Providencia Mixta de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 44591 de 17 de Junio de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 592934726

Providencia Mixta de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 44591 de 17 de Junio de 2015

Ponente:José Luis Barceló Camacho
Fecha de Resolución:17 de Junio de 2015
Emisor:Sala de Casación Penal
Número de Proceso:44591
Número de Providencia:AP3394-2015
Sentido del Fallo:INADMITE / CASA PARCIALMENTE Y DE OFICIO
Historial del Caso:Resuelve recurso contra sentencia de Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán, Sala Penal, de 8 de Abril de 2014
RESUMEN

DEFENSA TÉCNICA - Nulidad: Técnica en casación / DEFENSA TECNICA - Cuando se alega mejor condición profesional o estrategia defensiva / DEFENSA TÉCNICA - Se debe demostrar la trascendencia de la inactividad INVESTIGACIÓN INTEGRAL - Noción / INVESTIGACIÓN INTEGRAL - Técnica en casación CASACIÓN OFICIOSA - Legalidad de la... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
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Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil quince (2015).

V I S T O S

La Sala se pronuncia sobre los presupuestos de lógica y debida fundamentación de la demanda de casación presentada por la defensora del procesado Simón R.R. contra el fallo del 8 de abril de 2014, por medio del cual el Tribunal Superior de Popayán confirmó la condena impartida en primera instancia contra aquel y Óscar R.A., por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

H E C H O S

Para el mes de marzo de 2001, Simón R.R. y Óscar R.A., alcalde el primero y tesorero el segundo del municipio de López de Micay (Cauca), se apropiaron de dineros correspondientes a la sobretasa a la gasolina obrantes en la cuenta corriente No. 570-07013 del banco Popular con sede en Buenaventura y omitieron la rendición de los correspondientes balances de dicha cuenta. Fue así como se determinó el giro y pago irregular del cheque No. 9254905 del 23 de marzo de 2001 por valor de $3.104.000, girado a favor de Raúl R.R., quien supuestamente fungió como contratista, prestador de un servicio de transporte de materiales de construcción, según orden de servicios del 30 de marzo de 2001, dentro de cuya documentación se detectaron múltiples irregularidades e inconsistencias.

ANTECEDENTES PROCESALES
  1. Mediante resolución del 15 de noviembre de 2002, la Fiscalía 05004 de Popayán dio inicio a la investigación previa y escuchó en versión libre a Simón R.R. el 29 de abril de 2013. El 15 de julio del mismo año abrió formal investigación contra el citado R.R. y Óscar R.A., actuación que asumió la Fiscalía Delegada ante los Juzgados Promiscuos del Circuito de Guapi (Cauca), con sede en López de Micay. Fracasados los múltiples intentos por hacer comparecer a Simón R.R., con el fin de rendir diligencia de indagatoria, fue vinculado como persona ausente el 25 de noviembre de 2008 y se le designó defensor de oficio. El 1º de diciembre siguiente la fiscalía clausuró la fase instructiva, decisión que, tras sere recurrida horizontalmente por el defensor de R.A., cobró ejecutoria el 8 de julio de 2009 y fue notificada al apoderado de oficio.

    El 19 de octubre siguiente la fiscalía acusó a Simón R.R. por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológico en documento público (artículos 133 y 219 del Código Penal de 1980), en concurso material y homogéneo, y a Óscar R.A. por el primero de dichos delitos, providencia que fue notificada personalmente al defensor de oficio de los acusados y cobró ejecutoria el 27 de noviembre de 2009.

  2. La causa fue asumida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Guapi, despacho que corrió el traslado del artículo 400 de la Ley 600 de 2000 y celebró la audiencia preparatoria, en la que intervino el apoderado de oficio, manifestando su conformidad con lo actuado. Conocida públicamente la muerte del citado abogado, se le designó al procesado R.R. una apoderada de oficio, la cual no actuó, pues aquel designó a una defensora de confianza, con quien se surtió la audiencia pública de juzgamiento el 15 de mayo de 2013.

  3. El 28 de junio siguiente el juzgado condenó a Simón R.R. y a Òscar R.A. a las penas principales de 42 meses de prisión y multa por valor de $3.104.000, así como a la “accesoria” de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por término igual al de la pena privativa de la libertad, como autores de los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público (artículo 133, inciso segundo, del Código Penal, modificado por el art. 32 de la Ley 190 de 1995, y 219 del mismo estatuto). Les negó la “sustitución condicional” de la ejecución de la pena (artículo 63 del C. Penal) y los condenó al pago de los perjuicios de orden civil, por valor de $3.104.000.

    Apelada dicha providencia por el defensor de R.R., fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Popayán, en fallo del 8 de abril de 2014.

    Contra dicha determinación el apoderado de Simón R.R. formuló y sustento oportunamente el recurso extraordinario de casación.

    1. LA DEMANDA

    Al amparo de la causal tercera de casación de que trata el artículo 207 de la Ley 600 de 2000, la demandante formula dos cargos, el primero de ellos principal. A través de ellos alega la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, por violación a la garantía de la defensa técnica y deber de investigación integral, los cuales, dice, acarrean la nulidad parcial de la actuación.

    Primer cargo (principal)

    Luego de citar el artículo 306-3 de la Ley 600 de 2000, decisiones de esta Corporación y de la Corte Constitucional sobre el derecho a la defensa técnica y enunciar como normas violadas los artículos 29 de la Constitución Política, 8.2, literales d) y e) de la Convención de San José de Costa Rica, 14.3 del Pacto de Nueva York y artículo 8º del Código de Procedimiento Penal de 2000, la recurrente alega la violación al derecho de defensa técnica, pues, contrario a lo que afirmó la sentencia, aquella estuvo ausente durante la instrucción y fue apenas formal durante el juicio, de suerte que la garantía se cumplió de manera fragmentaria e interrumpida.

    Dice, entonces, que la investigación previa se inició en noviembre de 2002 y su asistido solamente vino a tener defensor cuando fue declarado persona ausente en 2008. Agrega que el abogado designado y posesionado no se notificó en ese momento sino cuando se dispuso el cierre de investigación, y se abstuvo de formular recursos o solicitudes, como sí lo hizo el apoderado del otro sindicado. Y en la audiencia preparatoria expresó que se habían cumplido...

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