Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 39293 de 22 de Febrero de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 671443453

Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 39293 de 22 de Febrero de 2017

Ponente:JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
Fecha de Resolución:22 de Febrero de 2017
Emisor:Sala de Casación Penal
Número de Proceso:39293
Número de Providencia:SP2413-2017
Historial del Caso:Resuelve recurso contra sentencia de Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal
 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO

Magistrado Ponente

SP2413-2017

Radicación N° 39293

(Aprobado acta N° 50)

Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017).

La Corte dicta sentencia en el juicio seguido en contra del Brigadier General L.F.S.T., acusado por el Fiscal Noveno Delegado ante esta Corporación, como coautor de los delitos de porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de defensa personal y de uso privativo de las fuerzas armadas, en ambos casos agravado, y fraude procesal continuado, y cómplice del ilícito de peculado por apropiación, continuado y agravado a favor de terceros.

IDENTIDAD DEL ACUSADO

L.F.S.T. se identifica con la c.c. N° 11.299.559 expedida en Girardot (Cundinamarca), nació en Tunja (Boyacá) el 23 de noviembre de 1955, es hijo de L.I.S. y Adelaida Tocarruncho, de estado civil casado, padre de tres hijos y de profesión ingeniero civil.

De acuerdo a la hoja de vida, -correspondiente a la estipulación N° 1- L.F.S.T. prestó servicios al Ejército Nacional durante 33 años, 11 meses y 17 días, y fue ascendido al grado de B. General el 6 de diciembre de 2003.

H E C H O S

Mediante resolución Presidencial N° 052 del 3 de marzo de 2006, el Gobierno Nacional , creó como zona de ubicación temporal el corregimiento de la Tebaida, municipio de A., Tolima, por el término de 8 días, “con el único propósito de concentrar a quienes forman parte de la Compañía ‘La Gaitana’ del Comando Conjunto Central de las Fuerzas Armadas, FARC”, en atención a que manifestaron su voluntad de realizar actos tendientes a su desmovilización y reincorporación a la vida civil.

R.A.M., alias O.S., fue reconocido como miembro representante de la Compañía Cacica La Gaitana del Comando Conjunto Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, mediante Resolución Presidencial N° 053 del 6 de marzo siguiente, y el día 7, en la zona de ubicación mencionada, se llevó a cabo el acto de desmovilización de las 62 personas, a quienes el mencionado representante reconoció “expresamente como miembros de dicha organización”, al tiempo que se hizo entrega de las armas y municiones de la referida estructura..

Ese listado de personas desmovilizadas recibió aprobación por parte del Alto Comisionado para la Paz, y se dispuso lo pertinente ante el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación para el reconocimiento de beneficios jurídicos, procediéndose de igual manera ante la Agencia Colombiana para la Reintegración para la entrega de auxilio económico, en los términos señalados por la Ley 418 de 1997 y las modificaciones introducidas por la Ley 782 de 2002.

Con base en la información suministrada por la Oficina del Alto Comisionado para la paz, y las versiones de los desmovilizados, el 8 de abril y 17 de octubre de 2008 y 13 y 17 de febrero de 2009, las Fiscalías Seccionales 01 y 92 de la Unidad de Justicia y Paz profirieron resolución inhibitoria a favor de J.G.T.A., J.F.O.A., G.M.S.Á., R. delP.H.C., L.A.N.C., F.M.C., J.C.P.C., I.J.I.C., E.J.C., R.A.C., E.V.C., E.A.D., W.R.D., F.A.M.F., M.F.M.F., Y.S.G.F., J.E.N.G., I.S.A.G., Y.A.O.G., E.M.H., E.A.J., M.Á.G.M., J.A.T.M., J.W.R.M., W.S.M.M., M.R.A.M., J.J.V.O., F.A.S.P., A.S.P., J.C.O.P., C.E.G.P., M.I.R.P., J.T.P., M.A.P.R., O. de J.G.R., Y.J.B.R., W.A.B.R., L.R.R., J.A.C.R., E.M.R., J.A.D.R., A.M.P.R., W.P.R., A.V.R., Y.M.R., H.F.S., S.M.V.S., E.R.P.S., J.F.P.S., E.B.V., J.H.M.V., W.S.V., B.Y.C.V., J.O.S.Z., A.M., Y.M., O.O.C.R. y J.D.G.P..

El beneficio jurídico les fue negado a A.P.C., N.E.R.D. y H.Y.G.P., a los dos primeros por cursar en su contra investigación con medida de aseguramiento, por los delitos de porte ilegal de armas, hurto calificado y agravado y secuestro extorsivo, mientras que al tercero lo fue por registrar condena por el ilícito de tráfico de estupefacientes.

J.A.P.R. y L.E.M.V., en versiones rendidas el 29 y 30 de noviembre de 2010 ante el Fiscal 23 Delegado de Justicia y Paz, aseguraron que la desmovilización de la Compañía Cacica La Gaitana de las F.A.R.C. fue un montaje gestado por R.A.M., alias O.S., ya que con tal objetivo compraron armas y le pagaron a personas conocidas e indigentes para que fingieran ser miembros del referido grupo subversivo.

Tales revelaciones sirvieron de sustento para iniciar investigación penal en contra del General L.F.S.T., quien se desempeñó como C. de la Sexta Brigada del Ejército con sede en Ibagué hasta diciembre de 2005 , y a esa Unidad Militar le correspondió la coordinación operativa del acto de desmovilización.

La Fiscalía 16 Especializada de Delitos contra la Administración Pública que asumió la pesquisa con respecto al doctor L.C.R.R. y las personas desmovilizadas como miembros de la Compañía Cacica La Gaitana de las F.A.R.C., solicitó audiencia de restablecimiento del derecho, la cual se llevó a cabo el 9 de diciembre de 2011 por el Juez 26 Penal Municipal con función de Control de Garantías, quien ordenó suspender la entrega de beneficios económicos, decisión a la que se le dio cumplimiento por parte de la Agencia Colombiana para la Reintegración Social mediante resolución del 14 del mismo mes y año.

A N T E C E D E N T E S

LA ACUSACIÓN

El 21 de junio de 2012 el Fiscal Noveno Delegado ante esta Corporación radicó escrito de acusación en contra del Brigadier General L.F.S.T., a quien llamó a juicio en calidad de coautor de los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas Armadas, agravados, y fraude procesal continuado, y de cómplice de un peculado por apropiación continuado, agravado por la cuantía, todos con las circunstancias de mayor punibilidad contenidas en los numerales 9° y 10° del artículo 58 de la Ley 599 de 2000, y la de menor punibilidad de carencia de antecedentes penales, prevista en el artículo 55-1 del mismo Estatuto.

De acuerdo con la acusación, la desmovilización de los 66 (sic) supuestos miembros de la Compañía Cacica Gaitana de las F.A.R.C., llevada a cabo el 7 de marzo de 2006 en la vereda La Tebaida, del municipio de A., Tolima, fue gestada por el General L.F.S.T., en asocio con R.A.M., alias O.S., Á.P., V.T. y H.A.R.Y., narcotraficante, quien “financió la desmovilización con el fin de evitar su extradición”.

Con ese propósito, -dijo la acusación- el acusado se reunió con R.A.M. en varias oportunidades en la penitenciaría la Picota, en donde también se encontraban privados de la libertad H.R. y Á.P.R..

Entre enero y febrero de 2006, L.D., quien actuaba en nombre de Á.P., se contactó con alias O.S. y el General L.F.S.T. para coordinar la logística de la desmovilización, la consecución de armas y uniformes, así como la entrega “de 45 a 50 millones de pesos”.

A finales de 2005 y comienzos de 2006, por intermedio de R.A.M., sus familiares y los hermanos J.A., M.A. y F.I.P.R. “reclutaron” a desempleados, desertores de la guerrilla y habitantes de la calle, en Bogotá y otras ciudades, a cambio de la suma de $500.000 y la promesa de ayudas del Gobierno para que se trasladaron a la zona de ubicación.

A la falsa agrupación que se conformó le dieron el nombre de Compañía Cacica La Gaitana, que en realidad nunca existió, pues con ese nombre se conocía el Frente 21 de las F.A.R.C.

Las armas entregadas por los supuestos guerrilleros fueron conseguidas por M.A.P.R., quien por encargo de R.A.M. viajó dos veces a Santa Marta a comprarlas a un grupo de autodefensas, con la intermediación de Á.P.R..

En febrero de 2006, con la coordinación del C.J.J.A.G., y previo informe al General, el material bélico fue trasladado a Bogotá en helicóptero, de allí se transportó por tierra a Ibagué, en donde fue entregado al acusado L.F.S.T., en las instalaciones de la Sexta Brigada, “en presencia de L.D.”, luego de lo cual se llevó a la Tebaida.

El General L.F.S.T. asumió la responsabilidad de prestar seguridad con personal del Ejército al personal concentrado en la Tebaida, “mientras eran entrenados para la ceremonia militarmente por M.A.P.R. y J.C.P.C., y políticamente por F.A.S.P.”.

Cumplido lo anterior, los supuestos guerrilleros desmovilizados accedieron a beneficios jurídicos por parte de la Fiscalía, y económicos por cuenta de la Agencia Colombiana para la Reintegración Social, en cuantía equivalente a $1.139.467.485.

Después de la ceremonia de desmovilización, las armas entregadas fueron sometidas a estudio técnico que arrojó el siguiente resultado:

-13 pistolas (1 no apta para disparar)

-8 revólveres (aptos para disparar)

-4 subametralladoras (1 no apta para disparar)

-1 escopeta (apta para disparar)

-1 lanzagranadas (apto para disparar)

-1 ametralladora (apta para disparar)

-21 fusiles (6 aptos para disparar, 14 no aptos)

-13 fusiles AKM (en madera, sin mecanismo de disparo ni funcionalidad).

E L J U I C I O

El 31 de julio de 2012 se inició la audiencia de formulación de acusación.

En esta oportunidad intervinieron representantes de la Contraloría y del Colectivo de Abogados J.A.R., quienes solicitaron su reconocimiento como víctimas. En relación con la primera entidad mencionada, el defensor se opuso alegando falta de legitimidad.

Suspendida la sesión, el 14 de agosto continuó. En esa oportunidad se admitió como víctima a la Contraloría General y se le negó tal calidad a la Corporación Colectivo de Abogados, al tiempo que se conminó al señor F. para que llamara en tal condición al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Para el 31 de agosto del mismo año, comparecieron mediante apoderado, convocados por el F., la Presidencia de la República y la Dirección Ejecutiva de la Administración de Justicia, y nuevamente lo hicieron los Ministerios del Interior y de Justicia y la Agencia Colombiana para la Reintegración, todos con la pretensión de obtener el reconocimiento de víctimas de las respectivas entidades. No obstante, en el uso de la palabra, la abogada de la Rama Judicial expresó su desinterés por participar en este asunto por considerar que la Fiscalía General de la Nación debía hacerlo directamente.

En la misma sesión se resolvieron las pretensiones de las demás entidades, así: i) Se les reconoció la calidad de víctimas al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a la Agencia Colombiana para la Reintegración Social y, ii) se le negó tal condición a los Ministerios del Interior y de Justicia.

Definido el tema de las víctimas, prosiguió el orden de la audiencia en los términos del artículo 339 de la Ley 906 de 2004, y en la oportunidad para proponer nulidades el defensor del acusado planteó una por falta de competencia, la cual se negó en sesión del 24 del mismo mes.

Por último, el F. sustentó la acusación en idénticos términos a los del escrito presentado inicialmente.

El juicio continuó el 11 de marzo de 2013, y una vez superados algunos inconvenientes relacionados con el descubrimiento probatorio, la audiencia preparatoria se surtió entre el 27 de mayo y el 15 de octubre de ese mismo año, fecha en que el F. y el Defensor presentaron las siguientes estipulaciones probatorias:

  1. Estipulaciòn N° 1: acerca de la hoja de vida del acusado

    Los generales de ley de L.F.S.T.: formación académica, tiempo de servicios prestados en el Ejército Nacional, ascensos dentro de la institución, cargos desempeñados y estímulos y felicitaciones en cada uno de ellos.

  2. Estipulación N° 2: funciones en los cargos de C. de la Sexta Brigada con sede en Ibagué y Dirección de Inteligencia del Ejército.

  3. Estipulación N° 3: resultados operacionales de la Sexta Brigada con sede en Ibagué en el período comprendido entre el 1º de enero de 2004 y el 23 de diciembre de 2005.

    En la misma sesión se decidió acerca de las solicitudes de pruebas y de exclusión, elevadas por las partes, accediéndose al decreto de la mayoría de ellas, decisión frente a la cual el defensor interpuso recurso de reposición que fue resuelto el 17 de febrero de 2014 en el sentido de conceder algunas y confirmar en lo demás la determinación mencionada.

    El juicio oral se llevó a cabo en múltiples sesiones que transcurrieron entre el 28 de abril de 2014 y el 20 de octubre de 2015.

    El General L.F.S.T. se declaró inocente de todos los cargos por los que la Fiscalía lo acusó.

    Durante la presentación de las pruebas, la Fiscalía desistió de los testimonios de J.R.G., D.E.F.S., R.H.P.M., A.P.R., C.P.C., J.C.S.R., E.M.H., V.M.C.B., F.V.H. y F.A.S.P..

    Importa destacar que J.A.P.R., F.I.P.R., N.J.S.S., M.A.R.M. y M.A.P.R. comparecieron al juicio pero amparados en el derecho a no autoincriminarse se abstuvieron de responder a las preguntas relacionadas con los hechos.

    Asimismo, se aceptó como prueba de referencia de la Fiscalía, F52, la entrevista de J.G.D., rendida el 6 de diciembre de 2011 ante el Fiscal 16 de la Unidad de Delitos contra la administración pública, pues se acreditó que murió violentamente el 13 de octubre de 2013.

    El defensor, por su parte, desistió de los testimonios de L.F.V.H., J.C.L.F., H.C.J., O.V.P., E.P.U., J.C.L.G., R.A.M., H.P.P., R.S.E., J.S.O., M.V.P., J.E.Z.G., R.A.O.F., M.M.G., H. de J.P., G.S.V. y E.G.S.G..

    El General L.F.S.T., cuyo testimonio se ofreció por su defensor, tampoco se practicó porque él no renunció al derecho a guardar silencio.

    A la defensa se le aceptó como prueba de referencia la entrevista de Á.P.R., rendida en Santa Marta el 30 de julio de 2012, pues el testigo murió el 28 de enero de 2015.

    En sesión del 19 de octubre de 2015 se aceptó la renuncia de la Contraloría General de la Nación a continuar actuando en este asunto en calidad de víctima, en razón a que ya se encontraban reconocidas como tales las entidades afectadas.

    Agotada la práctica de las pruebas, las partes presentaron sus alegaciones finales, así:

    A. LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

    El Fiscal Noveno Delegado ante esta Corporación solicitó sentencia de condena en contra del Señor Brigadier General L.F.S.T. por todos los delitos objeto de la acusación porque, a su juicio, demostró más allá de toda duda razonable su responsabilidad en ellos, así:

    No existió la Compañía Cacica La Gaitana

    Se demostró, dijo el F., con las pruebas documentales F29, F31, F39 y F45, y los testimonios de H.D.T. y L.E.M.V., exmiembros de las FARC en el Tolima, y los de A.M.B. y C.A.S.B., Comandantes de la Sexta Brigada y de la Quinta División del Ejército, así como el de J.M.S.C., quienes afirmaron que en el Tolima no existió una Compañía Cacica La Gaitana de las FARC, y que con ese nombre se conoce el Frente 21 de esa organización, actualmente activo.

    Contrario a ello, cuatro meses antes de la desmovilización, mediante oficio 29 de octubre de 2005, el Brigadier General L.F.S.T. dio cuenta de la existencia de la cuadrilla 21 de las FARC, denominada Cacica Gaitana, liderada, entre otros, por L.E.R., alias “M.”.

    R.A.M., alias O.S. no fue miembro de las FARC en el Tolima ni informante del Ejército

    Las pruebas F30, F42 y F46, acreditan que R.A.M. está registrado en el extinto Departamento Administrativo de Seguridad, D.A.S., como financiero del Comando Conjunto Central de las FARC, y en las órdenes de batalla no aparece delinquiendo en el Tolima. Tampoco figura como informante de la Sexta Brigada con sede en Ibagué, ni tuvo tal condición en Inteligencia Militar.

    En ese sentido –agregó- son las declaraciones de J.M.S.C., A.M.B. y C.A.S.B., quienes manifestaron no tener conocimiento de la pertenencia de alias O.S. a alguna estructura de las FARC en el Tolima.

    Adicional a ello, S.M., quien también testificó en el juicio, expresó que esta persona, en la cárcel, dijo que se había hecho pasar por un C. de ese grupo armado ilegal en el mencionado departamento.

    Trámites gubernamentales que permitieron formalmente la desmovilización de la Compañía Cacica La Gaitana

    Las pruebas F3, F4, F5, F7, F8, F10, F11, F20 y F21 evidencian: i) que en doce días se tramitaron los reconocimientos y beneficios entregados y ii) que fueron solicitados por el Alto Comisionado para la Paz dos días antes de que él mismo aceptara la lista de los desmovilizados.

    Destacó al respecto cómo por Resolución N° 052 del 3 de marzo de 2006, la Presidencia de la República, a través del entonces Ministerio del Interior y de Justicia, creó la zona de ubicación temporal para las personas a desmovilizarse como Compañía La Gaitana de las FARC, en el Corregimiento de la Tebaida, en el Municipio de Alvarado (Tolima).

    Esa misma autoridad expidió la Resolución N° 053 del 6 de marzo de 2006, reconociendo a R.A.M. como miembro representante de las FARC para la reincorporación a la vida civil de los integrantes de la Compañía Cacica La Gaitana.

    Los formatos de versión jurada de los desmovilizados acerca de la pertenencia a la Compañía Cacica La Gaitana de las FARC datan del 8 de marzo de 2006, mientras que el listado de los 62 integrantes presentado por R.A.M. es del 10 de marzo de 2006.

    El 14 de ese mismo mes y año, el doctor L.C.R., Alto Comisionado para la Paz, remitió al Director del Programa de Reincorporación a la vida civil del Ministerio del Interior y de Justicia, solicitud de reubicación de los miembros de la Compañía Cacica La Gaitana, por seguridad, y de reconocimiento de los beneficios económicos.

    Mediante acta del 16 de marzo siguiente, el Alto Comisionado para la Paz aceptó la lista de desmovilizados presentada por el “representante de las autodefensas unidas de Colombia R.A.M., en los términos del Decreto 3360 de 2003”, resaltó el F..

    Con Oficio del 4 de septiembre de 2008, el Alto Comisionado para la Paz le informó al Consejo Superior de la Judicatura acerca de la desmovilización de la Compañía Cacica La Gaitana de las FARC, y le solicitó remitir la información de los desmovilizados al Tribunal de Justicia y Paz competente.

    Intervención oficial del Acusado en la desmovilización de la Compañía Cacica La Gaitana

    La prueba documental F8, F28 y F40 demostró que el Ejército, a través de “Inteligencia Militar, tiene participación en todas las desmovilizaciones de la guerrilla”, y que el acusado L.F.S.T., como J. de esa Oficina, impartió instrucciones al C. de la Sexta Brigada para brindarle seguridad al sitio de concentración.

    El oficio del 30 de abril de 2007 remitido por el Alto Comisionado para la Paz a la Fiscalía, indicando que la desmovilización y concentración de la estructura Cacica La Gaitana se surtió con la coordinación del Ejército Nacional y bajo la responsabilidad operativa de la Sexta Brigada con sede en Ibagué, comandada por el Brigadier General L.F.S.T., así lo indica, lo mismo que el oficio del 26 de abril del mismo año, remitido por el C.J.V.D., Comandante del Batallón de I.J.R., adscrito a la Sexta Brigada, al C.M. F.C., Oficial de Enlace de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, señalando que dicho acto estuvo bajo la dirección y coordinación del personal de la Regional de Inteligencia Militar V, dependencia de Inteligencia Militar.

    La prueba testimonial también apunta a la misma conclusión. J.M.S.C., analista de la Regional de Inteligencia Militar, RIME V, afirmó en el juicio que los procesos de desmovilización, conocidos como “operación deserción”, conllevan la intervención de Inteligencia Militar a efectos de verificar la pertenencia de la persona al grupo guerrillero.

    Los G.M.B. y S.B. sostuvieron que, por tratarse de la entrega de un grupo armado al margen de la ley, era un asunto de Inteligencia Militar “y por tanto fue ella la que actuó directamente”, y tal vez por ese motivo no se les enteró oportunamente.

    El General M.B. también afirmó que el día anterior a la ceremonia formal de la entrega de armas, el General SUÁREZ TOCARRUNCHO, como Director de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, lo visitó en su oficina en compañía del C.C. para informarle del acto y pedirle seguridad para el sitio de concentración.

    Explicó también el F., que el RIME V dependía de la V División, pero se relacionaba con esa dependencia a través de la Sexta Brigada con sede en Ibagué, “lo que evidencia que las labores de inteligencia militar al interior del Ejército eran coordinadas por los Comandantes operativos y la información se comparte entre la distintas unidades…”.

    El General S.B., C. de la Quinta División para entonces, señaló que el General SUÁREZ TOCARRUNCHO estuvo presente en la ceremonia de entrega de armas de la Compañía Cacica La Gaitana y que, como Director de Inteligencia, lo enteró, no de forma oportuna de la desmovilización, y además le comentó que tenía un informante en la cárcel, enterándose después que se trataba de “O.S.”, a quien quiso entrevistar con la colaboración del acusado, pero finalmente ello nunca ocurrió, “lo que confirma, estima la Fiscalía, la clara intención del acusado de no permitir la intervención de este alto oficial en dicho trámite, obviamente por estar actuando al margen de la ley”.

    Visitas carcelarias del acusado a R.A.M., alias O.S.

    En criterio de la Fiscalía, las actas de las diligencias de inspección llevadas a cabo en los libros de registro de visitantes de las cárceles de La Dorada y La Picota, incorporadas en el juicio, en copia, como F25 y F44, demuestran que el General L.F.S.T. visitó a R.A.M., alias O.S., con el fin de hacer el montaje de la desmovilización del frente Cacica La Gaitana.

    El acusado visitó a R.A.M.: i) el 8 de septiembre de 2004 y el 2 de noviembre de 2005 en compañía del C.H.C., Oficial enlace del Alto Comisionado para la Paz; ii) el 3 de febrero y el 13 de marzo de 2006, con el C.J.A.G. y iii) el 8 y el 10 de junio del mismo año.

    Los testimonios de L.D., J.G.D. y del General C.A.S.B., quien manifestó que el acusado S.T. le dijo que A.M. era el informante para lo de la Cacica La Gaitana, así lo corroboran.

    Motivos, preparación y ejecución de la falsa desmovilización

    En criterio del acusador, los motivos de la desmovilización se probaron con los testimonios de L.D., S.M.G., I.R.D.G. y D.R.H., quienes manifestaron que fueron dos: i) el interés del Gobierno por “mostrar a la opinión pública acuerdos de paz con las FARC para disminuir o apaciguar las críticas o presiones que desde diversos sectores sociales y políticos se estaban haciendo en ese momento contra los diálogos con las AUC”, y ii) por obtener provecho económico, según lo expresó alias E.B., quien afirmó que A.M. involucró al narcotraficante H.R. a cambio de $5.000.000.000 para evitar su extradición, ofrecimiento que igualmente le hizo a V.T., quien dio alrededor de $3.000.000.000 y Á.P., que entregó aproximadamente $1.000.000.000.

    Según L.D., en la fundación “Manos por la Paz” A.A., funcionario del Gobierno, y el C.H.C., en presencia del General SUÁREZ TOCARRUNCHO, recibieron en efectivo el dinero de los narcotraficantes mencionados y, seguidamente, “se continuó con la preparación de la artimaña mediante el reclutamiento en Bogotá de personas ajenas a la guerrilla (…) y a comienzos de 2006, el transporte de armas desde Santa Marta, muchas de ellas de imitación y en mal estado ´con culatas de palo’, (…) que llegaron a la Rime V en Bogotá, en febrero de 2006. y de ahí al campamento de A., Tolima, donde estaban aglomerados los fingidos guerrilleros”.

    Dicho testimonio, para el Señor Fiscal, es creíble, porque decir la verdad hace parte del compromiso del testigo como postulado de Justicia y Paz y, además, percibió directamente los hechos.

    Adicionalmente, su versión la avalaron en el juicio las declaraciones de S.M., D.R.H. y L.E.M.V., la prueba pericial referida al estado de las armas entregadas el día de la desmovilización y los documentos que dan cuenta del ingreso de las mismas a la Regional de Inteligencia RIME V.

    La entrevista de J.G.D. no es una prueba aislada, pues complementa lo expresado por D. acerca del pago de dineros por narcotraficantes para esa desmovilización con el fin de impedir su extradición, y de las visitas que el General SUÁREZ TOCARRUNCHO, mientras trabajó en el INPEC, le hizo a R.A.M..

    Lo anterior también lo corrobora la prueba documental F26, esto es, el informe N° 625418 del 13 de agosto de 2011, mediante el cual se incorporó copia de la resolución N° 0025 del 24 de agosto de 2006 que ordenó la entrega de H.A.R.Y. en extradición a los Estados Unidos.

    Suministro de armas usadas en el acto de entrega

    Las pruebas F35 y F37, esto es, las actas de inspección practicadas a los libros de minuta de guardia de la Regional de Inteligencia Militar, RIME V, ubicada en Bogotá, dan cuenta que el 5 de febrero de 2006 ingresaron a esa dependencia 4 costales de fique, sellados, con material de guerra, sin identificar, transportados por el Subteniente Pinilla y el conductor O., que fueron entregados al C.B..

    Lo anterior, en criterio del F., ratifica lo expresado por D.R.H. y L.D., en el sentido de que las armas entregadas en la desmovilización son las que Á.P.R. envió desde Santa Marta para remitirlas al sitio de concentración.

    Ahora, como tales circunstancias demuestran la utilización de medios motorizados para su transporte (de las armas) y, además, fueron obtenidas con las autodefensas, “inmersas en el delito de concierto para delinquir”, se tipificaron los agravantes señalados en los numerales 1° y 2° de que trata el artículo 365 de la Ley 599.

    Estado de las armas entregadas en el acto de desmovilización

    El dictamen pericial llevado a cabo en el depósito de la Sexta Brigada en Ibagué a las 49 armas entregadas por la Compañía Cacica La Gaitana, constató que 13 de las identificadas como fusiles A-31 son artefactos de madera, sin mecanismo de disparo ni funcionalidad y que los demás, en su mayoría revólveres y pistolas, aptos para disparar, se encuentran en regular estado de conservación.

    Esta prueba, dijo el F., también coincide con lo expresado por L.D. y sustenta el cargo por tráfico, transporte y suministro, agravado, de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares y de defensa personal.

    Recursos públicos invertidos en la falsa desmovilización

    En la logística del acto y en los beneficios entregados a los supuestos miembros del Frente Cacica La Gaitana de las F.A.R.C. entre marzo y diciembre de 2006 y septiembre y noviembre de 2011, se gastaron $ 1.139.467.482, que desembolsó el Fondo de Programas Especiales para la Paz del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, como se demostró con las pruebas F15, F16, F17, F32, F33, F34 y F48.

    Beneficios judiciales concedidos a los falsos desmovilizados

    Las pruebas documentales F21 y F22, contentivas de las 57 resoluciones proferidas el 8 de abril y 17 de octubre de 2008, y 13 y 17 de febrero de 2009 por las Fiscalías 1º y 92º, inhibiéndose de abrir investigación en contra de los supuestos miembros del frente Cacica La Gaitana, en aplicación de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006, fueron producto del engaño.

    Adecuación típica y dolo de la conducta

    Los anteriores hechos, a juicio del F., tipifican los delitos de porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de defensa personal y de uso privativo de las fuerzas armadas, en ambos casos agravado, y fraude procesal continuado, por los que el acusado debe responder a título de coautor, y el ilícito de peculado por apropiación, continuado y agravado a favor de terceros, como cómplice, porque si bien los recursos públicos “no se encontraban bajo su custodia, administración o tenencia, prestó una colaboración eficaz a la realización de la conducta”.

    La cuantía de los gastos en que el Estado incurrió para la desmovilización ($81.000.000), más los desembolsos realizados durante los periodos de marzo a diciembre de 2006, y septiembre de 2007 a noviembre de 2011 a los falsos desmovilizados, arrojan un total de $1.100.000.000, según se demostró con el peritaje contable.

    A los cargos imputados, precisó el F., también les son predicables las circunstancias de mayor punibilidad referidas a la posición del acusado en la sociedad, pues SUÁREZ TOCARRUNCHO ostentaba el cargo de Director General de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército y, además, actuó con la complicidad de los C.J.A.G. y H.C.J., y los particulares H.A.R.Y., R.A.M., F.S.P., J.A.P.R. y L.C.R.R., quienes fueron acusados por los mismos hechos por un F. anticorrupción.

    Como causal genérica de atenuación, solicitó tener en cuenta la carencia de antecedentes penales.

    Desde el punto de vista subjetivo, afirmó que el General L.F.S.T. conocía la ilicitud de su comportamiento y aun así quiso su realización, pues sabía que no existía la Compañía Cacica La Gaitana de las FARC y en vez de alertar al Gobierno, participó activamente en ese montaje, “en asocio al menos con R.A.M. y L.C.R.R., acusados por los mismos hechos por un Fiscal Anticorrupción”.

    El acusado no sólo organizó la desmovilización reuniéndose en la cárcel con R.A.M., sino que posteriormente requirió a los testigos para que guardaran silencio, hecho que llevó a cabo en compañía del C.S.G..

    Por último, puntualizó que si bien el defensor sustentó la inocencia del acusado en las funciones que le correspondían como Director de Inteligencia del Ejército, y trajo al juicio los testimonios del C.E.C.M., el General W.R., M.Á.F. y el C.S.G., quienes dieron cuenta de las diferentes visitas a las cárceles, incluidas las efectuadas a R.A.M. como parte de su función, éstos fueron desvirtuados con la prueba documental F28 y las declaraciones de L.D., J.G.D. y, especialmente, con la del General C.B., quien manifestó que pudo constatar que alias O.S. era el informante que S.T. tenía para la desmovilización de la Compañía La Gaitana.

    De igual modo se apoyó el defensor en las versiones juradas del C.A.L.F. y D.B.L., quienes afirmaron que el General L.F.S.T. no les impartió órdenes con respecto a esta desmovilización, pero éstas fueron desvirtuadas con la prueba F 28 y el testimonio del General A.M.B., en cuanto sostuvo que recibió del acusado, como Director de Inteligencia, la orden para prestar seguridad al sitio de concentración y, por ello, procedió de conformidad impartiendo idéntico mandato al C.D.B.L..

    En cuanto al argumento del defensor en el sentido de que Inteligencia Militar no interviene en la entrega de un grupo armado ilegal, como declararon los expertos G.W.C. y H.P.M., la prueba documental F40 demuestra lo contrario, pues allí se puso de presente “que fue la Regional de Inteligencia N° 5, ubicada dentro de la cadena de mando del acusado como Director de Inteligencia Militar, la encargada de coordinar, dentro de sus facultades, la desmovilización de la Cacica La Gaitana…” .

    Además, el Alto Comisionado para la Paz informó que la parte operativa de ese acto estuvo a cargo de la Sexta Brigada, cuyo C. para esa época era el General L.F.S.T., quien, a juicio del F., desconoció su marco funcional e irrespetó el conducto regular.

    Con base en todo lo anterior, el F. reiteró la solicitud de condena en contra del Señor Brigadier General L.F.S.T. por todos los delitos por los que fue llamado a juicio.

    B. LA REPRESENTACIÓN DE VICTIMAS

    Expresó atenerse al pronunciamiento que emita la Corte.

    C. EL MINISTERIO PÚBLICO

    De manera sucinta el Procurador hizo referencia a las calidades profesionales del General SUÁREZ TOCARRUNCHO, a la naturaleza de las funciones desempeñadas como militar del Ejército y particularmente a la información de inteligencia a la que tenía acceso por su condición, concluyendo finalmente que él sabía que no existía una Compañía Cacica La Gaitana de las FARC, sino un frente con el mismo nombre, tal como lo expresaron el exguerrillero H.D., los investigadores M.A.J. y C.V., así como el analista de inteligencia de la RIME 5, J.S.C..

    Por consiguiente, afirmó el Procurador, “el solo hecho de haber omitido, de haber colaborado con esa falsa desmovilización como dominio, trae los otros delitos, el tráfico, el porte de armas, el peculado, el fraude…”.

    En consecuencia, solicitó sentencia de condena en contra del General L.F.S.T., por todos los delitos por los que fue acusado.

    D. EL ACUSADO

    El Señor Brigadier General L.F.S.T. orientó su intervención a cuestionar la veracidad de la entrevista de J.G.D. y el testimonio de L.D., destacando sus inconsistencias y los vacíos probatorios que impiden concederles la credibilidad que les atribuyó el F..

    En relación con J.G.D.:

    -Afirmó que en los años 1995 y 1996 perteneció a una convivir que no tenía nombre, cuando para esas fechas ya estaban autorizadas por el Gobierno Nacional y todas estaban identificadas.

    -Que durante los mismos años fue informante del Ejército en Fusagasugá y la Sexta Brigada, y para entonces él no tenía nada que ver allí.

    -También sostuvo que fue informante de la Brigada 13 por espacio de 4 o 5 años. Sin embargo, fue detenido en el 2000 y estuvo en libertad por 4 o 5 meses durante 2003, siendo nuevamente capturado en 2004, luego no es lógico que en ese corto tiempo se convirtiera en el hombre de confianza de C.C. en las autodefensas.

    -Que H.A.R.Y., H.M. y alias “condorito” son testigos de que la falsa desmovilización se promovió en la cárcel picota, pero el F. no los llamó a declarar al juicio.

    -Dijo que en el año 2005, estando en la cárcel Modelo, lo visitaron unos guardines y lo abordó el coronel S.G. para lo del tema de las armas, pero éste declaró en el juicio y afirmó que para entonces aún pertenecía al Ejército y se desempeñaba como agregado militar en el Salvador, de allí se retiró en marzo de 2006 e inmediatamente ingresó al INPEC, es decir, para ese momento ya se había desmovilizado la Compañía Cacica Gaitana.

    -Que en el mismo año (2005) alias O.S. habló de la falsa desmovilización en la Picota, pero este personaje llegó a ese centro penitenciario entre septiembre y octubre. Además, en el juicio se demostró que para los años 2004-2005 él se encontraba en la Sexta Brigada y en el 2006 en la Dirección de Inteligencia, y para esa anualidad no tenía nada que ver con la Picota.

    -Dijo que el General SUÁREZ TOCARRUNCHO podía impedir la extradición de H.R., a quien no conoció, y es obvio que no tiene capacidad de intervención ante los Magistrados de la Corte.

    -Se refirió a una persona de nombre C.T., como un narcotraficante extraditable, pero en el juicio no se supo quién es él.

    -Indicó que W.A.C.H. es testigo de los hechos relacionados con la falsa desmovilización, y tenía unas pruebas que iba a aportar y no lo hizo. No obstante, el F. no lo llamó a declarar al juicio.

    -Mencionó los números telefónicos a través de los cuales se comunicaba con el acusado SUÁREZ TOCARRUNCHO, el doctor L.C.R. y el Coronel Gaviria, pero la Fiscalía no hizo verificaciones al respecto.

    -Fue claro en manifestar que el interés para hacer esas declaraciones era irse en libertad.

    -Afirmó que en esa desmovilización también participaron J.N., O.S. y el abogado E.O., a quienes la Fiscalía no llamó a declarar en el juicio.

    En cuanto tiene que ver con el testimonio de L.D.:

    -Refirió una reunión en la Picota en febrero de 2005, y no existe registro de que en esa fecha él haya ingresado a alguna cárcel.

    -Manifestó que estuvo haciéndole seguimientos al ingeniero A., a quien asesinó el 13 de marzo de 2006 por órdenes del Tuso Sierra, es decir, se encontraba en actividades muy distintas a las de la falsa desmovilización dos meses antes de que esta ocurriera.

    Ninguna de las personas que la Fiscalía llevó a declarar al juicio mencionó a L.D. como testigo de los hechos relacionados con la falsa desmovilización.

    -Dijo haber entregado, en Bogotá, al menos $2.000.000 en efectivo, pero no precisó de quién los recibió, ni como los llevó a la fundación Manos por la Paz, entidad que, según averiguó, fue creada en 2007.

    -Lo describió como una persona canosa y él no tiene esa característica y de sus respuestas es evidente que el testigo solo cree que él “tenía que haber sabido”.

    -Afirmó que las personas desmovilizadas como guerrilleros de la Compañía la Cacica La Gaitana no eran guerrilleros, pero lo cierto es que la Dirección de Inteligencia no tiene nada que ver con el CODA y, por lo tanto, no dio aval alguno.

    -A la pregunta formulada por el Ministerio Público, respondió que SUÁREZ TOCARRUNCHO nunca habló con él.

    Insistió, finalmente, en su inocencia, solicitó su libertad y resarcimiento por todos los daños y perjuicios causados con este juicio.

    E. EL DEFENSOR

    El defensor contractual del Brigadier General L.F.S.T. destacó, en primer lugar, la falta de congruencia entre los hechos y la teoría del caso presentados en la acusación y los que fueron objeto de debate en el juicio por parte del F..

    Señaló, así, que es irrelevante la demostración o no de la existencia de una Compañía denominada La Gaitana, porque no se probó la participación del acusado en esos hechos. En ese sentido, los testigos de la Fiscalía que introdujeron los informes del D.A.S. y del C.T.I. manifestaron que la información de inteligencia es lo más precisa posible, más no certera en un 100%.

    Los G.S.B. y A.M. no negaron la existencia del grupo armado, solo expresaron no haber oído de ese grupo, y varios de los testigos manifestaron no conocer a los alias mencionados en los informes, “luego es muy diferente no saber que existe a decir que se desconoce la existencia de la Compañía”.

    D.T. dijo no saber quién es el General SUÁREZ TOCARRUNCHO e igualmente señaló no estar en condiciones de afirmar o no si quienes se desmovilizaron como Compañía Cacica La Gaitana son guerrilleros, porque desconoce toda la estructura de las F.A.R.C., lo cual se explica por qué no tuvo conocimiento directo y para ese momento no pertenecía a la organización guerrillera.

    J.G.D., pese a las contradicciones en que incurrió, destacadas por el General en su intervención, también manifestó que sabía de una columna móvil llamada Cacica La Gaitana, lo que indica que hubo diferencia clara entre compañía y frente con ese nombre.

    En las resoluciones inhibitorias introducidas por la Fiscalía, se afirmó que esas personas sí pertenecían a la Compañía Cacica La Gaitana del Comando Conjunto de las F.A.R.C. y de igual modo lo hizo la resolución Presidencial N° 053 del 6 de marzo de 2006, mediante la cual se reconoció la calidad de miembro representante de ese grupo.

    La teoría del caso afirmó, pero no demostró, porque no es cierto, que el General L.F.S.T. estuvo presente en el acto de desmovilización de La Compañía Cacica la Gaitana.

    Al respecto, el C.B., quien se encargó de la seguridad en el área, dijo no haber visto al acusado ese día, el conductor de éste aseguró que su jefe no asistió a ese evento y el General A.M.B. expresó que lo vio el día 4 pero no en la fecha de la desmovilización.

    Si bien el General S.B. afirmó que saludó al General SUÁREZ TOCARRUNCHO en esa oportunidad, puede estar equivocado, máxime que no hay prueba que así lo demuestre, pues ni siquiera se trajeron al juicio videos o recortes de prensa de un acto que fue de público conocimiento.

    Independientemente de que existiera o no la Compañía Cacica La Gaitana, o que el General L.F.S.T. hubiera estado presente o no en el acto formal de la desmovilización, hechos en sí mismos intrascendentes, lo cierto es que no se probó que él participara en la fase previa o posterior a ese acto, que solo era importante para el “Gobierno de la Presidencia y el Ministerio de Defensa y obviamente la Oficina del Comisionado de Paz”, pues ninguno de los documentos emitidos con ocasión de ello tiene siquiera un visto bueno de su representado.

    Ninguna de esas pruebas vincula al General SUÁREZ TOCARRUNCHO con el Comité Operativo para la Dejación de las Armas, C.O.D.A., en el cual tienen asiento, como lo dijo el Coronel Wuanumen, el D.A.S., la Fiscalía General de la Nación y otras entidades diferentes al Ejército Nacional.

    Tampoco hay evidencia de participación de su defendido en el delito de peculado, por la entrega de beneficios de competencia del Programa de Reintegración Económica, o la definición de la situación jurídica de los desmovilizados, lo cual le corresponde a la Fiscalía General de la Nación.

    El F. introdujo un documento sin firma con un listado de pagos y orden emitida por otro F. en un asunto relacionado con éste, pero con eso no demostró que su defendido hubiese tenido aporte importante en esos desembolsos realizados tiempo después de su retiro de la Institución.

    Aunque el F. trató de cambiar la imputación a un delito de omisión, no demostró la fuente normativa que le imponía el deber de hacerlo o la posición de garante, como lo ha sostenido la jurisprudencia.

    Tampoco demostró que las 57 resoluciones inhibitorias en las que se afirma que las personas beneficiadas sí son guerrilleros, fueran revocadas con base en prueba nueva.

    No era posible que su defendido incurriera en el delito de fraude procesal porque él no presentó demanda, ni hizo petición, ni intervino de ninguna manera en la actuación judicial. Es más, en ninguna de las resoluciones se mencionó o tuvo como apoyo probatorio informe de la Dirección de Inteligencia, y eso es así porque, como lo mencionó el J. de la Unidad de Justicia y Paz en respuesta a derecho de petición del defensor, para la verificación de la existencia de la Compañía Cacica La Gaitana contó con informes presentados por funcionarios del C.T.I., la Policía Nacional y el D.A.S., entidades diferentes al Ejército Nacional que tienen asiento en el CODA.

    La acusación sostuvo que el General L.F.S.T. se reunió con varias personas para urdir la falsa desmovilización, lo cual no deja de ser una deducción personal del F., pues no se demostraron encuentros con H.R.. En cambio, sí se documentaron las visitas a R.A. con fines legales propios de la labor de inteligencia. Así lo manifestó el conductor del General, el Coronel Corredor, los G.S.B. y A.M.B., y el M. General H.P.M..

    En cuanto tiene que ver con la seguridad que, según la acusación, el General SUÁREZ TOCARRUNCHO le prestó al sitio de concentración, la Fiscalía varió en el juicio la apreciación en el sentido de que ordenó hacerlo, basado en un error emanado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en el que se afirmó que la Sexta Brigada a cargo del General L.F.S.T. tuvo el control de la desmovilización, cuando lo cierto es que se refería a la persona que dirigía para esa fecha la Sexta Brigada de Ibagué y no a su defendido.

    En efecto, el General A.M. declaró en el juicio que el General S.T. se presentó en su oficina el 4 de marzo de 2006, en compañía del C.C., y que la petición de seguridad provino de este último porque “era el que coordinaba digamos la seguridad en los movimientos del resto de la desmovilización”.

    El Capitán Bautista, quien fungió como enlace con el C.C., declaró que el día anterior se presentó con él por orden del General M.B., lo que significa que el tema de la seguridad no se coordinó el 4 de marzo, sino el 6, y que en ello no tuvo ninguna participación el General L.F.S.T..

    Corrobora lo anterior la referencia hecha por el General S.B., C. de la División a cargo de la Sexta Brigada, quien manifestó que para la fecha de la desmovilización el General SUÁREZ TOCARRUNCHO no se encontraba dentro de su línea de mando, como igual lo expresaron el General A.M. y el M. General P.M..

    Ni el F., ni el Ministerio Público entendieron cómo se maneja la inteligencia militar, pues la Dirección de Inteligencia Militar -DINTE- tiene funciones de prestar políticas globales de inteligencia, no ejerce cadena de mando, ni participa en procesos de desmovilización; sus funciones son muy diferentes a la Central de Inteligencia Militar -CIME-, y el General L.F.S.T. nunca tuvo dirección, mando o jerarquía frente a la Central y, por consiguiente, no tiene nada que ver con las Divisiones y con las Brigadas, de manera que “toda alusión que hace la desmovilización al manejo de inteligencia es a una inteligencia totalmente diferente a la que asesoraba el General …”, pues en la Dirección de inteligencia no le correspondía analizar informes, lo cual tampoco se probó.

    Los testigos ofrecidos por la Fiscalía para demostrar la organización de la falsa desmovilización no comparecieron, no declararon, o la fiscalía desistió de ellos, como ocurrió con F.A.S.P., M.P.R., J.C.P. y E.M..

    La Fiscalía tampoco acreditó lo anunciado en la acusación, en el sentido de que en la desmovilización de la Compañía Cacica La Gaitana se utilizaron dineros del narcotraficante H.A.R., porque no se llevó al juicio ninguna evidencia directa como la declaración de aquél, ni la de R.A.M. o la de Á.P..

    I.R.D.G. no sabe quién es H.R., simplemente dice que escuchó la emoción del Comisionado de Paz porque se iba a desmovilizar una fracción de las F.A.R.C..

    S.M. sí conoce a R., pero nunca le comentó que estuviera confabulando con el General L.F.S.T. una falsa desmovilización; también habló con L.C.R., pero este nunca le mencionó nada al respecto.

    D.R.H. manifestó que P.P.M., cuando fue privado de la libertad por haber llegado con la mano de su C., le comentó algo acerca de la participación del General L.F.S.T., pero ese hecho ocurrió dos años después de la desmovilización, luego no es posible que así hubiera ocurrido.

    H.D.T. dijo que no sabe quién es el acusado, no lo ha visto, y no lo vinculó con la desmovilización, ni con H.R..

    El F. no probó la financiación de la desmovilización ni el vínculo del General L.F.S.T. con L.D..

    Este testigo, en su imprecisa declaración, habló de dinero, pero el F. no aportó ninguna prueba que vinculara al General con las sumas mencionadas; aunque en el alegato final el acusador señaló que el General S.T. fue a pedirle a D. que guardara silencio, éste primero dijo que se reunió en tres oportunidades, y finalmente, que no habló con él. Además, especuló al manifestar que el acusado debió enterarse de la falsa desmovilización por ser el Director de Inteligencia del Ejército y estar relacionado con el CODA, lo cual no es cierto y demuestra su total desconocimiento sobre el tema.

    El Fiscal tampoco demostró que R.A.M. ordenara comprar las armas en Santa Marta, o que este cometido lo hubiera cumplido M.A.P.R. -quien no declaró en el juicio-, o que fueran transportadas en helicóptero y luego trasladadas desde la Brigada de Bogotá a Ibagué por orden del General L.F.S.T. y entregadas a éste en presencia de L.D., también encargado supuestamente por el acusado de la compra de uniformes en el almacén de la Brigada.

    Para ello se apoyó en una prueba de referencia, a su vez desvirtuada con otra de la misma naturaleza, la declaración de Á.P.. Se atuvo el acusador a unos informes que solo refieren la existencia de unos costales con material de guerra y a otros atinentes a la revisión de unos helicópteros y avionetas.

    Los demás testigos prometidos por el F., como J.C.P., M.R., E.H., D.F., O.F., F.S. y el perito R., o bien no comparecieron al juicio o no declararon nada que vinculara al General L.F.S.T. con las armas.

    Igualmente, dijo, deben tenerse en cuenta las condiciones personales y profesionales del acusado, quien combatió a la guerrilla durante su carrera militar y sufrió serios deterioros en su salud física.

    Solicitó, en consecuencia, la absolución del General L.F.S.T. porque la Fiscalía no demostró los hechos de la teoría del caso.

    Igualmente corresponde absolver al acusado porque no se demostró más allá de toda duda razonable su responsabilidad penal.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE
  1. La competencia

    No cabe duda que en los términos del artículo 235 de la Carta Política, la Corte es competente para conocer de este asunto, pues el acusado goza de fuero constitucional.

    En efecto, para la época de los hechos que dieron origen a este juicio, L.F.S.T. ostentaba el grado de Brigadier General de la República del Ejercito Nacional, desde el 6 de diciembre de 2003, y ejercía funciones oficiales, de las cuales, según la Fiscalía, abusó y desconoció incurriendo en los delitos por los que fue acusado.

    Por ello, indiferente resulta que en la actualidad se encuentre en retiro y desvinculado de la mencionada institución castrense y no ejerza cargo alguno con funciones oficiales, pues en tales casos, esto es, cuando existe conexidad entre el delito y la función, la competencia permanece en cabeza de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo de la norma constitucional citada.

  2. Teoría del caso de la Fiscalía y los delitos imputados

    La teoría del caso de la Fiscalía consistió fundamentalmente en sostener que a finales de 2005 y comienzos de 2006, el General L.F.S.T., primero en condición de C. de la Sexta Brigada con sede en Ibagué y, después, como Director de Inteligencia del Ejército Nacional, en asocio con otras personas, entre ellos R.A.M., alias O.S., el narcotraficante H.A.R.Y. -quien aportó dinero para su financiación- y Á.P.R., fraguaron la desmovilización de 66 personas como presuntas integrantes de la Compañía Cacica La Gaitana de las F.A.R.C., organización que no existía, ni operaba en el departamento del Tolima, hecho del cual el acusado tenía conocimiento en razón a las funciones que desempeñaba.

    Por consiguiente, los supuestos guerrilleros desmovilizados en realidad nunca militaron en esa organización o habían desertado con anterioridad, y se dedicaban a otras actividades dentro de la economía informal, eran indigentes y desempleados.

    Que para ese propósito compraron armas a las autodefensas y fueron transportadas en helicóptero desde Santa Marta a Bogotá, y luego a la zona de ubicación en la vereda La Tebaida, Municipio de A., departamento del Tolima, en donde intervino el General L.F.S.T. RUNCHO impartiendo la orden al C. de la Sexta Brigada, de prestar seguridad al sitio de concentración.

    Que como consecuencia del acto formal de desmovilización llevado a cabo el 7 de marzo de 2006, los supuestos guerrilleros recibieron beneficios jurídicos: las resoluciones inhibitorias dictadas a su favor por la Fiscalía, y también se hicieron acreedores a ayudas económicas otorgadas por la entonces Agencia Colombiana para la Reintegración.

    Estos hechos, como se mencionó anteriormente, la Fiscalía los adecuó típicamente en los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, agravado, continuado, a título de cómplice, y los de fabricación y tráfico de armas de uso privativo de la Fuerza Pública y de defensa personal, agravados, y fraude procesal, continuado, por los que debe responder el acusado como coautor.

  3. Valoración jurídica de los hechos y de las pruebas

    Teniendo en cuenta la teoría del caso de la Fiscalía y los hechos cuya demostración se propuso durante el desarrollo del juicio como sustento de la solicitud de condena, así como la postura de la defensa y las pruebas traídas en apoyo del planteamiento de inocencia a favor del General L.F.S.T., la Corte hará su ponderación en conjunto conforme a los criterios de valoración que les son propios, a efectos de establecer el grado de conocimiento que ofrecen los mismos, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 381 de la Ley 906 de 2004:

    “Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio.

    “La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia”.

    3.1.1 Marco jurídico de las desmovilizaciones

    Por metodología, la Sala considera necesario precisar, primero, cómo estaba regulado el tema de las desmovilizaciones colectivas e individuales para la época en que se produjo la entrega de la Compañía Cacica La Gaitana de las F.A.R.C., a efectos de determinar las competencias de cada una de las autoridades que intervenían en ellas. Véase:

    Por mandato constitucional la paz es una política de Estado que corresponde dirigir al P. de la República, quien tiene como función mantener el orden público y ser el supremo director de la Fuerza Pública (art. 189, numerales 3° y 4°).

    La Ley 104 de 1993, conocida entonces como Ley de Orden Público, en sus artículo 15 y, posteriormente, el 4° de la ley 782 de 2002 –que prorrogó su vigencia- señalan que al P. de la Republica le corresponde dirigir el proceso de paz.

    La primera normatividad citada, esto es la Ley 104 de 2003, conocida también como Ley de Orden Público, creó instrumentos para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia, las entregas voluntarias, introdujo disposiciones tendientes al diálogo con “grupos subversivos, de justicia privada o denominados "milicias populares rurales o urbanas", su desmovilización y reinserción a la vida civil, así como los beneficios jurídicos y asistencia socioeconómoica, atención a las víctimas de atentados terroristas, estableció mecanismos de control sobre financiamiento de actividades subversivas o terroristas, información, medios de comunicación y sistemas de radiocomunicaciones, y se definieron las sanciones por incumplimiento de órdenes del Presidente de la República en materia de orden público, entre otras.

    Esta ley, que se expidió con una vigencia de dos años a partir de su publicación, fue prorrogada por dos años más por la Ley 241 de 1995 y derogada por la Ley 418 de 1997, con la cual se pretendió facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con organizaciones armadas al margen de la ley, “a las cuales el Gobierno Nacional les reconozca carácter político para su desmovilización”.

    En desarrollo de tales postulados, se expidió, entre otras, la Ley 434 de 1998, en cuyo artículo 8°, señaló como funciones presidenciales delegables en materia de paz las de los literales a), b) y c) del artículo 14 de la Ley 104 de 1993, cuyo contenido es el siguiente:

    1. Realizar actos tendientes a entablar los diálogos a que se refiere este capítulo;

      b) Adelantar diálogos con los voceros o representantes de los grupos guerrilleros, tendientes a buscar la reinserción de sus integrantes a la vida civil;

      c) Firmar acuerdos con los voceros o representantes de los grupos guerrilleros, dirigidos a obtener la desmovilización y reincorporación a la vida civil de sus integrantes. Los acuerdos y su contenido serán los que a juicio del Gobierno sean necesarios para adelantar y culminar el proceso de paz”.

      El artículo 35 de esta ley -434 de 1998- creó de manera permanente la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, cuyas funciones estaban determinadas en el artículo 1º del Decreto Presidencial No. 2107 de 1994 , así:

      “…

    2. Asesorar al Presidente de la República en la estructuración y desarrollo de la política de paz;

      “b) Verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil de los alzados en armas, con el fin de determinar la formalización de diálogos y celebración de acuerdos de paz, de conformidad con lo que disponga el P. de la República;

      “c) Convocar a los sectores de la sociedad civil en torno al propósito de la reconciliación nacional;

      “d) Facilitar la participación de representantes de diversos sectores de la sociedad civil en las gestiones que a su juicio puedan contribuir al desarrollo y consolidación de los procesos de paz, de acuerdo con las instrucciones del Presidente de la República;

      “e) Dirigir los diálogos y firmar acuerdos con los voceros y representantes de los grupos alzados en armas, tendientes a buscar la reinserción de sus integrantes a la vida civil, de acuerdo con las órdenes que le imparta el Presidente de la República;

      “f) Como representante del Presidente de la República, definir los términos de la agenda de negociación;

      “g) Establecer los mecanismos e instrumentos administrativos que permitan el desarrollo de sus funciones en forma gerencial;

      “h) Ser el vocero del Gobierno Nacional respecto del desarrollo de la política de paz frente a la opinión pública.

      “Parágrafo. La información sobre los procesos de paz la suministrara el Alto Comisionado para la Paz”.

      Para la fecha en que se llevó a cabo la desmovilización de lo que se conoció como el Frente Cacica La Gaitana de las F.A.R.C., era de público conocimiento, que la política del Gobierno de entonces aspiraba extender ese tipo de acercamientos también a las denominadas autodefensas. Por ello, una vez venció el término de vigencia de la Ley citada en precedencia, éste se prorrogó con la N° 782 de 2002, en cuyo artículo 3, se eliminó la expresión grupos a los cuales el Gobierno les reconozca carácter político, quedando únicamente la de “grupos armados”, de manera más general, así:

      “Los representantes autorizados expresamente por el Gobierno Nacional, con el fin de promover la reconciliación entre los colombianos, la convivencia pacífica y lograr la paz, podrán:

    3. Realizar actos tendientes a propiciar acercamientos y adelantar diálogos con los grupos armados organizados al margen de la ley;

      “b) Adelantar diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con los voceros, o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley, dirigidos a: obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el respeto de los derechos humanos, el cese de hostilidades o su disminución, la reincorporación a la vida civil de los miembros de estos grupos, o lograr su sometimiento a la ley, y enmarcados en la voluntad de crear condiciones que propendan por un orden político, social y económico justo.

      “Los acuerdos y su contenido serán los que a juicio del Gobierno sean necesarios para adelantar el proceso de paz y su cumplimiento será verificado por las instancias nacionales o internacionales que para el efecto y de común acuerdo designen los partes.

      “Estos acuerdos deben garantizar el normal y pleno funcionamiento de las instituciones civiles de la región en donde ejerce influencia el grupo armado al margen de la ley que los suscribe.

      “Parágrafo 1°. De conformidad con las normas del Derecho Internacional Humanitario, y para los efectos de la presente ley, se entiende por grupo armado al margen de la ley, aquel que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.

      “Parágrafo 2°. Una vez iniciado un proceso de diálogo, negociación o firma de acuerdos, y con el fin de facilitar el desarrollo de los mismos, las autoridades judiciales correspondientes suspenderán las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra de los miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley con los cuales se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos de paz.

      “Para tal efecto, el Gobierno Nacional notificará a las autoridades señaladas el inicio, terminación o suspensión de diálogos, negociaciones o firma de acuerdos, y certificará la participación de las personas que actúan como voceros o miembros representantes de dichos grupos armados organizados al margen de la ley. Las partes acordarán mecanismos de verificación conjunta de los acuerdos, diálogos o acercamientos, y de considerarlo conveniente podrán acudir a instituciones o personas de la vida nacional o internacional para llevar a cabo dicha verificación,

      “Igualmente, se suspenderán las órdenes de captura que se dicten en contra de los voceros, con posterioridad al inicio de los diálogos, negociaciones o suscripción de acuerdos, por el término que duren estos.

      “Para propiciar acercamientos, diálogos o negociaciones en procura de la paz, el Presidente de la República, mediante orden escrita, determinará la localización y las modalidades de acción de la fuerza pública, bajo el supuesto de que no se conculquen los derechos y libertades de la comunidad, ni se generen inconvenientes o conflictos sociales.

      “[…] Se garantizará la seguridad y la integridad de todos los que participen en los procesos de paz, diálogos, negociaciones y acuerdos de que trata esta ley.

      “Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, el Gobierno Nacional podrá acordar con los voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley, con los que se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos, su ubicación temporal o la de sus miembros, en precisas y determinadas zonas del territorio nocional o internacional, de considerarse conveniente. En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura contra ellos, hasta que el Gobierno así lo determine, o declare que ha culminado el proceso. La Fuerza Pública garantizará la seguridad de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, con los cuales se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos de...

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