Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 36251 de 9 de Agosto de 2011 - Jurisprudencia - VLEX 313305430

Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 36251 de 9 de Agosto de 2011

PonenteDr.Fernando Castro Caballero
Fecha de Resolución 9 de Agosto de 2011
EmisorSala de Casación Penal
Número de Proceso36251

Proceso nº 36251

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL Magistrado ponente:

F.A.C.C.

Aprobado Acta N° 281

Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil once (2011).

VISTOS

Se procede a resolver sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por la defensora del procesado A.F.P.R., condenado en fallos proferidos por el Juzgado Penal del Circuito de Puerto Tejada y el Tribunal Superior de Popayán, como autor responsable de la conducta punible de secuestro simple.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL:

  1. - Los primeros fueron tratados en el fallo de primera instancia de la siguiente manera:

    El 5 de enero de 2010, siendo aproximadamente las 21:30 horas, la Central de Radio de la Estación de Policía de esta localidad (Puerto Tejada), recibió información vía telefónica de una fuente no formal, que en la carrera 16 con calle 9 del barrio Granada, un vehículo de servicio público “taxi” de placas VKK-122, había sido abordado por tres (3) sujetos armados al parecer secuestrando al conductor. Ante tal novedad la Policía Nacional en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación y SIJIN, activaron un ”plan candado” procediendo a obstaculizar y taponar las vías de acceso para que el flujo automotor fuera lento y pasados unos momentos se logró localizar el rodante a la altura de la vereda “Los Bancos”, el que fue interceptado atravesándosele la patrulla, dando orden a sus ocupantes para que descendieran, encontrándoles dos (2) armas de fuego, una tipo revólver, marca Llama-Scorpión, con cuatro (4) cartuchos, la otra de fabricación artesanal, con un (1) cartucho, sin presentar permiso de autoridad competente para su porte, siendo individualizados como A.F.P.R. (a. “Alex-Bru”), B.D.C. (a. “Raspu”) y W.Y.B.C. (A. “Toco”), los dos primeros con antecedentes penales por delitos “Contra el Patrimonio Económico” y “Contra la Seguridad Pública”, a quienes las autoridades policivas inteligenciaron acerca de sus derechos constitucionales y legales y luego fueron puestos a ordenes de autoridad competente para su judicialización. 2. Por los anteriores episodios, el 6 de enero de 2010 la Fiscalía Segunda Seccional de Puerto Tejada formuló imputación por las conductas punibles de secuestro simple y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o munición, cargo éste último que los indiciados aceptaron, no así el primero, razón por la cual se originó la ruptura de la unidad procesal.

  2. El 16 de febrero siguiente se llevó a cabo la formulación de acusación por el delito de secuestro simple, verificadas las audiencias preparatoria y de juicio oral y anunciado el sentido del fallo, el 2 de julio de 2010 el Juzgado Penal del Circuito de Puerto Tejada, con funciones de conocimiento, condenó a los acusados P.R., B.C. y D.G. como coautores responsables del delito materia de la acusación, los dos primeros, a las penas de doscientos treinta y cuatro (234) meses de prisión, multa de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y al tercero a ciento noventa y dos (192) meses de prisión y multa por el mismo valor anterior, inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso equivalente a la sanción privativa de la libertad, les negó los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la prisión y declaró que no había lugar a pronunciarse sobre la condena al pago de indemnización de perjuicios, dejando a la víctima con la posibilidad de acudir a la jurisdicción civil.

  3. Esa decisión fue recurrida por los procesados y sus defensores, y el 4 de febrero de 2011 el Tribunal Superior de Popayán la confirmó, pero modificó la sanción impuesta a P.R. y B.C., para fijarla en ciento noventa y dos (192) meses de prisión y multa de doscientos (200) s.m.l.m.v., mediante fallo que ahora es objeto del recurso extraordinario interpuesto y sustentado por la defensora de A.F.P.R..

    LA DEMANDA:

    Con la finalidad de restablecer las garantías procesales de su prohijado, tres cargos formuló la demandante contra el fallo proferido por el ad quem, así:

  4. En el cargo primero con sustento en la causal segunda, artículo 181 del cpp, acusó la sentencia de haber sido proferida en actuación viciada por errores de estructura que afectaron el debido proceso debido a que no se adelantó el incidente de reparación integral, violando los artículos 102, 103, 104, 105,106 y 447 de la ley 906 de 2004, cuando todavía no estaba en vigencia la ley 1395 de 2010, motivo por el cual el Tribunal debió declarar la nulidad del fallo de primer grado en atención a que de haberse adelantado ese trámite su defendido tenía la posibilidad que se le aplicara una pena menor porque habría podido conciliar con la víctima o reparar el daño, incluso ser absuelto.

    Por lo anterior, solicitó casar la sentencia “por nulidad” y conceder la libertad de su defendido.

  5. En el cargo segundo, por la misma causal segunda del artículo 181 del cpp de 2004, cuestionó la sentencia del Tribunal de violentar el principio de congruencia porque si bien los procesados fueron acusados por el delito de secuestro simple, no se les imputó circunstancias de mayor punibilidad de las previstas en los artículos 58 y 61 del cp, razón por la cual el ad quem no podía efectuar las correcciones que hizo en la pena, sino absolver a los acusados.

    Por lo anterior, solicitó casar el fallo “por nulidad” y conceder la libertad de su defendido.

  6. En el cargo tercero, por el sendero de la causal tercera del artículo 181 del cpp, acusó la sentencia de segunda instancia de incurrir en violación indirecta del artículo 168 del cp como consecuencia de error de hecho derivado de falso juicio de existencia por omitir la valoración de prueba aportada legalmente al proceso.

    Los jueces de instancia -precisó el libelista- no tuvieron en cuenta el testimonio rendido en el juicio oral por la víctima C.A.R.V., quien dijo que él no había sido secuestrado, sino que para sustentar el fallo de condena le dieron credibilidad a las entrevistas rendidas por dicha persona para inferir la conducta punible de secuestro simple, cuando según aquella declaración la misma no existió.

    Critica las manifestaciones de los agentes de la Policía Nacional que intervinieron en la aprehensión de P.R., calificando sus actos de “falsos positivos” cuando ellos nunca demostraron que efectivamente se estaba frente a un caso de secuestro del que pudiera haber sido víctima el taxista.

    Por lo anterior, solicitó casar el fallo y proferir uno de reemplazo que absuelva al procesado de los cargos imputados.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE
  1. La Sala ha venido abordando el tema del recurso extraordinario de casación en el marco del sistema acusatorio colombiano y lo ha definido como un mecanismo de control constitucional y legal que procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia por los Tribunales Superiores en los procesos adelantados por delitos, independientemente de la pena con la cual los sancione el legislador, cuando se afectan derechos o garantías fundamentales (artículo 181 de la ley 906 de 2004), cuya materialización se debe cumplir a través de una demanda que no es de libre elaboración porque debe ceñirse a rigurosos parámetros lógicos y a causales taxativas, no obstante la gran flexibilidad permitida, acorde con la estructura del Estado Constitucional de Derecho acogido por el constituyente[1].

  2. En relación con los requisitos de la demanda que sustente la impugnación extraordinaria, ha señalado que si bien el nuevo estatuto procesal no enumera rigurosamente los requisitos que debe cumplir un libelo de casación como lo hacía el anterior artículo 212, de los artículos 183 y 184 se pueden deducir los siguientes:

  3. Que se señalen de manera precisa y concisa las causales invocadas.

  4. Que se desarrollen los cargos, esto es, que se expresen sus fundamentos o se ofrezca una sustentación mínima. Y,

  5. Que se demuestre que el fallo es necesario para cumplir algunas de las finalidades del recurso.

    Esto porque de conformidad con lo establecido en el inciso 2° del artículo últimamente citado, no será seleccionada la demanda que se encuentre en cualquiera de los siguientes supuestos:

    (i). Si el demandante carece de interés jurídico.

    (ii). Si prescinde de señalar la causal.

    (iii). Si no desarrolla los cargos de sustentación, y

    (iv). Cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir algunas de las finalidades del recurso.

  6. Las siguientes son las falencias que ofrece la demanda presentada por la defensora del procesado A.F.P.R.:

    3.1. En el cargo primero pasó por alto que anunciado el sentido condenatorio del fallo, el a quo en obedecimiento a lo dispuesto por el artículo 102 y siguientes de la ley 906 de 2004 surtió el traslado a las partes interesadas para solicitar el incidente de reparación integral, término que corrió entre el 10 de mayo al 23 de junio de 2010, sin que dentro del mismo la víctima, el fiscal o el Ministerio Público a instancia de ella, promoviera esa actuación, razón por la cual se convocó a lectura del fallo para el 29 de junio de esa anualidad, la cual finalmente ocurrió el 2 de junio que en lo relacionado con los perjuicios y en consideración a que C.A.R.V., reconocido como víctima, no adelantó el incidente de reparación, se dispuso en la sentencia de primera instancia que una vez ejecutoriada podía acudir a la jurisdicción civil.

    3.2. Ninguna irregularidad, entonces, con...

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