Auto Interlocutorio de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 36562 de 13 de Junio de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 552482574

Auto Interlocutorio de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 36562 de 13 de Junio de 2012

Ponente:José Leonidas Bustos Martínez
Fecha de Resolución:13 de Junio de 2012
Emisor:Sala de Casación Penal
Número de Proceso:36562
Sentido del Fallo:DECRETA NULIDAD PARCIAL / REVOCA / CONFIRMA
Historial del Caso:Resuelve recurso contra sentencia de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal
RESUMEN

SISTEMA PENAL ACUSATORIO - Pruebas: Recursos contra las decisiones que resuelven sobre ellas Tesis: « Un nuevo análisis del tema, lleva a la Sala a reconsiderar esta postura, y adoptar como postulado jurisprudencial que el recurso de apelación procede no solo contra las decisiones que niegan la práctica de la prueba (trátese de exclusión, inadmisión o rechazo), sino también contra las que ordenan su aducción, admisión o aceptación, y que la concesión del recurso debe hacerse en el efecto suspensivo. Esto, atendiendo a una interpretación sistemática del modelo de enjuiciamiento acusatorio, comprensiva de un estudio correlacionado de los artículos 20 y 359 con los artículos 176, 177 y 363 ejusdem, como también del papel que debe cumplir la audiencia preparatoria en este sistema y la necesidad de asegurar la realización de los principios de depuración y eficacia probatoria. El artículo 176, en su inciso tercero, establece, en el carácter de cláusula general, que el recurso de apelación procede contra los autos adoptados durante el desarrollo de las audiencias, salvo las excepciones legales, dando de esta manera cabida a la segunda instancia a todas las decisiones que cumplan tres condiciones, (i) que tengan la naturaleza de auto, (ii) que hayan sido dictadas en el curso de una audiencia, y (iii) que el recurso no esté exceptuado por la ley. Las decisiones que deciden sobre la exclusión, admisión, rechazo o práctica de pruebas tienen a no dudarlo la condición de autos, entendidos por tales los que resuelven algún incidente o un aspecto sustancial, de acuerdo con la definición que de ellos trae el artículo 161 ejusdem, en cuanto se erigen en expresiones del derecho a probar y a la controversia probatoria, previsto en el artículo 29 de la Constitución Nacional. El artículo 177, por su parte, en su primer inciso, incluye como decisión susceptible de ser apelada en el efecto suspensivo, el auto que niega la práctica de prueba en el juicio oral (estipulación cuarta), pero también, el auto que decide sobre la exclusión de una prueba del juicio oral (estipulación quinta), sin hacer distinciones sobre el sentido de la decisión, previsión esta última de la que se sigue que la apelación procede en ambos casos, es decir, cuando se ordena o niega su exclusión. El mismo precepto, en el inciso segundo, incluye como decisión contra la que procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo, el auto que admite la práctica de la prueba anticipada (estipulación sexta), precepto del que igualmente se establece que la regla acogida por los estatutos procesales anteriores, en los que el derecho de impugnación solo procedía contra las decisiones que negaban pruebas, no es la que preside el modelo de enjuiciamiento acusatorio. Esta nueva orientación se reitera en el artículo 363, que consagra como motivo de suspensión de la audiencia preparatoria, el trámite de la apelación de las decisiones relativas a las pruebas, hasta cuando el superior jerárquico resuelva, expresión que, al igual que las anteriores, no distingue entre el sentido de la decisión, resultando comprensiva tanto de las decisiones que niegan como de las que autorizan. Dicha variante encuentra su razón de ser en el carácter esencialmente adversarial del nuevo sistema. (…) El efecto en que debe concederse el recurso de las decisiones relacionadas con la práctica de pruebas, no enlistadas expresamente en el artículo 177 (modificado por el artículo 13 de la Ley 1142 de 2007), es el suspensivo, pues no resulta razonable iniciar el juicio oral estando pendiente de decidir sobre las pruebas que deben practicarse o debatirse en el curso del mismo, pero además, porque así se infiere de la orden de suspensión de la audiencia preparatoria que contiene el artículo 363. Hechas estas precisiones, ninguna incorrección advierte la Sala en la determinación del tribunal de conceder el recurso de apelación contra la decisión de negar la práctica de un testimonio y de no acceder a la exclusión de los elementos probatorios aportados por la fiscalía, ni en la de conceder el recurso en el efecto suspensivo. » SISTEMA PENAL ACUSATORIO - Audiencia preparatoria: Finalidad Tesis: « Los objetivos de la audiencia preparatoria, al tenor de lo preceptuado por los artículos 356, 357, 358, 359, 360 y 362 del Código de Procedimiento Penal, están relacionados con el aprestamiento del juicio oral, en tanto escenario de construcción de conocimiento. Esto básicamente porque el juicio es concebido constitucional y legalmente como el espacio de una disputa de contenido epistemológico, esto es, en torno del conocimiento que se le lleva al juez en relación con una hipótesis delictiva específica formulada por la Fiscalía y la consiguiente postura asumida por la defensa. El juicio, como proceso de conocimiento involucra varios saberes: en la determinación del objeto problemático se vincula la... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Bogotá, D.C., trece de junio de dos mil doce.

VISTOS

Llega la actuación a la Sala para que resuelva el recurso de apelación interpuesto por el defensor del ex fiscal YOHAY CONTRERAS AGUDELO contra la decisión proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, por medio de la cual negó la práctica de un testimonio y la exclusión de unas pruebas en desarrollo de la audiencia preparatoria celebrada dentro del proceso que por el delito de concusión se adelanta en su contra.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL

El episodio fáctico así fue relatado en el escrito de acusación:

“En la Fiscalía 34 Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Bogotá, cuyo titular era el Doctor JOHAY CONTRERAS AGUDELO, se adelantaba la investigación No. 110016000050200705515, por el delito de abuso de confianza, cuyo objeto material fue un vehículo de propiedad de la señora I.G.O.; el vehículo Renault Megane de placas BSA-481, fue recuperado en Neiva, hecho del cual fue informada la víctima, por lo que el 18 de enero de 2008 radicó petición de devolución ante la Fiscalía 34 Local, quedando a la espera de que se le ordenara la devolución del mismo.

A principios de febrero de 2008, la señora I.G. fue contactada por el titular de la Fiscalía 34 Local, D.J.C.A., quien le manifestó que era necesario que se encontraran para acordar como debía procederse a la entrega del vehículo, razón por la cual se reunieron en el Restaurante LA TERRAZA de Bogotá, lugar en el cual almorzaron y en el que el F. le hizo exigencia de la suma de CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000.00), parte de la mencionada suma sería para las personas que lograron la recuperación del vehículo; en razón a que la señora GUTIERREZ no contaba con tal suma, así se lo informó al F. iniciando esta las gestiones tendientes a la consecución del dinero.

El 5 de febrero de 2008, acudió la señora G.O. a las instalaciones de la Fiscalía 34 Local y en la oficina del fiscal J.C.A. le entregó la suma de DOS MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000) en efectivo y dos cheques posfechados de su cuenta corriente No. 17526828752 del Banco de Colombia, Títulos valores girados para garantizar el pago del excedente, así: 1.-GB526178 por Un Millón de pesos para el 5 de marzo de 2008 y el GB526179 por la suma de Dos millones de pesos para el mismo mes y día.

Por el cheque GB526178, la señora I.G. le consignó al Fiscal 34 Local en la cuenta de ahorros que éste posee en BBVA No. 126120070 la suma de UN MILLON DE PESOS MCTE ($1.000.000.00) DISCRIMINADOS EN DOS CANTIDADES A SABER: una de ellas por NOVENCIENTOS MIL PESOS y la otra por CIEN MIL PESOS, consignación que se efectuó el 5 de marzo de 2008.

Respecto del segundo cheque, o sea el GB526179, que fue girado posfechado por un valor de DOS MILLONES DE PESOS, se adelantaron conversaciones a efectos de poder cubrirlo, una de las reuniones se llevó a cabo el 12 de julio de 2008 en CARULLA de la 116 con carrera 15 de Bogota, lugar en donde le solicitó la víctima, más plazo para conseguir el dinero, acordando que el pago se efectuaría en el mes de agosto, lo cual no ocurrió.

Como quiera que el F. la requirió para el pago de la suma excedente, la que no ha podido reunir, decidió instaurar la denuncia.”

Así, el señor C.A. fue capturado el 13 de noviembre de 2008, luego de una labor de seguimiento pasivo, de interceptaciones telefónicas y de recibir el dinero que previamente había sido objeto de entrega vigilada.

En audiencias preliminares celebradas el 14 de noviembre se declaró legal la captura y se le imputó el delito de concusión por el que soporta detención domiciliaria, realizándose luego audiencia de formulación de acusación, en desarrollo de la cual la defensa solicitó la nulidad del proceso aduciendo la ilegalidad de la captura y la desproporción de los medios de investigación utilizados en contra de C.A., la cual fue negada por el Tribunal por decisión adiada el 18 de mayo y confirmada por esta Corporación mediante providencia calendada el 24 de agosto de 2009, con el radicado 31900.

En aquel auto la Sala advirtió que el momento propicio para solicitar y discutir la exclusión de los elementos materiales de prueba que la defensa calificaba de ilegales, era fundamentalmente la audiencia preparatoria; motivo por el cual omitió cualquier consideración de fondo en relación con dicha alegación de la defensa.

Con ocasión de aquel pronunciamiento, mediante proveído de diciembre 3 de 2009, esta Corporación1 declaró fundada la recusación que contra la Sala del Tribunal Superior de Bogotá formuló el defensor, habiendo sido asignado el proceso a una nueva Sala de Decisión, la cual continuó con su tramitación, al punto que concluyó la audiencia de formulación de acusación y luego de varios aplazamientos dio inicio a la preparatoria, de la cual se han realizado varias sesiones.

Precisamente, en una de ellas, la de 25 de abril de 2011, se realizaron las postulaciones probatorias tanto de la Fiscalía como de la defensa, luego de lo cual esta última solicitó la exclusión de varios elementos ofrecidos por el ente acusador así: 1) de la prueba documental ofrecida por la Fiscalía que soporta distintas interceptaciones telefónicas, aduciendo que los elementos que las contienen –CDs, D. y casettes ofrecidos- no coinciden con los aportados y descubiertos por ella, además de presentarse serias inconsistencias en su cadena de custodia; así como deficientes controles judiciales; 2) de toda la prueba documental que soporta la entrega vigilada del dinero; y, 3) de todo lo relacionado con la vigilancia y el seguimiento pasivo de que fue objeto CONTRERAS AGUDELO; señalándose que estos actos de investigación fueron ilegalmente practicados, por diferentes razones, entre ellas que están destinados exclusivamente a la infiltración y desmantelamiento de bandas criminales lo cual se sale del marco fáctico de este proceso, además que la entrega vigilada solo podía realizarse con servidor público y no con la testigo víctima.

Contra esta decisión la defensa interpuso el recurso de apelación, el cual sustentó oportunamente, motivo por el cual le fue concedido en el efecto suspensivo ante esta Corporación.

Dentro del trámite de la alzada se remitió el proceso al Tribunal de origen a efectos de que se anexaran los elementos cuya exclusión se discute mediante el recurso que ahora se resuelve, siendo devuelto sin ellos, ya que sólo estaban a disposición de las partes sin que existieran para el proceso copia de los mismos.

LA DECISIÓN IMPUGNADA

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá decretó las pruebas que se llevarían al juicio, decisión en la que además de negar un testimonio solicitado por la defensa, entre otras determinaciones, también despachó desfavorablemente las exclusiones probatorias pretendidas por el mismo sujeto procesal.

En relación con uno de los testimonios pedido por la defensa, el de Y.I.M., funcionario del DAS responsable de la Sala Plata -aquella en la que se realizaron las interceptaciones telefónicas cuyos registros son cuestionados por la defensa por distintos motivos- se denegó su decreto al considerársele impertinente por no guardar relación con los hechos materia de investigación, a cuyo esclarecimiento nada aportan, dejando a salvo que de existir alguna irregularidad en el manejo de las interceptaciones aludidas, dicha situación daría pie a responsabilidad disciplinaria o penal, pero, en todo caso, señala el Tribunal, resulta indiferente al proceso penal de la referencia.

Respecto a las exclusiones pretendidas por la defensa, el a quo señaló:

Frente al primer punto: el del material probatorio relacionado con la interceptación de comunicaciones, se negó su exclusión con el argumento de que la audiencia preparatoria no era la oportunidad para analizar su ilegalidad ya que con ello se produciría un conocimiento previo de dicho material que podría comprometer la imparcialidad del Tribunal, Corporación que advierte que en sede del sistema adversarial “no es viable contaminarse con esos medios de prueba ofrecidos por la Fiscalía, revisando en plena celebración de la audiencia preparatoria, como lo pretende la defensa, no solo las actas de las audiencias preliminares, sino el contenido de los registros de cara a la demanda de exclusión, rechazo o inadmisión. Una actuación de esta envergadura rompe con el principio de imparcialidad, cuando lo que se debe decidir es si los elementos materiales probatorios ofrecidos quebrantan o no garantías constitucionales y los derechos fundamentales.”

Afirma el a quo que la discusión en torno del protocolo de la cadena de custodia bien puede diferirse al debate oral, y su valoración en relación con la forma en que se produjo la recolección del elemento probatorio y su autenticidad puede resolverse en la sentencia de mérito.

Así, concluye que tales aspectos, los cuales califica de meramente formales, en últimas no tornarían en ilegal la prueba, por lo que no resulta viable su exclusión, pudiéndose controvertir en desarrollo del juicio oral.

En relación con el segundo tópico de la exclusión: el de la entrega vigilada del dinero, el a quo advierte que la Corte, en una de las oportunidades en que intervino en el proceso, ya lo avaló, y por haber estado rodeado de todas las exigencias previstas por la normativa que la regula, fue completamente legal y por tanto no procede la exclusión de los elementos materiales con los cuales se probarían sus resultados en el juicio.

Sobre la tercera pretensión de exclusión de la defensa: lo tocante a los elementos materiales relacionados con la vigilancia y seguimiento pasivo, nada dijo el a quo.

LA SUSTENTACIÓN ORAL DEL RECURSO

El defensor comienza por reclamar del juez de conocimiento el compromiso con la legalidad de la prueba, lo cual es materia de verificación por dicho funcionario precisamente en la audiencia preparatoria, según lo determinado por el artículo 238 del Código de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA