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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 39009 de 14 de Noviembre de 2012

Ponente:Fernando Alberto Castro Caballero
Fecha de Resolución:14 de Noviembre de 2012
Emisor:Sala de Casación Penal
Número de Proceso:39009
Sentido del Fallo:CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA
Historial del Caso:Resuelve recurso contra sentencia de Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga, Sala Penal, de 18 de Enero de 2012
RESUMEN

PECULADO POR APROPIACIÓN - Puede concursar con enriquecimiento ilícito

 
ÍNDICE
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Bogotá, D.C., catorce de noviembre de dos mil doce (2012)

La Sala resuelve el recurso de apelación presentado por el procesado H.G.V., exjuez Primero Laboral del Circuito de Buenaventura, contra la sentencia proferida el 18 de enero de 2012 por el Tribunal Superior de Buga que lo condenó como autor de la conducta punible de peculado por apropiación.

Cabe señalar que en esa providencia también fue absuelto del cargo de peculado por apropiación originado en la demanda laboral incoada por ARGELIO ANGULO VIVEROS y se cesó el procedimiento a su favor por el mismo delito por prescripción de la acción penal, en concreto respecto de su actuación en el proceso adelantado por J.B.O.D. contra el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, en adelante Foncolpuertos.

Ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura, cuyo titular era H.G.V., los señores HANNOVER VICTORIANO ALEGRÍA LÓPEZ, ARGELIO ANGULO VIVEROS, B.C., E.C.R., L.A.G.G. y J.B.O.D., promovieron sendos procesos ordinarios laborales contra la referida entidad portuaria, con el objeto de obtener el reconocimiento de acreencias laborales.

Las actuaciones culminaron con fallos fechados 17 de mayo 1995; 14 de octubre de 1993, 21 de abril de 1994, 1 de noviembre y 30 de marzo de 1995 y 13 de septiembre de 1994, respectivamente, mediante los cuales se condenó a Foncolpuertos a cancelar distintas sumas de dinero por concepto de reajustes pensionales, agencias en derecho a favor de los demandantes e indemnizaciones moratorias.

Dichas determinaciones, al surtir el grado jurisdiccional de consulta, fueron revocadas en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Bogotá y P., al identificar diversas irregularidades en las sentencias de primer grado emitidas por el juez G.V., entre ellas, la indebida aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo, la condena más allá de lo pedido por los demandantes y la ausencia de claridad, precisión y consistencia en los hechos y pretensiones contenidos en las demandas.

Como consecuencia de lo anterior, se absolvió a la referida entidad portuaria de las reclamaciones realizadas por los antiguos trabajadores de la Empresa Puertos de Colombia.

A su vez, con ocasión de aquellos procesos, se dio inicio a esta actuación, con el objeto de establecer las posibles conductas punibles en que hubiera podido incurrir el funcionario judicial G.V., al proferir las decisiones de condena que fueron halladas ilegales por su superior jerárquico.

ANTECEDENTES PROCESALES
  1. Con sustento en los informes elaborados por los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación destacados para Foncolpuertos, así como en las resoluciones emitidas por el Ministerio de Protección Social, el Fiscal 20 Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, el 3 de agosto de 2006, abrió formal investigación en contra del exjuez Primero Laboral del Circuito de B.H.G.V., a efecto de determinar las irregularidades en torno al trámite judicial adelantado con motivo de la demanda laboral instaurada por ARGELIO ANGULO VIVEROS, extrabajador de Puertos de Colombia1.

  2. En la misma fecha, el ente instructor dispuso acumular y tramitar conjuntamente las investigaciones originadas en las sentencias proferidas dentro de los procesos ordinarios laborales promovidos por los señores HANNOVER VICTORIANO ALEGRÍA LÓPEZ, ARGELIO ANGULO VIVEROS, B.C., E.C.R., L.A.G.G. y J.B.O.D., ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura2.

  3. En providencia del 4 de diciembre de 2006, ante la imposibilidad de vincular en forma personal al exjuez G.V., se lo declaró persona ausente, designándole defensor de oficio3, a quien se le resolvió su situación jurídica provisional el 12 de diciembre de 2007, con medida de aseguramiento de detención preventiva por su posible autoría en el concurso de conductas punibles de peculado por apropiación. En esta determinación también se declaró prescrita la acción penal derivada de los delitos de prevaricato por acción4.

  4. Clausurada la fase instructiva el 14 de mayo de 20085, se calificó su mérito el 1º de octubre siguiente6, con resolución acusatoria en contra de H.G.V. por el delito de peculado por apropiación a favor de terceros, en concurso homogéneo y sucesivo, agravado por la cuantía, “por razón de los hechos que se desprendieron con motivo y ocasión de las sentencias emitidas en los procesos ordinarios laborales promovidas a través de apoderado por los demandantes ARGELIO ANGULO VIVEROS, J.B.O.D., HANNOVER VICTORIANO ALEGRÍA LÓPEZ y E.C.R.”7. En esa misma providencia, se decidió precluir las investigaciones, por prescripción de la acción penal, adelantadas con ocasión del los fallos proferidos por el sindicado en “los procesos ordinarios laborales promovidos por los señores L.A.G. GONZÁLEZ8 y BRAULIO CAICEDO”9

  5. Ejecutoriado el vocatorio a juicio, la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, en proveído 30 de marzo de 2009, decretó la nulidad de la declaratoria de persona ausente, tras advertir la vulneración al debido proceso como consecuencia de haberse omitido librar las órdenes de captura ante los organismos judiciales correspondientes, las cuales tenían como fin la recepción de la indagatoria de GAMBOA VELÁSQUEZ.

  6. Empero, tras recurrir el ente acusador la mencionada decisión, aduciendo “la prueba que asentaba la obediencia al debido proceso”, el 18 de noviembre de 2009 el a quo resolvió revocarlo y, consecuentemente, continuó la etapa de juzgamiento10.

  7. Así, entonces, la etapa de la causa fue adelantada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Corporación que luego de correr los correspondientes traslados realizó la audiencia preparatoria el 9 de marzo de 2011.

  8. Concluida la audiencia pública de juzgamiento se produjo fallo de carácter condenatorio, fechado el 18 de enero de 2012 contra el que el inculpado interpuso recurso de apelación que ahora debe resolverse.

    LA SENTENCIA IMPUGNADA:

    El Tribunal Superior de Buga inicialmente destaca que dentro del proceso laboral promovido por el señor J.B.O.D., mediante sentencia proferida el 13 de septiembre de 1994 el acusado H.G.V. ordenó a FONCOLPUERTOS pagar la suma de $4.103.506.90 a favor del demandante, la que efectivamente fue cancelada tras emitir el entonces titular del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura el oficio 074 del 4 de abril de 1995 dirigido al Gerente del Banco Popular, sin que dicho valor superara el monto de los cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes para las fechas en que fueron efectivamente pagados los dineros estatales11, razón por la que consideró que la conducta constitutiva de peculado por apropiación en favor de terceros frente a éste comportamiento prescribió antes de que se emitiera la resolución acusatoria12.

    Seguidamente coligió la Corporación de instancia que no se reunieron los presupuestos exigidos por el artículo 232 de la Ley 600 de 2000 para condenar al procesado G.V., como autor del delito de peculado por apropiación a favor de terceros agravado por la cuantía, en concurso homogéneo y sucesivo, al proferir decisiones manifiestamente contrarias a la ley, dentro del proceso laboral seguido a instancia de la demanda presentada por A.Á.V., pues, estimó el a quo, que la prueba documental aducida fue contradictoria al demostrar el detrimento patrimonial que presuntamente sufrieron los bienes estatales ante la disponibilidad jurídica que tuvo de los mismos el exjuez acusado específicamente en ese caso.

    En palabras de la Sala:

    “Se concluye frente a este asunto, que ante las dudas en los conceptos que en últimas se pagaron – que no fueron ordenados por el Juez en la sentencia – o no se pagaron como aduce la resolución que no se halló evidencia del pago de los $3.629.589.04-, la Sala absuelve al procesado de los cargos formulados por este peculado originado en el proceso ordinario laboral incoado por A.Á.V.”.

    Respecto a los restantes procesos, una vez enuncia las diferentes decisiones emitidas por el exjuez Primero Laboral de Buenaventura, dentro de los seguidos a instancia de las demandas presentadas por HANNOVER VICTORIANO ALEGRÍA LÓPEZ y E.C.R., subraya las fechas y las cuantías de las resoluciones y proveídos mediante los que se ordenó a las autoridades competentes pagar a los demandantes los valores estimados en los fallos condenatorios proferidos por el acusado, concretamente, los atinentes a “reajuste pensional y reconocimiento de indemnización por pérdida de la capacidad laboral…”13, coligiendo que “frente a la prueba recaudada de orden documental… se muestra diáfano la configuración de todos y cada uno de los elementos estructurales del tipo penal de Peculado por Apropiación”14.

    Igualmente, resalta que los enunciados fallos emitidos por el juez H.G.V. en los referidos procesos laborales fueron revocados ante las irregularidades encontradas por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, tales como: (i) La falta de claridad, precisión y coherencia en las respectivas demandas, vulnerando el artículo 25 del Código de Procedimiento Laboral; ii) la inclusión de factores no constitutivos de salario y iii) los fallos más allá de lo pedido por los demandantes, generando doble pago de factores salariales.

    Por otra parte, desestimó apreciar como indicio grave “la negativa del procesado de ordenar el grado jurisdiccional de consulta sobre los procesos donde se condenaba a FONCOLPUERTOS”, al considerar que, contrario a lo afirmado por el ente acusador, para las fechas en que el acusado “emitió sus sentencias laborales ordinarias… no había unanimidad entre los operadores judiciales del área laboral sobre la forma de proceder en tales aspectos”15. Empero, consideró demostrado el dolo en el comportamiento del acusado16, a partir de la “pluralidad y calidad de indicios, aunados a la prueba directa, representada en documentos”. Explicando su postura en los siguientes términos:

    “… más evidentes, no pueden ser los indicios graves de...

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