2059 del 15 de mayo de 1987, otorgada en la Notaría Primera del Círculo de Pereira, los ahora demandados vendieron a la Sociedad Jairo Amaya S. y Cía. Ltda., una parte del fundo, o mejor, 2.855 metros cuadrados del inmueble en cuestión, cuyos linderos se consignaron en el documento de venta.

    3. También por escritura pública No. 2102 de 1987, otorgada en la misma Notaría, los en este momento demandados vendieron a Evelio Jaramillo Agudelo otra parte de la finca, específicamente 99.763,40 metros cuadrados que se alinderaron como aparece en el citado instrumento público.

    4. Luego de las dos segregaciones anteriores, los Muñoz, a través de la escritura pública 2182 de 18 de mayo de 1988, otorgada en la Notaría Tercera de Pereira, determinaron los linderos del resto del inmueble que continuó siendo de su propiedad, los que se transcribieron en el hecho quinto de la demanda (fls. 43 y 44, cdno.1).

    5. El señor Marco Antonio Rojas figura como propietario del predio distinguido con folio de matrícula inmobiliaria No. 290-0012643 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, con cédula catastral No. 00-02-0060039, cuyos linderos se describieron en el hecho sexto de la demanda (fls. 44 y 45, cdno.1).

    6. Por la situación de los predios colindantes de propiedad de las partes en litigio, "el lado occidental del lote de terreno de propiedad del señor Marco Antonio Rojas, linda por el lado oriental" con el de propiedad de los demandados.

    7. La línea divisoria entre los predios, por el lindero antes referido, no se encuentra definida con claridad, por cuanto el demandado Marco Antonio Rojas "se ha dado a la tarea de correr sistemáticamente los puntos de demarcación", por manera que, en la actualidad, prácticamente han desaparecido los mojones que delimitaban los referidos predios. Además, "ha tratado de ejercer posesión" y dominio sobre un área de 1.320 metros cuadrados que, al decir de los demandantes, no le pertenece.

  3. El demandado contestó la demanda de apeo, oportunidad en la que manifestó no oponerse a la demarcación judicial entre su predio y el de los accionantes, siempre que se hiciera con sujeción al texto de la escritura pública No. 2922 de 30 de octubre de 1958, otorgada en la Notaría Primera de Manizales, por medio de la cual Jesús Antonio Londoño Henao vendió el predio "La Florida" a Antonio José Muñoz Marín.

  4. Agotada la tramitación correspondiente a este proceso especial, conforme a lo dispuesto por el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil , el Juzgado de conocimiento practicó la diligencia de deslinde impetrada, la que se cumplió en varias sesiones, según consta en las actas respectivas, durante los días 9 de marzo, 31 de mayo y 1º. de junio de 1990.

  5. Inconforme el señor Rojas con la línea demarcatoria de los predios, formalizó su oposición a la misma en virtud de demanda, a través de la cual solicitó que se declarara sin ningún valor "el deslinde practicado por adolecer de vicios o errores graves", requiriendo también que se le reconociera su específica "calidad de poseedor" sobre el predio en discusión, por haber realizado en él actos de señorío, como siembra de pastos, de árboles frutales y de higuerilla (fl. 7, cdno.2).

  6. Como fundamento de las pretensiones formuladas, expuso el ahora demandante los siguientes hechos:

    1. El predio al cual se refiere su demanda perteneció, en mayor extensión, a Carmen y Luis Alvarez, cuya sucesión se tramitó en el Juzgado Municipal de Pereira en el año de 1966 (fl. 26), proceso en el cual se inventarió el inmueble litigado, como parte del activo sucesoral (fl. 7 v., cdno.2).

    2. El 27 de septiembre de 1966, "Manuel Cardona Velez remató dentro de la sucesión de los Alvarez el predio inventariado", que fue entregado por el Juzgado.

    3. Mediante escritura pública No. 3396 del 20 de octubre de 1972, otorgada en la Notaría Tercera de Pereira, el señor Cardona Velez le vendió al señor Rojas la tercera parte del inmueble rematado, momento a partir del cual el adquirente entró en coposesión de ese bien.

    4. Luego, por medio de la escritura pública No.1936 de junio 8 de 1987, otorgada en la misma oficina notarial, Emilia González de Cardona le vendió al señor Rojas las 2/3 partes restantes de ese predio.

    5. Durante la época en que Manuel Cardona Velez fue propietario del bien, celebró dos contratos de aparcería, uno con Evelio Penagos y otro con Jesús Antonio Suaza Roman, aparcero este que quiso apoderarse del inmueble, por lo que se promovió en contra de él un proceso de lanzamiento ante el Juzgado Sexto Civil Municipal de Pereira, actuación que culminó con la entrega del predio al señor Rojas en el año de 1984.

    6. Jesús Antonio Suaza Roman, durante la época en que detentó el bien y con la tolerancia de Antonio J. Muñoz, corrió los linderos de éste "en unos 12 mts" hacia el predio del aquí demandante, hecho éste confesado por el señor Muñoz.

    7. Dada la discordia en cuanto al lindero se refiere, contendieron las partes en proceso policivo, que terminó manteniendo el statu quo.

    8. En la diligencia de deslinde practicada por el Juzgado, éste trazó la línea divisoria teniendo en cuenta lo que conceptuó "el señor Luis Castellanos, no los peritos Zapata y Cardona", así como lo que al respecto manifestó Diego Muñoz, con lo que, en definitiva, se arrebató al demandante "el terreno que va de la terminación de la servidumbre peatonal" en la zona férrea, "hasta el quiebrabarrigo en el talud férreo, que son unos veinte metros", a los cuales deben agregarse "otros veinte metros que hay del quiebrabarrigo al yarumo" (fls. 8 v. y 9, cdno.2).

    1. Los hermanos Muñoz López, luego de las segregaciones de que fue objeto el predio denominado La Florida o Villa Elena, mediante escritura pública No. 2182 de 28 de mayo de 1988, otorgada en la Notaría Tercera del Círculo de Pereira, en forma unilateral y arbitraria dijeron actualizar la cabida y linderos del predio mencionado, cercenando parte del bien del que es propietario Marco Antonio Rojas Rojas.

  7. Por auto de 4 de julio de 1990 fue admitida la demanda del opositor al deslinde, libelo al que los demandados le dieron contestación con expresa oposición a las pretensiones y manifestación de aceptar lo que resulte probado en el proceso.

  8. Como quiera que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, - despacho que continuó el trámite del proceso por impedimento de la Juez Segunda -, ordenó el emplazamiento de quienes se creyeran con derecho sobre la franja de terreno de la cual Marco Antonio Rojas dijo ser poseedor y cuyo dominio reclamó, la curadora ad litem designada para representar a los demandados indeterminados contestó la demanda, en escrito en el que expresó, en resumen, atenerse a lo que resultare acreditado en el proceso.

  9. Agotada la tramitación previa para el efecto, el Juzgado aludido le puso fin a la primera instancia mediante sentencia del 3 de diciembre de 1991, en la cual decidió no aceptar la tacha formulada contra los testigos Jaime Cañaveral Cano y Jesús Antonio Suaza Román, denegó las pretensiones formuladas en el escrito de oposición al deslinde, fijó la línea divisoria entre los predios a que se refiere el litigio, ordenó realizar el amojonamiento respectivo, la entrega a las partes del inmueble así delimitado y la inscripción de la sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira.

  10. Inconforme el demandante con el fallo, interpuso contra él el recurso de apelación, que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira confirmó mediante sentencia proferida el 23 de junio de 1993.

  11. Contra la sentencia de segundo grado, el señor Rojas interpuso el recurso de casación, de cuya decisión se ocupa ahora la Sala, luego de haberse rechazado de plano el incidente de nulidad promovido por el apoderado de la parte opositora.

    1. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

      El Tribunal, luego de sintetizar el libelo inicial, su contestación, la actuación surtida durante la primera instancia, así como la demanda con la cual se formalizó...

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