Sentencia Sustitutiva de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº de 26 de Octubre de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 552614002

Sentencia Sustitutiva de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº de 26 de Octubre de 2000

Ponente:José Fernando Ramirez Gomez
Fecha de Resolución:26 de Octubre de 2000
Emisor:Sala de Casación Civil y Agraria
Número de Providencia:5462
Sentido del Fallo:CASA
Historial del Caso:Resuelve recurso contra sentencia de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil-Familia
RESUMEN

Casación - Responsabilidad Civil extracontractual - accidente de tránsito. PRESUPUESTOS PROCESALES - deber del juez de reexaminarlos oficiosamente en la sentencia aun cuando hayan sido objeto de estudio anticipado a través de excepciones previas / DOCUMENTO PÚBLICO - informe de accidentes / PRUEBA TRASLADADA / PRUEBA TESTIMONIAL - ratificación de aquella recepcionada en otro proceso / DOCUMENTO PRIVADO - desprovisto de autenticidad / PRUEBAS ADICIONALES - artículo 101 parágrafo 3° del Código de Procedimiento Civil / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL - guardián de la cosa / EXCEPCIONES PREVIAS - deber del juez de reexaminar los presupuestos procesales oficiosamente en la sentencia aun cuando hayan sido objeto de estudio anticipado a través de excepciones previas Si las excepciones previas fracasan y el proceso continúa su trámite, nada obsta para el reexamen de la cuestión con ocasión de la sentencia, porque la providencia que resuelve negativamente las excepciones previas carece de fuerza vinculante con respecto a la sentencia que habrá de resolver el litigio, por cuanto el juez no puede soslayar el deber de examinar oficiosamente las condiciones de existencia y validez formal del proceso, es decir, los presupuestos procesales, que, son los que en principio se procuran controlar con las excepciones procesales en comentario. "...Las excepciones procesales que el artículo 97 del C. de P. Civil, califica como "previas" en consideración a su examen preliminar, además de estar taxativamente determinadas por la ley, tienen como finalidad controlar la existencia jurídica y la validez formal del proceso, depurándolo cuando sea el caso de defectos o impedimentos que atentan contra la eficacia misma del instrumento. De ahí que, por vía de principio general, ellas tengan como objetivo salvaguardar los presupuestos procesales, para disponer los saneamientos correspondientes cuando haya lugar, o provocar el aborto del proceso, terminándolo formalmente, cuando las deficiencias no se superan y siguen gravitando en él. De... (ver resumen completo)

 
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Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil (2000)

Referencia: Expediente No. 5462

Se decide el recurso de casación interpuesto por la demandante R.A.M. DE NIÑO, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el 26 de octubre de 1994, en este proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual promovido por la recurrente contra G.G. DE ROJAS y SEGUROS TEQUENDAMA S.A.

  1. - Por escrito presentado el 6 de agosto de 1990, R.A.M. DE NIÑO formuló demanda frente a G.G. DE ROJAS y SEGUROS TEQUENDAMA S.A., para que previo el trámite del proceso ordinario se declarara a la señora G.G. de Rojas, en calidad de dueña del Camión Doble troque Placas SU-13-58 y a Seguros Tequendama S.A. en su condición de Aseguradora, responsables del accidente de tránsito, ocurrido el 21 de abril de 1990. Consecuentemente, se impetró que las citadas demandadas fueran condenadas solidariamente a pagarle a la señora R.A.M. de Niño, el valor de los daños y perjuicios causados por la destrucción de la Camioneta de placas KD-35-02, propiedad de ésta, estimados así: $4.000.000.oo por la destrucción material del vehículo en un 90% de su valor; $20.000.oo diarios por lucro cesante, desde el 21 de abril de 1990 hasta cuando el pago se verifique; $1.000.oo diarios desde el 21 de abril de 1990 hasta cuando se pague el valor de la condena, como precio del servicio de garaje.

  2. - Como causa de las pretensiones se invocaron los siguientes hechos:

    2.1. El 21 de abril de 1990, a las 8.30 de la noche aproximadamente, en el kilómetro 71 de la autopista que de Villavicencio conduce a Bogotá, específicamente en el sector de Monterredondo, municipio de Guayabetal, la camioneta Fiat de propiedad de la demandante antes identificada fue colisionada por el camión dobletroque de placas SU-13-58 de propiedad de G.G. DE ROJAS, el cual era conducido en contravía por J.A.H.. Como consecuencia del accidente el vehículo de la actora se afectó en su parte delantera izquierda, en “todo su conjunto tanto de motor y accesorios como de su carrocería, cabina, chasis, vidrio panorámico, torpedo de instrumental, etc.”.

    2.2. El conductor del camión reconoció su culpabilidad en el accidente en un documento que firmó ante dos testigos, el cual se acompañó como prueba dentro del proceso penal que cursa en el Juzgado Promiscuo Municipal de Guayabetal. En declaración rendida ante este mismo despacho judicial, la demandada reconoció ser la propietaria del automotor conducido por J.A.H., quien era su chofer. Además, presentó la tarjeta de propiedad del camión y la del seguro contra daños a terceros, expedida por la Compañía Seguros Tequendama S.A.

    2.3. Los daños causados a la camioneta de la demandante superan los cuatro millones de pesos ($4.000.000.oo). El lucro cesante y pago de garaje hasta cuando se la indemnice, se estiman en cifra superior a los seis millones de pesos ($6.000.000.oo).

    2.4. Pese a que el conductor del dobletroque se comprometió a arreglar el daño de la camioneta, a nombre de la demandada, lo cierto es que hasta la fecha de presentación de la demanda, ni él, ni la dueña del vehículo lo habían hecho. Lo propio sucedió con la aseguradora demandada, no obstante que la demandante le había enviado una comunicación.

    3. Por auto del 9 de agosto de 1990, el Juzgado Civil del Circuito de Cáqueza admitió la demanda. Oportunamente la demandada G.G. DE ROJAS dio contestación, oponiéndose a las pretensiones y formulando como excepciones de fondo las que denominó: culpa de un tercero, enriquecimiento ilícito, transacción y falta de culpa del conductor del vehículo de propiedad de la demandada. Por su parte SEGUROS TEQUENDAMA S.A., también se opuso a las pretensiones y dijo proponer como excepciones la de inexistencia de las obligaciones reclamadas y carencia de acción.

  3. Puso fin a la primera instancia la sentencia del 1º. de agosto de 1994 (fls. 216 al 244, c.1), rechazando las excepciones de mérito propuestas por G.G. DE ROJAS, a quien por consiguiente se declaró civilmente responsable de los perjuicios ocasionados a la demandante como consecuencia de los hechos ocurridos el 21 de abril de 1990, condenándola a pagar el 50% del valor de los daños, dado que estimó que había concurrencia de culpas. De otra parte, se absolvió a SEGUROS TEQUENDAMA S.A., y se declaró probada la objeción que por error grave propusiera la parte demandada contra el dictamen pericial.

  4. La anterior decisión fue revocada íntegramente por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, mediante fallo del 26 de octubre de 1994 (fls. 12 al 37, c.6), el cual fue proferido en virtud del recurso de apelación que ambas partes interpusieran contra la misma.

    El ad quem luego de referirse a los antecedentes del litigio, y hallar procedente la sentencia de mérito, precisó el origen de la responsabilidad, así como la legitimación de las personas naturales que concurrían al proceso. Echó de menos sí, la de la aseguradora demandada, en consideración a la normatividad vigente para la época en que se presentó la demanda, esto es, el tenor original del artículo 1133 del C. de Comercio.

    Seguidamente, una vez se refirió en abstracto a la responsabilidad civil extracontractual, consideró que el caso examinado se ubicaba en las hipótesis de la responsabilidad por el hecho de las personas que están bajo el cuidado o dependencia, así como por el hecho de las cosas inanimadas y el ejercicio de actividades peligrosas.

    Puntualizado lo anterior, trató el régimen conceptual y probatorio desarrollado por la jurisprudencia en torno al ejercicio de las denominadas actividades peligrosas, para expresar que como en este caso el accidente se produjo cuando ambas partes desarrollaban actividades de ese tipo, se eliminaba cualquier presunción de culpa, lo que a su turno implicaba que la acción no se examinara a la luz del artículo 2356 del C. Civil, sino del 2341 ibídem, evento en el cual el demandante corría con la carga de demostrar todos los elementos integrantes de la responsabilidad civil extracontractual.

    Procedió en segundo lugar, a ocuparse de la responsabilidad indirecta o por el hecho ajeno, para cuyo efecto, después de transcribir alguna jurisprudencia y doctrina alusiva al tema, explicó que en este litigio era necesario demostrar que el conductor del dobletroque señor J.A.G., ocasionó los daños al vehículo de la actora en las circunstancias de tiempo y lugar ya conocidas, de manera culposa.

    A partir de las conclusiones precedentes, pasó a analizar si en el asunto sub judice estaban demostrados los elementos integrantes de la responsabilidad aquiliana, para cuya finalidad comenzó por la culpa. Al respecto anotó que la demandante aportó como prueba copia autenticada de la actuación surtida dentro del proceso penal que por los delitos de daño en bien ajeno y lesiones personales, se había adelantado en contra de J.A.H.G. con ocasión del accidente en mención, (testimonios de A.N.M., A.S. de G., M.T.P.T. y A.P.T.). Empero, entendió, que como estos testimonios no fueron objeto de ratificación en este proceso en los términos del numeral 1º. del artículo 229 del C. de P. Civil, no podían ser tenidos en cuenta, pues habiendo sido recepcionados dentro de un proceso en el que no intervino la demandada G.G. DE ROJAS, ya que no era parte, ésta no había tenido oportunidad de controvertirlos. A lo anterior agregó, que tratándose de una prueba trasladada, para la apreciación de la misma exigía el art. 185 del C. de P. Civil que “en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella”, lo cual como no había sucedido en el presente caso, se traducía en que el a quo la había valorado en forma indebida.

    En cuanto al documento mediante el cual el conductor del camión se comprometió a reparar los daños del automotor de la demandante, estimó que tampoco podía ser valorado probatoriamente, pues se trataba de un documento emanado de un tercero, que adolecía de la ratificación y autenticación exigida por el artículo 277 numeral 2º. del C. de P. Civil.

    Seguidamente afirmó que las otras pruebas recopiladas: dictámenes periciales, inspección judicial practicada en el sitio de los acontecimientos y las declaraciones de los señores L.E.A. y V.M.R.B., no ayudaban para nada a la demostración de la culpa que se atribuía al conductor mencionado, pues ninguna suministraba elementos que permitieran verificar las circunstancias en que la colisión sucedió, amén de que las pruebas que aportó la actora tenían por finalidad determinar la cuantía del perjuicio, pero sin que hubiere allegado “verdaderos canales de prueba, susceptibles de ser estimados probatoriamente, a través de las (sic) cuales fuera posible demostrar los hechos en que se apoyan sus pretensiones”.

    Concluye predicando que como no estaba probado el elemento culpa, ni la dependencia del conductor del dobletroque con la demandada, se hacía inconducente el estudio de los demás elementos que estructuran la responsabilidad civil extracontractual, pues éstos deben ser concurrentes. Por consiguiente, negó las pretensiones de la demanda.

    Contra la sentencia referenciada la demandante formuló un cargo, fincado en la causal primera del artículo 368 del C. de P. Civil.

    Se acusa la sentencia del Tribunal de violar los artículos 2341, 2342, 2347, 2352, 2356 y 2359 del C. Civil, como consecuencia de error de hecho en la apreciación de las pruebas y de la demanda.

    En desarrollo del cargo el recurrente divide la acusación en tres partes, así:

  5. En esta parte del cargo le imputa al Tribunal la comisión de tres yerros, a saber:

    La sentencia (sic.) no vio, acota, que en el libelo introductorio se dijo que se demandaba a G.G. DE ROJAS en su condición de propietaria del dobletroque de placas SU-1358 y a SEGUROS TEQUENDAMA S.A, de manera indirecta, en su calidad de garante del pago de los daños a...

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