Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1300122210002016-00114-01 de 18 de Noviembre de 2016
| Sentido del fallo | DECLARACIÓN DE NULIDAD |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras de Cartagena |
| Fecha | 18 Noviembre 2016 |
| Número de sentencia | ATC7912-2016 |
| Número de expediente | T 1300122210002016-00114-01 |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA |
| Materia | Derecho Civil |
Á.F.G.R.
Magistrado ponente
ATC7912-2016
R.icación n.° 13001-22-21-000-2016-00114-01
(Aprobado en sesión de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis)
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).-
Correspondería decidir la impugnación interpuesta frente al fallo de 13 de octubre de 2016, proferido por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acción de tutela instaurada por R.M.T.C. contra el Ministerio del Interior y la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integrar a las Víctimas -UARIV, si no fuera porque se observa que en el trámite de la primera instancia se incurrió en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse.
ANTECEDENTES
1. La promotora del amparo reclama la protección constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al mínimo vital, presuntamente conculcados por los entes accionados, al haberle negado la inclusión al registro único víctimas –RUV.
Solicita, entonces, ordenar a quien corresponda, su i) «inclu[sión] de inmediato en el [citado] registro»; que ii) «según los perjuicios causados se [l]e presten las ayudas humanitarias y posterior indemnización según lo establecido en la ley 1448 de 2011»; y, que iii) se «d[é] cumplimiento a los tratados internacionales en materia de derechos humanos» (fls. 3 y 4, cdno. 1).
2. En apoyo de tales pretensiones, aduce en síntesis, que pese a que el 28 de diciembre de 1995 su esposo A.S.M.C., quien era oficial activo de la Policía Nacional, perdió la vida al caer en un «ataque» de un grupo guerrillero, la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV, denegó su inclusión y la de su familia, al Registro Único de Víctimas -RUV.
Sostiene que aunque interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra esa determinación, pues su cónyuge y algunos de sus compañeros para la calenda de la toma «no estaban en condición de combatientes», sino «goza[ndo] de un merecido descanso remunerado» encontrándose como civiles en la guarnición policial, y «sin ningún [tipo] de armamento al alcance», la citada Unidad Administrativa mantuvo incólume su decisión, tras considerar que de conformidad con el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, dichas circunstancias «no son hechos victimizantes ni actos terroristas».
Finalmente reitere, que los citados actos administrativos desconocieron los tratados internacionales sobre derechos humanos y el fallo del Consejo de Estado, en el que se tiene a familiares de militares y policías que caen en «ataques de grupos al margen de la ley» como víctimas del conflicto armado, razón por la que acude a este mecanismo de especial protección (fls. 1 a 5, OP. Cit.).
CONSIDERACIONES
1. Aunque el amparo constitucional, literalmente, incorporó a todas las mencionadas personas jurídicas, se advierte que respecto del Ministerio del Interior, nada en concreto se expuso en el relato fáctico, en orden a explicitar los hechos o las omisiones respecto de tal autoridad[1], en lo que tiene que ver con la situación que constituye el detonante de la queja tutelar, pues todo apunta a cuestionar única y exclusivamente la actuación de la UARIV, también denunciada.
2. De manera que si ninguna acusación específica materializó la parte aquí interesada en torno a aquélla entidad del orden nacional, no resulta jurídico enlazarla a este trámite. Con otras palabras, no obstante describir los hechos por cuenta de los que se produjo la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la señora R.M.T.C. dentro del trámite administrativo referido en líneas anteriores, de ninguna manera se le endilga algún tipo de actuación u omisión a la Cartera accionada, por lo que la vinculación de ésta es infundada, y por lo tanto, su convocatoria a la presente acción resulta apenas aparente.
3. Cumple precisar al efecto, que de acuerdo con lo preceptuado en el parágrafo del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, «los hechos descritos en la solicitud de tutela» son los que permiten determinar la competencia para conocer de dicha acción, de suerte que las reglas allí descritas, logran cabal desarrollo a partir la descripción fáctica indicada, por lo que no basta con que se designe a un demandado o que se exponga, aisladamente, el motivo de su convocatoria, como se hizo en este caso, para que de esa manera, inapropiadamente, la gestora del amparo, varíe el funcionario habilitado para el conocimiento de la queja. De otro modo, se radicaría esa facultad solamente con estribo en la clase de demandado, con prescindencia de que ciertamente se le acuse o no de la infracción de algún derecho fundamental, dejando en el vacío, por tanto, los propósitos de racionalización y desconcentración en el conocimiento de las acciones de tutela, que justifican dichos preceptos legales.
4. En tales condiciones, como los hechos del escrito de tutela únicamente involucran a la uariv, y ésta no sólo de conformidad con el artículo 1º del Decreto 4802 de 2011, es una entidad con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sino que de acuerdo con lo reglado en el numeral 2° del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, es una entidad descentralizada por servicios del orden nacional, se tiene que la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que conoció del amparo en primera instancia, carecía de competencia para decidirlo, de conformidad con lo ordenado por el inciso 2º del numeral 1º del artículo 1° del apuntado Decreto 1382 que, se sabe, asignó esa potestad, en primera instancia, en este caso a los Jueces del Circuito o con categoría de tales.
5. De este modo, la mentada situación concluye con la ocurrencia de los supuestos fácticos de la nulidad de que trata el inciso primero del artículo 138 del Código General del Proceso, precepto aplicable a las diligencias tutelares, en virtud de lo establecido en el artículo 4º del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991, atinente a que en la interpretación de las disposiciones que rigen dicho trámite se aplicarán los principios generales del Código General del Proceso, en todo aquello que no sean contrarios al Decreto objeto de la reglamentación.
6. En torno a la facultad para decretar «nulidades» a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1382 de 2000, esta Corporación ha precisado, que
«la Sala hace suya la preocupación de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilación en el trámite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales.
Empero, no comparte su posición respecto a que los jueces ‘no están facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000’ el cual ‘…en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto.” “En...
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