Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 34270 de 22 de Julio de 2008
| Sentido del fallo | CASA TOTALMENTE / FALLO DE INSTANCIA - CONFIRMA TOTALMENTE |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Laboral de Cali |
| Fecha | 22 Julio 2008 |
| Número de expediente | 34270 |
| Tipo de proceso | RECURSO DE CASACIÓN |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN LABORAL |
| Materia | Derecho Laboral y Seguridad Social |
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN LABORAL
MAGISTRADO PONENTE E.L.V.
R.erencia: Expediente N° 34270
Acta N° 42
Bogotá, D.C., veintidós (22) de julio de dos mil ocho (2008).
Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado judicial de CARMEN CRISTINA CÁRDENAS RUEDA contra la sentencia de 28 de septiembre de 2007, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral adelantado por la recurrente contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.
I.- ANTECEDENTES.-
1.- C.C.C.R. demandó al ISS con el fin de obtener el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez de origen común, a partir del 24 de febrero de 2000, y la indexación.
Como apoyo de su pedimento indicó que prestó servicios en el Hospital de K. de Riofrío (Valle), entre el 15 de diciembre de 1979 y el 27 de mayo de 1980; en el Hospital Tomás U.U. de Tulúa, entre el 28 de mayo de 1980 y el 16 de diciembre del mismo año; en el Hospital San Roque de Pradera, entre el 1° de julio de 1981 y septiembre de ese año; y en el Hospital San Vicente de Paúl entre el 1° de octubre de 1981 y el 28 de febrero de 2000. Siguió cotizando a pensiones como independiente desde abril de 2000 hasta octubre de 2001. El 12 de abril de 2000, se le califica pérdida de capacidad laboral en un 60% estructurada desde el 24 de febrero de 2000. El ISS negó la prestación alegando que no era cotizante y que no había hecho aportes por 26 semanas en el año inmediatamente anterior a la estructuración de la invalidez.
2.- En la contestación de la demanda el ISS se opuso a las pretensiones, adujo en su defensa que la actora no presenta cotizaciones en el año anterior a su invalidez, por lo que no cumple los requisitos del artículo 39 de la Ley 100 de 1993. Propuso como excepciones inexistencia de la obligación, la carencia de derecho para demandar, prescripción, cobro de lo no debido y la genérica.
3.- Mediante fallo de 29 de septiembre de 2006, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali, condenó al ISS al pago de la pensión de invalidez deprecada, a partir del 24 de febrero de 2000; facultó a la entidad demandada en virtud de la compensación declarada a descontar lo pagado por indemnización sustitutiva.
II.- SENTENCIA DEL TRIBUNAL.-
Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el Instituto demandado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, revocó la condena al pago de la pensión de invalidez dispuesta por el Juzgado y absolvió al I.S.S. de todos los cargos.
En lo que interesa al recurso extraordinario estimó el Sentenciador de segundo grado que dentro de las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 para los empleadores está el pago oportuno y concreto de los aportes, porque de ello depende la viabilidad financiera del sistema de seguridad social integral. Se refiere al artículo 18 del Decreto 1818 de 1996 y a los artículos 39 y 59 del Decreto 1406 de 1999, y señala que en caso de mora en pensiones, el pago puede efectuarse mientras no haya ocurrido el riesgo.
Asevera que se acepta el pago de cotizaciones extemporáneas, “bajo la condición de que el riesgo no se haya consumado, porque de realizarse el mismo antes de que el empleador cancele las cuotas en mora, indefectiblemente el empleador corre con las prestaciones que debía cancelar el ente de seguridad social”.
En el caso de la actora, quien es afiliada al I.S.S., le fue dictaminada pérdida de la capacidad laboral en un 60% de origen común, con fecha de estructuración 24 de febrero de 2000 (fl. 4).
Encontró acreditado el Tribunal que la demandante prestó servicios en Hospital de K. entre el 15 de diciembre de 1979 y el 27 de mayo de 1980 como Médico Director Rural; en el Hospital Tomás U.U. como Médico Rural en servicio social obligatorio, entre el 28 de mayo de 1980 y el 16 de diciembre del mismo año; como Médico Director en el Hospital San Roque entre el 1° de julio de 1981 y el 1° de octubre de ese año; y en el Hospital San Vicente de Paúl entre el 1° de octubre de 1981 y el 28 de febrero de 2000.
Encontró el Tribunal que el Hospital San Vicente de Paúl cotizó por ella desde el 29 de agosto hasta agosto de 1998 (fls. 74 a 77). “El periodo comprendido entre septiembre de 1998 y febrero de 2000, fue cancelado algunos periodos el 28 de diciembre de 2000; otros el 28 de septiembre de 2001 (folio 76), es decir, después de que se estructuró la invalidez, lo que hace que la demandante no se considerara cotizante activa, tal como se desprende del contenido del artículo 13 del Decreto 692 de 1994, ya que tenía mas de seis meses de no pago de cotizaciones.
“A pesar de que la demandante tenía más de 26 semanas cotizadas, no es aplicable la primera hipótesis prevista en el literal a del artículo 39 de la ley 100 de 1993, puesto que no era cotizante activa; tampoco encuadra el caso planteado en la hipótesis del literal b del mismo artículo puesto que no presenta 26 semanas de cotización dentro del último año anterior a la estructuración de la invalidez”.
III.- RECURSO DE CASACIÓN.-
Inconforme con el fallo anterior, la parte demandante interpuso recurso extraordinario, el cual concedido por el Tribunal y admitido por esta Sala, se procede a resolver previo estudio de la demanda de casación y su réplica.
Pretende el recurrente la casación total de la sentencia acusada y que en sede de instancia se acceda al derecho deprecado.
Con tal fin propuso un único cargo, así:
CARGO ÚNICO.- Acusa la sentencia por la vía directa, por falta de aplicación los artículos 24 de la ley 100 de 1993, artículo 13 del decreto 1161 de 1994; por interpretación errónea los artículos 18, 19, 20 y 39 de la Ley 100 de 1993, 18 del decreto 1818 de 1996, 39 y 59 del decreto 1406 de 1999, en relación con los artículos 24 y 38 de la Ley 100 de 1993, artículos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del decreto 1161 de 1994, decretos 326 de 1996, artículo 12 del decreto 2665 de 1988, artículos 356 y 357 de la Constitución Política y artículos 2, 3, 4 de la Ley 715 de 2001.
En el desarrollo señala el impugnante que el Tribunal no aplicó los artículos 24 de la Ley 100 de 1993 y el 13 del decreto 1161 de 1994 según los cuales, las administradoras de fondos de pensiones incluyendo las del régimen de prima media, tienen la obligación de iniciar acciones de cobro en contra de los empleadores que se encuentren en mora de pagar los aportes.
Añade que la actora al momento de la estructuración de la invalidez estaba vinculada con la patronal HOSPITAL SAN VICENTE DE P. y desde el 1° de octubre de 1981; empezó a cotizar al I.S.S. en el año de 1996 y la entidad incurrió en mora a partir de septiembre de 1998, procediendo al pago sólo hasta diciembre de 2000; “quiere decir esto que el empleador de la demandante estuvo en mora más de dos años y el ISS a pesar de tener la obligación de iniciar las acciones de cobro no lo hizo …”.
Sostiene que el artículo 13 del decreto 1161 de 1994 que también fue omitido por el Tribunal, señala que la entidad administradora después de 3 meses, debe iniciar las acciones de cobro que traen consigo medidas cautelares que garanticen el pago de las obligaciones.
Frente a las normas que acusa por interpretación errónea, dice que...
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