Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº de 4 de Mayo de 2010
| Número de expediente | 38435 |
| Fecha | 04 Mayo 2010 |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN LABORAL |
| Materia | Derecho Laboral y Seguridad Social |
SALA DE CASACIÓN LABORAL
DR. L.J.O.L.
Magistrado Ponente
Radicación N° 38435
Acta N° 14
B.D.C., cuatro (4) de mayo dos mil diez (2010). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 31 de julio de 2008, por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en el proceso adelantado por ANUAR AMAR MOTTA contra BAVARIA S.A.. I. ANTECEDENTES
El accionante en mención demandó en proceso laboral a la sociedad BAVARIA S.A., procurando se le declarara la nulidad del acta de conciliación No. 975 del 20 de septiembre de 2001, celebrada ante el conciliador de la Cámara de Comercio Seccional Neiva, y que el contrato de trabajo terminó en forma unilateral y sin justa causa, por reducción de personal e incumplimiento de lo pactado en la convención colectiva de trabajo, y como consecuencia de lo anterior, se le condenara a pagar a su favor 95 días de salario básico por cada año de servicio y proporcional por fracción de año consagrados en la cláusula 14ª convencional, a la indemnización legal por despido injustificado contemplada en el artículo 64 del C.S. delT., la pensión de jubilación prevista en la cláusula 52ª de la misma convención a partir del 28 de diciembre de 1998 cuando cumplió 50 años de edad, la reliquidación de salarios, cesantía y demás prestaciones sociales e indemnizaciones conforme al estatuto convencional vigente para los años 2001 y 2002, la indemnización moratoria, y la indexación o corrección monetaria.
Subsidiariamente pretende la declaración de la ineficacia de la finalización del contrato de trabajo, y como consecuencia de esto, se le condenara a la reinstalación en el empleo a un cargo de igual o superior categoría, con el pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, y los aportes a la seguridad social por el tiempo cesante.
Como peticiones comunes compatibles con los pedimentos principales y subsidiarios, solicita la indemnización de perjuicios derivados del daño moral, equivalentes a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que resulte ultra o extrapetita y a las costas. En sustento de las anteriores pretensiones, argumentó que laboró para la sociedad demandada mediante un contrato de trabajo a término indefinido, que tuvo vigencia del 12 de febrero de 1973 al 24 de septiembre de 2001, en forma continua e ininterrumpida; que el último cargo desempeñado fue el de envasador de cerveza y sifón de la cervecería de la ciudad de Neiva, devengando un salario diario de $36.449,oo; que estuvo afiliado a la organización sindical Sinaltrabavaria - Seccional Neiva y era beneficiario de la convención colectiva de trabajo; que culminada una huelga de 72 días, la empresa inició una reestructuración empresarial que conllevaba el cierre de varias plantas o líneas de producción, entre ellas la de la ciudad de Neiva, y a raíz de esto desde el 2 de marzo de 2001 ejerció una retaliación contra los trabajadores sindicalizados, a quienes se les presionó y amenazó de terminarles unilateralmente los contratos de trabajo, y en efecto a varios empleados que comprendía directivos sindicales, les fue cancelado el vínculo contractual sin existir ninguna justificación; y que se presentaron acciones tendientes a que estos trabajadores renunciaran al sindicato o se acogieran a un plan de retiró que se diseñó, dejándolos sin alternativa.
Aseguró que el día 19 de septiembre de 2001, la empresa lo citó con carácter obligatorio a la Hostería Matamundo, y allí frente a un funcionario de la Cámara de Comercio se le impuso el texto del acta de conciliación elaborada por la demandada, de la cual le entregaron copia y un cheque como bonificación, en la que se ponía fin al vínculo contractual laboral a partir del 24 de ese mismo mes y año; que su voluntad libre y espontánea fue inhibida por la presión que ejerció la empleadora, configurándose así un despido unilateral y sin justa causa; que ese Despacho jamás se constituyó en audiencia pública, ni le otorgó el uso de la palabra a las partes a fin de que alegaran sus derechos, como tampoco se permitió la participación de la organización sindical, sino que la diligencia se limitó a la firma de la citada acta que adolece de membrete o sello del entonces Ministerio de Trabajo o de la Cámara de Comercio; que se le hizo caer en error sobre lo que se estaba conciliando y suscribió obligado la supuesta conciliación para darle protección a su familia y así sostener el mínimo vital, donde la accionada actuó con dolo y fuerza, con abuso de su poder subordinante e indefensión del trabajador, viciando de esta manera su consentimiento e hizo que renunciara a derechos ciertos e indiscutibles, todo lo cual genera la nulidad del acto conciliatorio.
Continuó diciendo que se le calcularon sus prestaciones sociales sin considerar el incremento salarial de índole convencional para el año 2001, donde su salario mensual no debía ser la cantidad de $36.449,oo, sino la suma de $41.435,oo, dando lugar a su reliquidación; que en la liquidación definitiva no le fue incluida la cancelación equivalente al valor de 95 días de salario básico por cada año de servicio, que se deriva de la reducción de personal adelantada sin obtener autorización del Ministerio de Trabajo, según lo dispuesto en la cláusula 14ª de la C.C.T., pago que resulta compatible con la indemnización legal de que trata el artículo 64 del C.S. delT.; que del mismo modo, la ruptura del nexo laboral es ineficaz, lo que conlleva a la reinstalación al empleo con el pago de los salarios en los términos del artículo 140 del C. S. del T., por producirse en contra de lo señalado en las cláusulas 2° y 13 de la C.C.T., que regulan en su orden lo referente al principio de la favorabilidad y la estabilidad de los trabajadores permanentes, precepto último que no autoriza a la empresa para efectuar despidos con el pago de la indemnización legal; que la finalización del contrato de trabajo en las circunstancias anotadas le causó un daño moral, afectando su tranquilidad, honor, reputación, sentimientos y su salud.
Y señaló que por haber nacido el 28 de diciembre de 1948, el mismo día y mes del año 1998 cumplió 50 años de edad, lo que sumado a la terminación injustificada del contrato de trabajo, le da derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación extralegal de carácter vitalicio, prevista en la cláusula 52ª convencional, que es compatible con la pensión de vejez que le otorgue el Instituto de Seguros Sociales. II. RESPUESTA A LA DEMANDA
La sociedad convocada al proceso al dar contestación a la demanda, se opuso a la prosperidad de las declaraciones y condenas tanto principales como subsidiarias y comunes; respecto de los hechos admitió la relación laboral con el demandante, la clase de contrato, los extremos temporales, el cargo desempeñado, el monto del salario diario devengado, la suscripción del acta de conciliación, la existencia de la convención colectiva de trabajo, la condición del actor como beneficiario de ese estatuto y el pago de la cuota sindical, y frente a los demás supuestos fácticos adujo que unos no le constaban y que otros no eran ciertos.
Propuso las excepciones previas de cosa juzgada e indebida acumulación de pretensiones; y el Juez de conocimiento que lo fue el Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., dispuso de una parte resolver el primer medio exceptivo mencionado en la sentencia que ponga fin a la instancia, y de otro lado declaró parcialmente probada la segunda excepción, en cuanto a las peticiones subsidiarias, bajo el argumento que eran incompatibles y se excluían con las demás súplicas, disponiendo continuar la actuación con los pedimentos principales y la indemnización por perjuicios morales, decisión que fue recurrida por el actor y el Tribunal Superior de Bogotá la revocó con proveído del 12 de diciembre de 2003, para en su lugar dar por no probada la excepción de indebida acumulación de pretensiones, para proseguir con el trámite normal del proceso (folios 188 a 190, 193 - 194, 255 a 258 del cuaderno del Juzgado). Además, formuló las excepciones de fondo que denominó prescripción, pago total, cosa juzgada, inexistencia de las obligaciones reclamadas, buena fe patronal y compensación.
Alegó en su defensa, en síntesis, que no existe prohibición legal que impida a los empleadores promover planes de retiro compensados; que la sociedad demandada siempre cumplió con lo pactado en la convención colectiva de trabajo; que el contrato de trabajo del actor terminó por renuncia voluntaria y expresa de éste, determinación que fue ratificada en la conciliación que las partes celebraron legalmente y suscribieron ante funcionario competente, donde la finalización del vínculo se elevó a mutuo acuerdo; que se liquidaron y pagaron las prestaciones sociales que le correspondían al accionante, y adicionalmente se le otorgó "pensión temporal y voluntaria desde el 24 de septiembre de 2001 y hasta el 28 de diciembre de 2008, fecha ésta en que el actor cumple la edad requerida para que el I.S.S. le reconozca la pensión de vejez"; que el trabajador en la diligencia conciliatoria, declaró a la empresa BAVARIA S.A. a paz y salvo por todo concepto laboral; que no existió ningún vicio del consentimiento que afectara la voluntad del promotor del proceso, y al firmar la conciliación no objetó su contenido; y que la ineficacia de la ruptura del nexo contractual y la pensión convencional reclamada, no pueden prosperar en virtud de que no hubo despido sin justa causa del accionante. III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juez Quinto Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá, D.C., en sentencia del 30 de octubre de 2006, declaró probada la excepción de cosa juzgada, absolvió a la sociedad demandada de todas las pretensiones formuladas en su contra, y condenó en costas al demandante. IV. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Apeló la parte actora y la Sala de Descongestión Laboral...
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