Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº 1569331890012003-00178-01 de 27 de Marzo de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 552521314

Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº 1569331890012003-00178-01 de 27 de Marzo de 2012

Ponente:Jaime Alberto Arrubla Paucar
Fecha de Resolución:27 de Marzo de 2012
Emisor:Sala de Casación Civil y Agraria
Número de Proceso:1569331890012003-00178-01
Número de Providencia:1569331890012003-00178-01
Sentido del Fallo:CASA
Historial del Caso:Resuelve recurso contra sentencia de Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala Única, de 26 de Julio de 2007
RESUMEN

Otorgado mediante escritura pública poder general al mandatario con facultades para administrar, prometer en venta y transferir los bienes del mandante, con vigencia hasta por un año después del deceso del poderdante, el mandatario procedió a vender parte de esos bienes inmuebles a uno de sus familiares, motivó sobre el cual reclamaron los herederos judicialmente la declaración de nulidad absoluta de esos contratos de venta o en subsidio la de su simulación absoluta. El Juez de conocimiento negó todas las pretensiones y levantó las medidas cautelares, se abstuvo de resolver las excepciones de mérito y de pronunciarse de fondo sobre las denuncias del pleito formuladas en la instancia decisión que resultó confirmada en la suya por el superior luego de haberle dado validez al acto jurídico cuestionado que circunscribió a un mandato conferido para ser ejecutado hasta un año después de la muerte del comitente. Contra esa decisión se alzan los demandantes en casación con sustento en la causal 1 del artículo 368 del CPC por acusándole de violación directa de los artículos 1741 y 2195 Código Civil entre otros; con estribo en que esa manifestación autónoma de la voluntad no pueda surtir efecto alguno y sustituir o desconocer las normas que regulan la forma como en vida una persona puede disponer de sus bienes luego de su muerte eficacia que el Tribunal le otorgó al dejar de aplicar las normas "especiales" que regulan la administración y disposición de los bienes después del fallecimiento de su propietario, para en su lugar hacer operar las reglas "generales" del mandato. La Sala de Casaci&... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil doce (2012).

Aprobada mediante Acta de 27 de febrero de 2012.

Referencia: C-1569331890012003-00178-01

Se decide el recurso de casación que interpuso M.N.P., quien actúa para la sucesión de G.N.E., respecto de la sentencia de 26 de julio de 2007, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala Única, en el proceso ordinario promovido por la recurrente contra ULISES NIÑO ESPEJO, J.M. y H.A.S.M., así como contra ROSA VIRGINIA NIÑO DE FONSECA, JULIO C.C., G.M.R., C.A.G., B.E.S.N., C.L.S., L.D.J.P., J.J.A.R., E.R.M., EDUARDO ORJUELA FÚQUENE, M.A.R.C., V.J.A., P.S.S., SEGUNDO S.V., B.A.R., M.L. ROJAS DE ALONSO, A.V.P. DE TORRES, J.A.M.C., MARÍA DEL CARMEN CÁRDENAS DE MONTAÑEZ, S.M.R., J.G.B., G.T.C., Á.R. MORALES E H.V.V. DE RINCÓN.

ANTECEDENTES
  1. - En el expediente se da cuenta que mediante escritura pública 021 de 26 de enero de 1983, otorgada en la Notaría Única de Santa Rosa de Viterbo, G.N.E. otorgó poder general a ULISES NIÑO ESPEJO, con amplias facultades, entre ellas, para administrar, prometer en venta y transferir los bienes suyos, el cual se prolongaría “hasta por un año más después de su muerte”.

    Fallecida la poderdante, el 2 de febrero de 1983, el mandatario procedió a vender a H.A.S.M., su yerno, el inmueble denominado “Pantanitos Alameda”, según escritura pública 599 de 23 de abril de 1983, aclarada mediante la escritura pública 836 de 20 de mayo de 1983, ambas de la Notaría 19 del Círculo de Bogotá.

    Del mismo modo, transfirió a título de venta a J.M., también su yerno, el predio llamado “El Cebadero Sural y Piedra Parada”, según escritura pública 1073, otorgada el 23 de abril de 1983 en la Notaría 18 del Círculo de Bogotá.

  2. - Conforme al libelo que originó el proceso y a su reforma, la parte demandante solicitó, principalmente, que se declarara la “nulidad absoluta” del mandato y de los contratos de compraventa referidos, al igual que de las enajenaciones efectuadas luego a los otros demandados; o en subsidio, la simulación absoluta de aquéllos.

    Consecuentemente, que se ordenara la reivindicación de los predios, o su actual valor en dinero, con los frutos causados, y que se cancelaran los registros correspondientes.

  3. - Las pretensiones se fundamentaron, en síntesis, en que el mandato fue otorgado “sin ningún lineamiento respecto a instrucciones de venta” o con “amplias facultades para toda clase de negocios”; que como el mismo termina con la muerte del poderdante, legamente no era posible prolongar los poderes otorgados, porque ello desconoce las normas imperativas que regulan el testamento y la sucesión por causa de muerte, y porque no se concebía que la mandante pudiera comparecer después de muerta, por interpuesta persona, a celebrar contratos.

    Agrega la actora que nunca hubo precio, ni una manifestación de voluntad real y seria, menos cuando los adquirentes carecían de capacidad económica para celebrar los negocios. El propio mandatario, por el contrario, continuó poseyendo los bienes después de haberlos transferido, luego los dividió y efectuó directamente la venta de los lotes obtenidos.

    Afirma que el precio convenido, amén de irrisorio, no entró a la sucesión, en tanto los sub-adquirentes tenían conocimiento de la muerte del comitente, por ser una persona prestante de la región, además debieron saber que la titulación inicial era ilegal, frente a la protocolización del mandato otorgado.

    Añade que los yernos del mandatario se prestaron “para fraguar el fraude concebido por U.N.E. a sabiendas de que el poder que ostentaba su suegro se había obtenido a una moribunda, arrancada a las volandas con vigencia notoria y protuberantemente ilegal”.

  4. - Los demandados, en su mayoría, se opusieron a las pretensiones, sin que, en estricto sentido, hayan formulado excepciones de mérito respecto de la nulidad absoluta del mandato, aunque sí en cuanto a las demás, al paso que otros denunciaron el pleito para el saneamiento por evicción.

  5. - El Jugado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo, mediante sentencia de 1º de junio de 2005, negó todas las pretensiones y levantó las medidas cautelares, además se abstuvo de resolver las excepciones de mérito y de pronunciarse de fondo sobre las denuncias del pleito formuladas.

  6. - Apelada la anterior decisión por la parte demandante, únicamente, el Tribunal la confirmó en el fallo recurrido en casación.

    LA SENTENCIA IMPUGNADA

  7. - Sentado que el poder es de naturaleza unilateral y que el mandato, por el contrario, es de carácter bilateral, el Tribunal consideró, conforme a las facultades que en el caso se habían otorgado, que se estaba frente al primero y no al segundo.

  8. - Seguidamente, el sentenciador identificó que, según la apelante, el acto jurídico controvertido, destinado a ejecutarse después de ocurrida la muerte de quien lo otorgó, estaba viciado de nulidad absoluta, en cuanto que para que fuera válido, debía otorgarse a través de un testamento, que no mediante “un simple poder otorgado por escritura pública para que el mandatario dispusiera de los bienes a su antojo”.

    Esto, dijo, era enteramente cierto, si se estuviera frente a un acto jurídico de esa naturaleza, cuestión que era distinta a la del sub-judice, pues bastaba leer el contenido de la escritura pública otorgada, para establecer que simplemente, entre otras, facultaba al apoderado para que en nombre de la mandante “transfiera, comprometa, en promesas de venta, extienda escrituras y defienda en toda forma sus intereses”.

    Desde luego, añadió, las facultades que fueron reservadas para ser ejecutadas luego del deceso de esta última, no irrogaban perjuicios a los interesados en la sucesión, porque al no existir herederos en los dos primeros órdenes hereditarios, no había asignaciones forzosas que atender.

    Por lo demás, el “límite en el ejercicio de las facultades otorgadas”, hasta un año después de fallecida la mandante, constituía, por respeto al principio de la autonomía de la voluntad, una excepción a la terminación legal del contrato, pues las atribuciones “no se concedieron en razón de la muerte de la poderdante representada, sino en virtud del consentimiento”.

  9. - En suma, para el Tribunal, el acto jurídico impugnado no estaba afectado de nulidad absoluta.

    EL RECURSO DE CASACIÓN

    CARGO ÚNICO

  10. - Denuncia la violación “directa” de los artículos , 29, y 228 de la Constitución Política; 4, 5, 6 y 10, 94, 757, 946, 947, 948, 949, 950, 952, 961, 962, 963, 964, 967, 969, 1008, 1009, 1012, 1013, 1074, 1075, 1083, 1327, 1519, 1602, 1740, 1741, 1742, 1746, 1748 y 2195 del Código Civil; y 6º, 65, 69, 595, 596, 597, 598, 599 y 602 del Código de Procedimiento Civil.

  11. - Lo anterior, según la recurrente, porque el Tribunal dejó de aplicar las normas “especiales” que regulan la administración y disposición de los bienes después del fallecimiento de su propietario, para en su lugar hacer operar las reglas “generales” del mandato.

    En efecto, no se tuvo...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA