Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 76012 de 2 de Octubre de 2014
Sentido del fallo | CONFIRMA NIEGA TUTELA |
Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Penal de Popayán |
Fecha | 02 Octubre 2014 |
Número de sentencia | STP13437-2014 |
Número de expediente | T 76012 |
Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA |
Emisor | Sala de Casación Penal |
Materia | Derecho Penal |
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Nº 1
Luis Guillermo Salazar Otero Magistrado Ponente
STP13437-2014
Radicación N° 76.012
(Aprobado Acta N° 326)
Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil catorce (2014).
ASUNTO
Se resuelve la impugnación formulada por D.E.G., frente a la sentencia proferida el 27 de agosto de 2014 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán, mediante la cual le negó la tutela interpuesta contra la Procuraduría General de la Nación y la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, por la presunta vulneración de su derecho de petición.
ANTECEDENTES
1. Fundamentos de la acción
1.1. Según lo relatado por el actor, el 5 de noviembre de 2013[1] remitió por correo certificado escrito a la Procuraduría General de la Nación, en el que solicitó investigar las presuntas irregularidades cometidas en la realización de la prueba escrita y psicotécnica del concurso de docentes, llevada cabo el 28 de julio de 2013.
Copia del mismo fueron enviadas a la CNSC, al Ministerio de Educación y al ICFES.
1.2. Ante la ausencia de pronunciamiento, el actor promovió acción de tutela contra las referidas entidades para lograr el amparo del derecho de petición y reclamó ordenar la emisión de una respuesta de fondo.
Señaló que mediante oficios 2013R91492 del 29 de noviembre de esa anualidad[2] y 2014R06700[3] el ICFES le informó que todas las reclamaciones efectuadas frente a los resultados del examen de méritos, se resolvería de manera masiva y que fueron anuladas 80 pruebas por violar la Resolución 187 de 2013, así como se evidenció 2342 casos de respuestas inusualmente coincidentes. Razón por la cual corrió traslado a la CNSC, en aras de determinar la validez de dichas calificaciones.
Indicó que el Ministerio de Educación, a través del oficio 2013ER154677[4], le manifestó que no tiene injerencia sobre la Comisión Nacional del Servicio Civil, por cuanto se trata de una autoridad administrativa independiente.
2. La respuesta
Comisión Nacional del Servicio Civil
El Asesor Jurídico refirió que el 12 de noviembre de 2013 fue radicado en la CNSC el escrito dirigido por el accionante al señor P. General de la Nación, el cual fue enviado por competencia al ICFES.
Adujo que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación le puso de presente al interesado que debido a la cantidad de reclamaciones similares recibidas, se dio respuesta conjunta, la cual fue publicada el 2 de diciembre siguiente en el diario El Espectador, misma que podía ser consultada en su página web.
Refirió que la petición presentada por el actor fue extemporánea, por cuanto ya habían trascurrido más de tres meses desde la realización de las pruebas, cuando lo pertinente es hacerlo dentro de los tres días siguientes a la ocurrencia del hecho.
Solicitó negar el amparo invocado.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
La Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán negó el amparo al considerar que el accionante no demostró al interior del presente trámite que su escrito fue recibido por la procuraduría accionada, situación que no pudo ser corroborada, ya que dicha entidad guardó silencio.
Refirió que a pesar de que resulta posible aplicar la presunción de veracidad contenida en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, la tutela no prospera, ya que la vulneración no está probaba.
Indicó que tampoco existe vulneración por parte de la CNSC, por cuanto el actor aclaró que no instauró su petición ante esa entidad, sino una copia del que instauró ante el Ministerio Público.
LA IMPUGNACIÓN
G. insistió en los planteamientos de la demanda y manifestó que el tiempo dado por el A quo fue muy corto para entregar la mencionada prueba, toda vez que perdió la guía de envío del documento y hasta el pasado 29 de agosto le fue expedida copia de la misma por parte de la empresa de correo.
CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la Procuraduría General de la Nación y la Comisión Nacional del Servicio Civil vulneraron el derecho de petición del interesado, ante la alegada falta de pronunciamiento sobre la solicitud presentada el 5 de noviembre de 2013.
2. Sobre la protección superior del derecho de petición
2.1. El artículo 86 de la Carta Política establece que ésta acción constitucional tiene por objeto proteger de manera efectiva e inmediata los derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de las autoridades y/o de los particulares, en los casos que la ley regula, siempre que el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial.
Conforme al artículo 23 ibídem el derecho de petición consiste en la posibilidad que tienen las personas de presentar solicitudes ante las autoridades por motivos de interés general o particular y el deber de éstas de responder en forma pronta y cumplida.
La Corte Constitucional en sentencias T-377 de 2000, T-1089 de 2001 y T-1160A de 2001, señaló que el derecho de petición se vulnera cuando la respuesta carece de cualquiera de los siguientes requisitos: i), oportunidad, ii), claridad, iii), precisión, iv), congruencia con lo solicitado, v), fondo y; vi), ser puesta en conocimiento del peticionario.
Respecto del primer requisito expresó:
“En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes”[5]
2.2. En el presente caso, es...
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