Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47586 de 25 de Enero de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 663984001

Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47586 de 25 de Enero de 2017

Fecha de Resolución:25 de Enero de 2017
Emisor:Sala de Casación Penal
Número de Proceso:47586
Número de Providencia:SP583-2017
Sentido del Fallo:CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA
Historial del Caso:Resuelve recurso contra sentencia de Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, Sala Penal
RESUMEN

Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de Cartagena
Delitos: Prevaricato por omisión / Prevaricato por acción

 
ÍNDICE
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

G.E.M. FERNÁNDEZ

Magistrado Ponente

SP583-2017

Radicación N° 47586.

Aprobado acta No. 17.

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).

V I S T O S

Se decide el recurso de apelación interpuesto por el procesado, su defensor y el apoderado de la parte civil, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante la cual condenó a ARNEDYS J.P.P. por el delito de Prevaricato por acción en concurso homogéneo sucesivo y en concurso heterogéneo sucesivo con el reato de Prevaricato por omisión.

A N T E C E D E N T E S
  1. Fácticos

    En la resolución de acusación de segunda instancia, la Fiscalía Delegada ante esta Corporación los narró de la siguiente manera:

    El 7 de agosto de 2008 el doctor F.A.T.G., actuando en su condición de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Caja Nacional de Previsión Social formuló denuncia penal en contra del doctor A.J.P.P., toda vez que en su condición de Juez 2 Civil del Circuito de Magangué –Bolívar-, incurrió probablemente en los delitos de prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo, al proferir las sentencias del 6 de octubre de 2006 y 11 de diciembre del mismo año dentro de las acciones de tutela instauradas, de una parte, por la señora R.I.O. de C. y otros, y de otra, la interpuesta por A.S. de Q. y otros. En dichos fallos se ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL E.I.C.E., en liquidación, el reconocimiento y pago del derecho a la pensión gracia a docentes del orden nacional en contravía de la Constitución Política de Colombia, la ley y la jurisprudencia constitucional.

    De otra parte se inició investigación en contra de dicho funcionario al considerar que podría encontrarse incurso en el delito de prevaricato por omisión atendiendo que los fallos proferidos dentro de las acciones de tutela mencionadas fueron emitidos con posterioridad al término preciso e improrrogable que ordena el artículo 86 Superior, esto es, el de 10 días.

  2. Procesales

    Por los anteriores hechos, mediante resolución del 15 de abril de 2010, el Fiscal 52 Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, adscrito a la Unidad Nacional para la Investigación de Funcionarios de la Rama Judicial, declaró la apertura de la investigación en contra del ex-juez A.J.P.P., quien fue escuchado en diligencia de indagatoria.

    Fenecida la etapa instructiva, se decretó su cierre el 22 de noviembre de 2011 y mediante resolución del 25 de mayo de 2012 se calificó su mérito, acusándose al doctor P.P. como autor de los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión, decisión que impugnada por el procesado, fue objeto de confirmación por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el 31 de agosto de 2012.

    El proceso fue remitido al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, a cuya llegada la Secretaría de la Sala Penal surtió el traslado previsto en el artículo 400 del Código de Procedimiento Penal de 2000, por el término de quince (15) días que contabilizó desde el 27 de septiembre de 2012 hasta el 18 de octubre siguiente, según constancia secretarial que se anota al folio 3; llevándose a cabo la audiencia preparatoria el 11 de marzo de 2013.

    La audiencia pública de juzgamiento inició el 28 de octubre de 2013 y luego de varias sesiones concluyó, por lo que el 7 de octubre de 2015 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena profirió la sentencia, mediante la cual se condenó a A.J.P.P. como autor penalmente responsable del delito de Prevaricato por acción en concurso homogéneo sucesivo y heterogéneo sucesivo con el reato de Prevaricato por omisión, imponiéndole la pena principal de sesenta y tres (63) meses de prisión, multa en cuantía equivalente a 175 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la sanción principal; también le concedió el beneficio sustitutivo de la prisión domiciliaria. En la misma providencia, se condenó al pago de la suma de diecisiete mil doscientos setenta y siete millones trescientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y tres pesos con ochenta y nueve centavos (17.277.358.493.89) por concepto de perjuicios materiales y se dejó sin efectos el fallo de tutela radicado 194-2006 del 6 de octubre de 2006 y las resoluciones de Cajanal o UGPP expedidas como consecuencia del mismo.

    L A S E N T E N C I A A P E L A D A

    Luego de hacer un recuento de la actuación procesal surtida dentro de este asunto, el Tribunal inicia su argumentación manifestando que los dos fallos de tutela «comparten, emulan argumentos, y se identifican al espejo como una sola, difiriendo únicamente en accionantes y fecha», por lo que el análisis de ambas providencias se realizará de manera conjunta.

    Dicho lo anterior, asegura el Tribunal que el procesado no tenía competencia para proferir ambas decisiones, pues «(i) los accionantes no contaban con cédula de ciudadanía de Magangué o Bolívar, (ii) no tenían su residencia en ese Departamento, y prestaron sus labores en Departamentos diferentes al mencionado, (iii) el lugar donde se profirieron las resoluciones que denegaban la prestación fue Bogotá, misma ciudad donde se recibirían notificaciones la parte demandante[1]», en consecuencia, el acusado contravino los artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000.

    Por otra parte, el A-quo asevera que el procesado trasgredió el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, pues, en ninguno de los dos casos se satisfacían los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico «para reclamar prestaciones sociales como la pensión gracia», en tanto, además de que la mayoría de los accionantes no superaban los 60 años de edad, no se avizoraba el acaecimiento de un perjuicio irremediable.

    Adicional a lo expuesto, el Tribunal se plantea el siguiente problema jurídico: «¿Los docentes vinculados por la Nación podían aspirar a la pensión gracia?», y, luego de realizar un análisis sistemático de la jurisprudencia proferida por las Corporaciones de cierre, responde negativamente el interrogante, por lo que termina concluyendo lo siguiente: «…ubicándonos en el contexto histórico de los fallos de tutela año 2006, en el que había más de una sentencia en la Corte Constitucional y Consejo de Estado que avalaban la negativa a la pensión gracia en los términos de Cajanal, y dejaban en un terreno aislado o insular el entendimiento que del fallo de Consejo de Estado del año 2000 hizo derivar el procesado, además del análisis sistemático de las sentencias del año 1998 y 1999 de la Corte Constitucional, en las que la pensión gracia nunca ha estado ligada a docentes de orden nacional por la finalidad misma para la cual fue creada; debemos entonces deducir que el juez, a pesar de tener todos esos elementos a su consideración, decidió firmemente desconocerlos, denotando tangiblemente la adecuación típica del delito de prevaricato por acción en su doble cariz, objetivo y subjetivo[2]».

    En cuanto a la configuración de dolo, asegura la Corporación que el mismo aparece demostrado con los siguientes hechos: (i) el fácil acceso que tenía el juez para conocer el «criterio que imperaba en cuanto a la pensión gracia[3]», (ii) la ausencia de justificación sobre las razones por las cuales se apartó de los lineamientos trazados en la Jurisprudencia, (iii) el conocimiento que tenía el procesado relacionado con que su particular interpretación contravenía esas directrices, y aun así, reiteradamente (pues profirió dos fallos de tutela en el mismo sentido) decidió desatenderlos y, (iv) la amplia experiencia y conocimientos profesionales del acusado.

    De otro lado, y con relación al delito de Prevaricato por omisión, asegura el A-quo que la acción de tutela instaurada por la señora A.S. de Quintero y otros en contra de CAJANAL fue fallada por fuera del término establecido en el artículo 86 de la Constitución Nacional, siendo que «el transcurrir del tiempo no tiene justificación alguna, si se tiene en cuenta que se trataba de un fallo copia de la sentencia del 6 de octubre de 2006[4]».

    Ahora bien, asevera que el argumento suministrado por el procesado para justificar la tardanza en el proferimiento del fallo, esto es, que se estaba a la espera de que la entidad accionada recibiera la notificación mediante la cual se le enteraba sobre el adelantamiento del trámite tutela, no es de recibo pues, «a más de no tener respaldo probatorio, no alcanza a justificar la duplicación del término para el fallo de una tutela».

    A renglón seguido, el fallador de primer grado afirma que la conducta ejecutada por el procesado además de típica, es antijurídica, dado que se vulneró el bien jurídico de la administración pública y se ejecutó con dolo, sin que se advierta causal alguna de ausencia de responsabilidad.

    Determinada la responsabilidad del acusado, el A-quo pasó a dosificar la pena, imponiendo como principal 63 meses de prisión y multa en cuantía equivalente a 175 salarios mínimos legales mensuales vigentes; y como pena accesoria, la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal.

    De igual forma, no concedió el subrogado de suspensión condicional de la ejecución de la pena, por considerar que no se cubre el requisito objetivo para el efecto contemplado en la ley.

    En contrario, otorgó al acusado el beneficio de prisión domiciliaria porque se cubre la exigencia temporal y además, considera que no pondrá en peligro a la comunidad dados sus antecedentes personales, familiares, sociales y profesionales.

    Así mismo, lo condenó al pago de la suma de diecisiete mil doscientos setenta y siete millones trescientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y tres pesos con ochenta y nueve centavos ($17.277.358.493.89)...

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