Providencia Mixta de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45997 de 3 de Junio de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 592931494

Providencia Mixta de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45997 de 3 de Junio de 2015

Ponente:Fernando Alberto Castro Caballero
Fecha de Resolución: 3 de Junio de 2015
Emisor:Sala de Casación Penal
Número de Proceso:45997
Número de Providencia:SP6916-2015
Sentido del Fallo:CASA PARCIALMENTE Y DE OFICIO / INADMITE
Historial del Caso:Resuelve recurso contra sentencia de Tribunal Superior de Distrito Judicial de Montería, Sala Penal, de 18 de Diciembre de 2014
RESUMEN

FALSO RACIOCINIO - Noción / FALSO RACIOCINIO - Técnica en casación INVESTIGACIÓN INTEGRAL - Omisión de practicar pruebas DEMANDA DE CASACION - Nulidad: Principio de prioridad CASACIÓN OFICIOSA - Legalidad de la pena / PENA ACCESORIA - Legalidad / INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS - Máximo Ley 599

 
ÍNDICE
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Bogotá, D.C., tres (03) de junio de dos mil quince (2015).

VISTOS

Decide la Sala acerca de la admisibilidad de la demanda de casación presentada por el defensor del procesado E.M.E. contra la sentencia proferida el dieciocho (18) de diciembre de 2014 por el Tribunal Superior de Montería que lo declaró responsable como autor del delito de homicidio agravado.

Fueron narrados por el sentenciador de segunda instancia así:

Los hechos que originaron la presente investigación dan cuenta que el día 28 de noviembre de 2007, siendo aproximadamente las 2:30 horas en el Hospital San Jerónimo de Montería se practicó una diligencia de inspección a cadáver de quien en vida correspondía al nombre de R.M.H.;ndezN., quien fuera ultimado con arma de fuego en el barrio Rancho Grande de esta ciudad, más exactamente en la residencia de la joven L. ÁngelaA.M., cuando la víctima se encontraba en una hamaca en compañía de su novia, la anteriormente mencionada, cuando de manera intempestiva se presentó una persona con el rostro cubierto, disparando contra la humanidad de la víctima, siendo identificado por las hermanas L. ÁngelaA.M. y A.M.M. como E.M.E.S., en el mismo momento y quien una vez cometido el crimen salió de la residencia huyendo del lugar de los hechos.

ANTECEDENTES PROCESALES RELVANTES

  1. Iniciada la investigación y luego de practicadas varias pruebas, la Fiscalía General de la Nación declaró persona ausente a E.M.E., mediante resolución de 19 de junio de 2008.

  2. El 2 de diciembre de 2009, la Fiscalía profirió resolución de acusación contra el sindicado como presunto autor del delito de homicidio agravado, artículo104 numeral 7º del Código Penal por la indefensión en la que se encontraba la víctima, junto con la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el numeral 5º del artículo 58 del mismo estatuto.

  3. El pliego acusatorio cobró ejecutoria el 21 de enero de 2010, motivo por el que la actuación fue remitida al reparto de los jueces penales del circuito para que se adelantara la epata de juicio, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Tercero de esa especialidad.

  4. Dicha autoridad, el 3 de septiembre de 2014 profirió sentencia de primera instancia en la que condenó a E.M.E. a la pena de 25 años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la sanción principal de prisión como autor del delito de homicidio agravado.

    A su turno se le impuso el pago de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales y se ordenó su captura para que cumpliera la pena de prisión en un centro de reclusión.

  5. El fallo del juez de primera instancia fue objeto de apelación por parte de la defensa del acusado, siendo confirmado en su integridad por el Tribunal Superior de Montería en decisión de 18 de diciembre de 2014.

  6. Contra la anterior determinación, el defensor del acusado interpuso y sustentó recurso extraordinario de casación, siendo la calificación de la demanda el objeto del actual pronunciamiento.

    LA DEMANDA

  7. Seleccionando como causal la prevista en el numeral 1º cuerpo segundo del art. 207 de la Ley 600 de 2000, acusa al sentenciador de segundo grado de haber incurrido en un error de hecho por falso raciocinio, el cual condujo a la falta de aplicación del artículo 7º del mismo estatuto que consagra el principio del in dubio pro reo.

    El mencionado yerro lo hace recaer en la apreciación de los testimonios de L.A.A.M. y A.M.;aM.M., transcribiendo algunos apartes de los mismos, para luego manifestar su desacuerdo con el poder demostrativo que les otorgó el Tribunal, para lo cual cita algunas de las consideraciones que sobre el particular expuso el ad quem.

    El recurrente critica el razonamiento del fallador de segundo grado acerca de que debía creerse el dicho de estas dos testigos por cuanto no emerge motivo que las llevara a faltar a la verdad, debiendo presumirse su buena fe, puesto que para el censor un principio constitucional no puede convertirse en una regla de la experiencia, pues de ser así, obligado sería concluir que como la buena fe se presume, todas las personas que declaran en juicio dicen la verdad lo que conllevaría a que el delito de falso testimonio desapareciera.

    Afirma que el Tribunal dejó de aplicar muchas reglas de la experiencia y de la lógica, como por ejemplo cuando no tuvo en cuenta que la testigo L. ÁngelaA. no mencionó en su primera versión que su hermana le había quitado la capucha al agresor, como sí lo hizo en la segunda declaración.

    Resalta el recurrente que el testimonio de L. ÁngelaA. entra en contradicción con el de su hermana A.M.;aM., dado que esta última ninguna alusión hizo a que le hubiera intentado retirar la capucha al homicida cuando rindió su primera declaración, pero sí lo mencionó en la segunda.

    Luego el casacionista plantea varios interrogantes en orden a mostrar que los testimonios en mención son contradictorios y por tanto no pueden gozar de credibilidad. Se refiere concretamente a que lo indicado por las declarantes no puede ser conteste con la realidad, habida cuenta que no es lógico que una de ellas confrontara el agresor para quitarle el pasamontañas, sabiendo que estaba armado, ya que la reacción lógica es la de alejarse de él.

    En tal medida, considera que se transgredió el principio lógico de no contradicción, señalando que como el homicida además de la capucha también llevaba consigo una gorra negra ésta necesariamente debió caérsele, pero esa circunstancia no es narrada por ninguna de las deponentes. Entonces sostiene que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, en palabras del censor: « ¿le quitó o no le quitó la capucha?, no se puede afirmar en sana lógica le quitó la capucha y al mismo tiempo se la intentó quitar. De ser así debe desaparecer el dispositivo amplificador del tipo previsto en el art. 27 del Código Penal»

    Como infracción a las reglas de la experiencia sostiene que una persona cuando se dirige a cometer un homicidio y lo hace con el rostro cubierto, le dispara inmediatamente a quien intenta descubrir su identidad y no después cuando se da la fuga, como sí lo señalo una de las declarantes. Bajo este mismo razonamiento sustenta una presunta infracción a las leyes de la lógica.

    Critica la credibilidad del testimonio de L.A.A., en tanto no es posible reconocer a una personal por las piernas y la espalda.

    Concluye que el falso raciocino se sustenta en «que analizadas conjuntamente las pruebas anteriores, con fundamento en las reglas de la sana crítica, dado que la experiencia nos indica que cuando una persona se contradice y más aún, refuta lo dicho de otra en aspectos fundamentales, está mintiendo, consideramos que se incurrió en un error de hecho por falso raciocinio, el cual es trascendente, puesto que las declaraciones de L.A. y A.M.;a fueron las únicas tenidas en cuenta por parte del Tribunal para sustentar su decisión y por tanto tuvo tal yerro incidencia en la decisión del fallo (sic)»

    Para el censor es claro que las hermanas Mesa mintieron con el único interés de perjudicar al procesado, y lo que surge de las pruebas practicada es la duda sobre la responsabilidad de E.M.E., por lo que el Tribunal debió aplicar el principio consagrado en el artículo 7º del Código Penal.

    Pasa a referirse a la inexistencia de móvil para que el acusado acabara con la vida de R.H.;ndez, pues según el dicho de las mismas testigos, E.E. no era un apersona celosa, ni tampoco manifestó molestia alguna por la nueva relación que había establecido L. ÁngelaA..

  8. Como segunda censura, plantea un error de hecho por falso juicio de existencia, para lo cual acude a la causal primera cuerpo seguno del artículo 207 de la Ley 600 de 2000.

    Agrega que dicha violación indirecta de la ley condujo a la falta de aplicación del artículo 7º de la misma normatividad y a la aplicación indebida de los artículos 232, 238 y 277 del estatuto procesal penal y 103 y 104 del Código Penal.

    Sostiene que el ad quem supuso un medio de convicción inexistente cuando «afirmó que las declaraciones de Luz Ángela y A.M.;a son contundentes al afirmar que luego de acaecido el luctuoso hecho, E. las llamaba para amenazarlas, tópico al cual le otorga credibilidad, por no existir una sola prueba que las desvirtúe, pero olvida el Tribunal que tampoco existe prueba alguna que confirme los dichos de las declarantes». Tal afirmación la sustenta en que pese a que la...

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