Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 41336 de 25 de Junio de 2014
| Sentido del fallo | DECLARA FUNDADA CAUSAL DE REVISIÓN / DECLARA SIN EFECTOS PARCIALES SENTENCIAS DE INSTANCIA / DECLARA PRESCRITA LA ACCIÓN PENAL / CESA PROCEDIMIENTO / REDOSIFICA |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Penal de Cúcuta |
| Número de expediente | 41336 |
| Fecha | 25 Junio 2014 |
| Número de sentencia | SP8174-2014 |
| Tipo de proceso | REVISIÓN |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Materia | Derecho Penal |
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
MAGISTRADO PONENTE
SP8174-2014
Radicación N° 41336
Aprobado acta N° 195
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil catorce (2014).
- V I S T O S
La Sala resuelve la acción de revisión promovida por el apoderado de H.C.C. en contra del fallo que lo condenó a 28 años de prisión y multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como coautor de las conductas punibles de homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
- A N T E C E D E N T E S
- Los hechos objeto de condena fueron los siguientes
El 10 de marzo de 2002, L.A.T.M., J. de J.Á.P., J.S.M.T. y H.C.C., quienes conformaban una banda dedicada a la comisión de conductas punibles, hicieron presencia en el inmueble ubicado en la Calle 23 N° 54-165 del B.A.S. de la ciudad de Cúcuta, en donde mediante el uso de armas de fuego se apoderaron de 800 gramos de base de coca, un arma de fuego, al tiempo que le dieron muerte a J.L.M., morador del lugar.
2. Por los anteriores hechos, la Fiscalía 1° de la Unidad de Vida de San J. de Cúcuta, el 15 de noviembre de 2002, calificó el mérito del sumario con resolución de acusación contra L.A.T.M., J. de J.Á.P. y H.C.C. por las conductas punibles de homicidio agravado (104-7 C.P.), fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones (356 ibídem), tráfico, fabricación y porte de estupefacientes (376 inciso 3 ibídem) y concierto para delinquir (340 ibídem), providencia que cobró ejecutoria el 8 de enero de 2003.
3. Tramitada normalmente la etapa de juicio, en decisión del 30 de marzo de 2005, el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Cúcuta condenó a los acusados a las penas principales de 30 años y 4 meses de prisión, multa por valor equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la accesoria de rigor, como coautores de las conductas por las que fueron acusados.
4. Apelado el fallo por los defensores, el Tribunal Superior de Cúcuta, el 2 de febrero de 2007, lo confirmó en su integridad.
5. Presentado el recurso extraordinario de casación por los defensores de L.A.T.M. y J. de J.Á.P. esta Corporación, mediante proveído del 16 de septiembre de 2008, declaró la extinción de la acción penal por razón de la prescripción de la acción penal correspondiente a los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas o municiones. En consecuencia, redosificó la pena y condenó a L.A.T.M., J. de J.Á.P. y H.C.C. a las penas principales de 28 años de prisión y multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la respectiva accesoria, como coautores de las conductas de homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, al tiempo que inadmitió las demandas.
- LA DEMANDA DE REVISIÓN
Con fundamento en la causal 2º del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, el demandante asevera que cuando se profirió el auto inadmisorio de la demanda de casación, la acción penal para el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes se hallaba extinta por razón de la prescripción, toda vez que estaba en las mismas condiciones advertidas en la providencia emitida por la Corte.
Dice que si la resolución de acusación dictada contra su defendido por el delito previsto en el inciso final del artículo 376 del Código Penal, adquirió firmeza el 8 de enero de 2003, resulta fácil advertir que cuando se emitió el auto inadmisorio de casación (16-septiembre-2009), ya habían transcurrido los 5 años a los que aluden los artículos 83 y 86 del Código Penal, toda vez que dicho comportamiento contempla sanción máxima de 8 años de prisión.
En consecuencia, solicita a la Corte que decrete la extinción de la acción penal por el delito aludido y se imponga la sanción de 25 años por la conducta del homicidio agravado, según los paramentos y lineamientos plasmados en las sentencias de instancia.
- ACTUACIÓN SURTIDA EN LA CORTE
Admitida la demanda, recibido el expediente del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Cúcuta y surtido el traslado para pedir pruebas sin que ninguno de los sujetos procesales lo haya hecho, se dispuso correr traslado para la presentación de alegaciones.
El apoderado del sentenciado reitera que la Corte incurrió en error, por no decretar la prescripción de la acción penal por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes (376, inciso 3, ibídem), pues dicho fenómeno se produjo antes de que el fallo cobrara firmeza.
- CONSIDERACIONES DE LA CORTE
De conformidad con el numeral 2° del artículo 75 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), la Sala es competente para pronunciarse respecto de la presente revisión, toda vez que la sentencia de segunda instancia contra la cual se dirige la acción fue proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta.
A voces de los artículos 29 de la Constitución Política, 9º del Código Penal y 19 del Código de Procedimiento Penal -Ley 600 de 2000-, normas rectoras que son obligatorias, prevalentes sobre cualquiera otra y deben utilizarse como fundamento de interpretación, se impone al juez, a las partes y a la sociedad en general el respeto por la cosa juzgada material, en el entendido que la persona cuya situación haya sido definida mediante sentencia ejecutoriada, no puede ser sometida a nuevo juicio en razón de los mismos hechos.
No obstante, tal disposición no es absoluta, en la medida en que la acción de revisión se constituye en la excepción a ese mandato; sin embargo, la misma circunstancia de que la situación ha sido debatida en todas las instancias y resuelta con fuerza de cosa juzgada, con respeto del debido proceso y de las garantías debidas a los sujetos procesales, le impone a quien invoque ese instituto el cumplimiento de unas exigencias de forma y fondo que demuestren que, pese el acatamiento a aquellas garantías, se evidencia que se cometió una injusticia.
En el supuesto que ocupa la atención de la Corte, el apoderado de H.C.C. en su libelo invocó la causal 2ª consagrada en el artículo 220 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), afirmando que la acción penal del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, por el cual fue condenado su procurado, se extinguió antes de quedar ejecutoriada la sentencia de segunda instancia proferida el 2 de febrero de 2007 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta.
En primer lugar, vale recordar que en tratándose de la causal segunda, es decir, la extinción de la acción penal por razón de la prescripción, la acción de revisión procede cuando dicho fenómeno extintivo se consolida antes de proferirse el fallo o con posterioridad al mismo, pero antes de que quede ejecutoriado. (CSJ SP radicados 11519 de 1997 y 28701 de 2008).
Frente a este tema la jurisprudencia de la Corte ha dicho lo siguiente: “la concreción del ius puniendi mediante la imposición de una pena conllevaría el desconocimiento de los presupuestos legales de viabilidad del ejercicio de la acción penal por parte del Estado, por no haber sido ejercida dentro del marco estricto del principio de legalidad que se erige como límite al poder soberano y a su vez, como garantía de imparcialidad y de justicia de quien es sometido a juzgamiento por la administración de justicia, los que no pueden ser desconocidos por constituir los soportes del Estado Social de Derecho, en el que se han establecido, de manera previa, unas pautas de convivencia y control social que deben ser respetadas, así como aplicadas sus consecuencias cuando quiera que los valores y bienes que son objeto de tutela se desconozcan, sanciones que no podrán ser otras que las previamente establecidas por la ley, luego del trámite respectivo, en el que se haya dado estricto acatamiento al debido proceso y al derecho de defensa”. (CSJ Radicados 19822 de 2005 y 27444 de 2007)
Aclarado lo anterior, surge indispensable verificar si en este asunto la acción penal del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes se extinguió por razón de la prescripción, tal como se invocó en la...
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