Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 77144 de 18 de Diciembre de 2014
| Sentido del fallo | CONFIRMA NIEGA TUTELA |
| Tribunal de Origen | Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral |
| Número de expediente | T 77144 |
| Número de sentencia | STP17375-2014 |
| Fecha | 18 Diciembre 2014 |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Materia | Derecho Penal |
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
Magistrado Ponente
STP17375-2014
Radicación N° 77144
Aprobado acta N° 441
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil catorce (2014).
V I S T O S
Se pronuncia la Sala sobre la impugnación interpuesta por el apoderado del accionante M.M.O.R., contra la decisión adoptada el 22 de octubre de 2014 por la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, por cuyo medio negó el amparo constitucional que reclama frente a la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Barranquilla, el Juzgado Primero Laboral Adjunto del Circuito de la misma ciudad y el Ministerio de Transporte.
I. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Según lo refieren las diligencias, el señor M.M.O.R. promovió proceso ordinario laboral contra el Ministerio de Transporte, dirigido a obtener la reliquidación de la pensión sanción reconocida mediante resolución 001727 de fecha 4 de mayo de 2007, a partir del 16 de febrero de 2006, más los incrementos legales. Asimismo, deprecó la indexación de la primera mesada y el pago de los intereses moratorios.
Correspondió conocer de la actuación al Juzgado Primero Laboral Adjunto del Circuito de Barranquilla, despacho que mediante sentencia del 8 de mayo de 2009 condenó a la demandada a pagar la diferencia de $ 53.640.45 mensuales por concepto de diferencia de la pensión sanción, a partir del 18 de febrero de 2006 y en adelante con sus respectivos reajustes de ley para cada año, el pago de las mesadas adicionales por el mismo valor, sumas indexadas.
Sometida al grado jurisdiccional de consulta la sentencia, la Sala Cuarta Dual Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Barranquilla, mediante providencia del 27 de marzo de 2012 la modificó, en el sentido de condenar al pago de la diferencia de la pensión sanción en cuantía de $ 100.022.66, a partir del 18 de febrero de 2006, con los respectivos reajustes de ley y el pago de mesadas adicionales, sumas que deben ser indexadas.
Agotado el trámite ordinario del proceso el ciudadano M.M.O.R. promovió mediante apoderado demanda de tutela, en procura de amparo para los derechos fundamentales a la vida digna, mínimo vital, seguridad social e igualdad -entre otros- que estima conculcados por Sala de Decisión Laboral de Descongestión del Tribunal Superior y el Juzgado Primero Laboral Adjunto del Circuito de Barranquilla, a partir de las providencias judiciales reseñadas.
En sustento del amparo pretendido, el libelista manifestó que los despachos judiciales accionados desconocieron la fórmula de cálculo que debía aplicarse para la indexación de la primera mesada pensional, la cual debió efectuarse desde la fecha de reconocimiento de la pensión sanción, según lo establecido en sentencia T-098 de 2005, ratificada en fallos de fecha 28 de mayo de 2008 Rad 34069, 6 de diciembre de 2007 Rad 36900 y de 2009 36900 emitidos por la Sala de Casación Laboral, todo lo cual comporta una evidente vía de hecho.
Aspira entonces, que se brinde protección a las garantías constitucionales invocadas y en tal virtud, se emitan las órdenes del caso para que las accionadas realicen de manera correcta la liquidación de la primera mesada pensional, con los correspondientes ajustes anuales, incluyendo mesadas adicionales e intereses moratorios.
II. EL FALLO IMPUGNADO
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo invocado, señalando para ello que en el presente caso no se cumple con el requisito de inmediatez que rige la acción de tutela, en tanto el accionante no presentó justificación alguna frente al tiempo que dejó transcurrir para solicitar el amparo constitucional, toda vez que entre la data del acto administrativo, a través del cual el ente ministerial dio cumplimiento a la sentencia del tribunal, han pasado más de 12 meses, tiempo que supera el plazo señalado como razonable por esa Sala (6 meses).
De otra parte, precisó que si el accionante considera que el Ministerio de Transporte no indexó su mesada pensional como se ordenó en la sentencia proferida en el proceso ordinario, puede acudir al proceso ejecutivo laboral con el fin
de hacer cumplir a cabalidad la condena.
III. LA IMPUGNACIÓN
El apoderado del accionante impugna la sentencia de tutela insistiendo en la procedencia del amparo, señalando para el efecto que resulta desproporcionado exigir el agotamiento de los mecanismos ordinarios sin consideración de las condiciones particulares del peticionario.
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
De conformidad con lo establecido en el artículo 4º del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, en concordancia con el artículo 44 del Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta, en tanto lo es en relación con la sentencia de tutela adoptada en primera instancia por la Sala de Casación Laboral de esta Corporación.
Referente a la acción pública que nos ocupa, ha de precisarse que el artículo 86 de la Constitución Política establece que se trata de un mecanismo concebido para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por cualquier acción u omisión, siempre que no exista otro recurso o medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La doctrina constitucional ha sido clara y enfática en señalar que cuando se trata de providencias judiciales, la acción de tutela solamente resulta procedente de manera excepcional, pues como regla general la inconformidad de las partes con lo resuelto por los funcionarios judiciales ha de ser planteada y debatida en forma oportuna, acudiendo para ello a los medios de impugnación instituidos en los códigos de procedimiento.
No obstante ese postulado general, que no es absoluto, encuentra excepción en tratándose de decisiones que por involucrar una manifiesta y evidente contradicción con la Carta Política o la ley, producto de la conducta arbitraria o caprichosa de los funcionarios judiciales, constituyan “vías de hecho” que vulneren o amenacen los derechos fundamentales del actor frente a lo cual no se disponga de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz, porque en estos eventos el amparo se ofrece necesario para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, razón por la cual la medida que se adopte tiene una vigencia eminentemente temporal.
Como en el presente asunto, la petición de amparo se orienta a censurar la sentencia que definió el proceso ordinario laboral promovido por el accionante en contra del Ministerio de Transporte, surge imperioso precisar que la evolución jurisprudencial en torno a la vía de hecho judicial ha permitido construir una serie de causales de procedibilidad, que implican no solo una carga para el actor en su invocación, sino también en su demostración, como en efecto lo ha expuesto la Corte Constitucional (CC C-595/05), al determinarlas así:
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