Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 48555 de 12 de Febrero de 2014
| Sentido del fallo | NO CASA |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Laboral de Medellín |
| Número de expediente | 48555 |
| Número de sentencia | SL1495-2014 |
| Fecha | 12 Febrero 2014 |
| Tipo de proceso | RECURSO DE CASACIÓN |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN LABORAL |
| Materia | Derecho Laboral y Seguridad Social |
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN LABORAL
R.E. BUENO
Magistrado Ponente
SL1495-2014
R.icación No. 48555
Acta 04
Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil catorce (2014).
Resuelve la Corte el recurso de casación que interpuso la parte demandante contra la sentencia proferida por la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, el 23 de agosto de 2010, dentro del proceso ordinario laboral que OLIVA DE J.Z.H. promovió contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.
- ANTECEDENTES
La señora Oliva de J.Z.H. demandó en proceso ordinario laboral al Instituto de Seguros Sociales, para que previa declaración de que, “le asiste derecho a PENSIÓN POR VEJEZ, por ser beneficiaria del régimen de transición, contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y para cuya aplicación se acude al Acuerdo 049 de 1990”, se condenara al Instituto demandado a pagarle, a su favor, la pensión de vejez junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre, los intereses moratorios o la indexación, tener derecho en los términos del Acuerdo 049 de 1990 y por ser beneficiaria del Régimen de Transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
En apoyo de tales pedimentos, indicó que había solicitado al Instituto de Seguros Sociales, el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, tan pronto como había cumplido los requisitos legales para tales efectos, “esto es, edad y semanas cotizadas”; que mediante Resolución No. 017835 de 2009, le había sido negada la prestación, con fundamento en que “no reunía el número mínimo de semanas exigidas por la Ley 100 de 1993, artículo 33, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003”, pues tan sólo tenía “610 semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales”; que las 610 semanas cotizadas durante toda su vida laboral, lo habían sido en los “últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima requerida”, esto es, entre el 14 de abril de 1994 y el 18 de febrero de 2009; que al haber nacido el 14 de marzo de 1954, tenía más de 35 años “al 1 de abril de 1994”, por lo que, sin duda, “es beneficiaria del régimen de transición”; que, en los términos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tenía derecho a pensionarse en las condiciones del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 que exigía “un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de mil (1000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo”; que, tal como lo había indicado la Corte Constitucional, “el derecho a pensionarse bajo los parámetros establecidos en el sistema anterior a aquel establecido en la Ley 100 de 1993, es un derecho adquirido para aquellas personas que cumplían al menos uno de los requisitos para formar parte de dicho régimen”.
II. RESPUESTA A LA DEMANDA
Admitida la demanda, el Instituto de Seguros Sociales la contestó. Aceptó los hechos relacionados con la solicitud que hizo la demandante a efectos del reconocimiento y pago de la pensión de vejez y la negativa de la entidad a proceder de conformidad, por las razones expuestas en la respectiva resolución. Frente a los demás, dijo no ser hechos sino apreciaciones personales de la demandante.
Se opuso a la prosperidad de las pretensiones “por carecer de fundamentación fáctica y legal” y propuso las excepciones de inexistencia de la obligación por falta de requisitos legales para el reconocimiento de la solicitada pensión, prescripción y buena fe.
- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante sentencia del 14 de abril de 2010, el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito Piloto de Oralidad de Medellín absolvió al Instituto de Seguros Sociales.
Apeló la parte demandante.
- SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en la sentencia aquí acusada, esto es, la proferida el 23 de agosto de 2010, confirmó la impugnada.
Consideró el Tribunal que el problema jurídico a resolver, estribaba en establecer “si una mujer que a la entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social contaba con más de 35 años de edad o 15 o más años de servicios, tenía que ostentar o no la calidad de afiliada a alguno de los regímenes vigentes para esa época, para poder ser considerada como una beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993”.
Contrario a lo que consideraba la demandante, concluyó el ad quem, primeramente, que para que aquélla fuera beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, era necesario que se encontrara afiliada, al momento de entrar en vigencia dicha norma, a alguno de los regímenes existentes en el país, pues, “sin que haya existido afiliación a alguno de estos regímenes, no es posible indicar con precisión a cual de ellos es necesario recurrir para determinar los requisitos de edad, tiempo y monto de la pensión de esa persona, que en momento posterior a la entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones se afilió al mismo”, de manera que, concluyó, “la condición de estar afiliado a un régimen anterior a la entrada del sistema, sea una condición sine quanon, para poder predicar que una persona es beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993”.
Así las cosas, consideró el ad quem que la ausencia del requisito consistente en la afiliación de la asegurada a alguno de los regimenes, al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, impedía dar aplicación al Artículo 36 ibídem.
Finalmente se remitió el sentenciador de segunda instancia a la documental que obraba en el plenario, que daba cuenta del hecho de que la afiliación de la demandante al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, lo había sido a partir del 1 de abril de 1995, para reseñar que, no siendo la demandante beneficiaria del régimen de transición, debía aquella seguir cotizando, hasta tanto alcanzara las semanas exigidas por el Artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003 o, en caso de no tener capacidad para ello, solicitar el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.
V. EL RECURSO DE LA DEMANDANTE
Lo interpuso la parte demandante y con él aspira a que la Corte CASE la sentencia del Tribunal y, en sede de instancia, revoque el fallo del juzgado y, en su lugar, acceda a las súplicas de la demanda.
Con esa finalidad propone dos cargos que fueron replicados de manera conjunta. La Corte los estudiará, de igual forma, en atención a la similitud de su objeto, conforme lo autoriza el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.
- PRIMER CARGO
Por la vía directa, cuestiona al Tribunal por haber aplicado indebidamente el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 y haber interpretado erróneamente los artículos 36 de la Ley 100 de 1993; 3 del Decreto 813 de 1993; 12 del Acuerdo 049 de 1990 en relación con los artículos 50, 141 y 142 de la Ley 100 de 1993.
Comienza por señalar el censor que el tribunal estimó que la demandante no era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, “por cuanto no estaba afiliada al ISS a abril 1 de 1994”, lo que, a su juicio, contradice la finalidad del régimen de transición. Sostiene, relacionado con ello, que el régimen de que trata el Acuerdo 049 de 1990 es el “régimen precedente en I.V.M.”.
Señala el recurrente que la actora cumple con los requisitos establecidos en la Ley para ser beneficiaria del Régimen de Transición y que “el intérprete no puede pedir más de los requisitos que la ley contempló”, dentro de los cuales, “no se consignó la vinculación a un determinado régimen”.
Relacionado con el asunto que desarrolla en el cargo, cita las siguientes sentencias: CSJ SL, 28 de Jun. de 2000, R.. 13.410; CSJ SL, 13 de M.. de 2003, R.. 19.137 y CSJ SL, 1 de Mar de 2007, R.. 29.945. A partir de lo allí expuesto, concluyó en que no quedaba duda de “que el Tribunal incurrió en el desvío interpretativo que se le enrostra”.
- SEGUNDO CARGO
Por la vía directa, acusa la sentencia del Tribunal de infringir directamente los artículos 36 de la Ley 100 de 1993; 12, 13 y 20 del Acuerdo 049 de 1990; 50, 141 y 142 de la Ley 100 de 1993; 8 de la Ley 4 de...
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