Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº AP2227-2014 de 30 de Abril de 2014
| Fecha | 30 Abril 2014 |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Materia | Derecho Penal |
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
Magistrado Ponente
Radicación N° 43532
(Aprobado acta Nº 119) Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil catorce (2014).
La Corte resuelve de plano la solicitud de cambio de radicación elevada por la Fiscal 15 Especializada de la Sub Unidad contra Bandas Criminales de Cali, dentro de la actuación que se sigue en contra de E.A.P.J..
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA PETICIÓN
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Conforme lo expuesto en el escrito de acusación, E.A.P.J., alias “Mincho”, ocupa una posición de alto rango dentro de la estructura criminal conocida como “Los Rastrojos”, organización que a través de una compleja distribución jerárquica de roles y con injerencia en una amplia zona del departamento del Valle del Cauca, se dedica a la comisión de múltiples conductas punibles relacionadas con el narcotráfico, tráfico de armas, homicidios selectivos, extorsiones, desapariciones forzadas, entre otros.
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La investigación de las ilicitudes cometidas por este grupo delincuencial permitió establecer la presunta responsabilidad del mencionado en varios homicidios, lo que dio lugar a que se le formulara imputación, el 7 de mayo de 2013, por las conductas punibles de homicidio agravado en concurso homogéneo y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, delitos a los cuales no se allanó y por los que se radicó acusación en su contra, llevándose a cabo la audiencia respectiva, el 10 de febrero y el 20 de marzo de 2014, ante el Juzgado Tercero Penal Especializado de Buga (Valle). Esta diligencia, por petición de la Fiscalía, fue suspendida para el estudio de las observaciones efectuadas por la defensa durante el transcurso de la misma.
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Mediante misiva allegada en la última fecha señalada en precedencia, la Fiscal del caso puso en conocimiento la existencia de un plan fraguado en su contra y de los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones dirigidas a desarticular la organización armada ilegal, pues debido a la judicialización de sus actividades han sido declarados objetivos militares, al punto que, refiere, se han aportado quinientos millones de pesos para segar su vida.
De este modo y considerando que “la ciudad de Buga y varios sectores del Valle del Cauca están controlados por esta organización criminal, que como se conoce utiliza armas de uso privativo de alto poder, como fusiles, M-16, granadas, morteros...
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