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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48377 de 25 de Enero de 2017

Fecha de Resolución:25 de Enero de 2017
Emisor:Sala de Casación Penal
Número de Proceso:48377
Número de Providencia:SP650-2017
Sentido del Fallo:NO CASA
Historial del Caso:Resuelve recurso contra sentencia de Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga, Sala Penal, de 21 de Abril de 2016
RESUMEN

Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de Buga
Delitos: Lesiones personales

 
ÍNDICE
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E.P.C.

Magistrado ponente

SP650-2017

Radicación N.° 48377

(Aprobado acta Nº. 17)

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).

MOTIVO DE LA DECISIÓN

La Corte resuelve el recurso de casación propuesto por el defensor de J.R.C. contra la sentencia dictada por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el 21 de abril de 2016, en virtud de la cual, tras revocar la absolutoria proferida en primera instancia por el Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de conocimiento de Palmira, condenó al acusado como autor penalmente responsable del delito de lesiones personales culposas.

HECHOS

El 20 de mayo de 2008, a eso de las 11:00 a.m., cuando J.N.S.V. se encontraba en su motocicleta marca Auteco, de placas CAM52A, esperando el cambio de semáforo en la carrera 35 con calle 47 del barrio Santa Teresita de Palmira (Valle de Cauca), fue chocado en la parte trasera por el tracto camión marca Internacional, de placas ZAP739, conducido por J.R.C., quien para ese instante se encontraba hablando por celular.

Como consecuencia del accidente, J.N.S.V. fue trasladado al Hospital San Vicente de Paul y luego al Departamental de Cali, en donde, luego de ser sometido a reconocimiento médico legal, se determinó, en informe del 15 de julio de 2009, incapacidad médico legal definitiva de 120 días «SECUELAS MÉDICO LEGALES. Deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente. Perturbación funcional del órgano de la excreción fecal de carácter transitorio».

ACTUACIÓN PROCESAL

  1. Fracasada la audiencia de conciliación[1], el Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de control de garantías de esa ciudad, el 26 de abril de 2013, declaró contumaz a J.R.C., -la defensora de confianza no exteriorizó oposición alguna-, así como la legalidad de la imputación que le formuló la Fiscalía por el injusto de lesiones personales culposas, según los artículos 111, 112, 113 –inciso 2°-, 114 –inciso 1°-, 120 y 117 del Código Penal[2].

  2. El Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de conocimiento de la localidad, en audiencia del 7 de octubre siguiente, resolvió negativamente la solicitud de preclusión elevada por la Fiscalía[3] y esa determinación fue confirmada el 14 de noviembre de 2014 por el Juzgado Primero Penal del Circuito en descongestión del lugar[4].

    En consecuencia, el 19 de noviembre posterior[5], se radicó escrito de acusación, en iguales términos de la imputación, y, luego de fallidos intentos, se verbalizó el 17 de abril de 2015 con la anuencia del Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de conocimiento de la misma ciudad[6].

  3. La audiencia preparatoria se llevó a cabo el 27 de agosto de esa anualidad[7] y la del juicio oral inició el 16 de diciembre postrero[8] y finalizó el 25 de febrero de 2016[9]. El 10 de marzo ulterior se anunció sentido de fallo absolutorio[10] y la sentencia se profirió el 10 de marzo subsiguiente[11].

  4. Los representantes del ente acusador y de la víctima interpusieron recurso de apelación y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en fallo del 21 de abril de 2016, revocó la providencia para, en su lugar, condenar a R.C. por la conducta punible endilgada. En consecuencia, le impuso 6 meses y 12 días de prisión y multa en cuantía equivalente a 6.93 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como la pena «accesoria» de inhabilidad para conducir vehículos automotores y motocicletas por un periodo igual a la sanción principal. Le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena[12].

  5. El apoderado del procesado recurrió en casación y la demanda correspondiente, pese a presentar falencias, fue admitida por la Corte el 11 de julio último, atendiendo la posición jurídica del impugnante[13] -fue condenado por primera vez en segunda instancia-.

    DEMANDA

    El abogado pide a la Corte que case el proveído de segundo grado y confirme el dictado por el a quo o, en su lugar, emita uno nuevo de carácter absolutorio «con las determinaciones compatibles y coherentes con la nueva decisión» y cumpla así con las finalidades de la casación.

    Propone un único cargo con apoyo en la causal tercera, bajo el argumento que el ad quem violó indirectamente la ley sustancial por aplicación indebida de los artículos 61, 63, 111, 113 y 120 de la Ley 599 de 2000; 14 de la Ley 890 de 2004 y 94 –inciso 1- del Código Nacional de Tránsito; y por falta de aplicación de los preceptos 7, 372, 380, 381, 382, 404 y 405 –inciso 2- del Código de Procedimiento Penal de 2004.

    Manifiesta que el juez colegiado recayó en (i) un falso juicio de identidad, al valorar el informe policial de accidentes 379492, el bosquejo topográfico FPJ 16 y los testimonios de L.E.P., A.Z.P., L.F.C. y J.N.S.V.; y (ii) un falso juicio de existencia por omisión, en lo que toca con la apreciación de las inspecciones a la motocicleta y al tracto camión y los relatos de A.Z.P. y L.F.C.[14].

    Así describe los desatinos:

    Determinó que la motocicleta quedó a 2.70 metros del andén sobre una longitud de vía de 7 metros, pero pasó inadvertido que la misma es de doble carril, por lo que cada uno es de 3.5 metros. Así, esos 2.7. metros se deben contar sobre los 3.5, y ello indica que quedó a escasos 80 centímetros del lindero izquierdo del carril respectivo. La falla está en que en el bosquejo topográfico no se consignó que el velocípedo se encontrara a un metro de distancia.

    No apreció el acta de inspección al tracto camión, pues allí aparece que éste tenía sumido el «bomper delantero lado izquierdo». De manera que riñe con la lógica, la experiencia y los principios de la física que el Tribunal admita que existió arrastre del velocípedo y que éste se encontrara a un metro de la acera, al lado derecho, observando las normas de tránsito, pues el golpe registrado indica que debía estar a la izquierda, esto es, infringiendo esas disposiciones.

    No valoró la inspección hecha a la motocicleta, que demuestra que estuvo expuesta «de forma total en su parte trasera con respecto al lado izquierdo del bomper delantero del tracto camión, lo que permite descartar impactos de costado».

    Supuso el arrastre que produjo el impacto a la moto (falso juicio de existencia), pues el mismo no se registró en documento alguno, y ello le impidió examinar aspectos importantes relacionados con la posición final de los automotores. Según el bosquejo, la distancia entre uno y otro era de 30 centímetros, de donde se puede extraer que no hay lugar a huella de arrastre.

    No analizó, con «total apego a su contenido», los testimonios de los agentes de tránsito L.E.P., A.Z.P. y L.F.C.G., quienes concluyeron, según lo hallado en la inspección de vehículos, que a la vía llegó primero el camión y luego la motocicleta, la cual se ubicó en un punto ciego y por eso fue empujada por aquél. El juez plural olvidó valorarlos conforme a las reglas del artículo 405 del Código de Procedimiento Penal y los demeritó de un «pincelazo», pasando por alto su condición de funcionarios públicos y que sus atestaciones «revisten el carácter de comprobaciones de naturaleza objetiva, que se presentan provistas de evidencia física ya que fueron realizadas de un modo inteligente y diligente».

    No estudió en su contexto la declaración de J.N.S.V. (víctima), y...

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