CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
República
de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Civil
CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA
SALA
DE CASACION CIVIL
Magistrado
Ponente:
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA
Bogotá,
D.C., veintiuno de septiembre de dos mil nueve
(Discutida y aprobada
en sesión de nueve de septiembre de dos mil nueve)
REF.
T. No. 11001-02-04-000-2009-01684-01
Se
decide la impugnación presentada por D.V.
contra la sentencia de 29 de julio de 2009, proferida por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que negó
la acción de tutela promovida por el impugnante contra la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja; trámite
al cual se vinculó al Juzgado Tercero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, a las partes e
intervinientes en el proceso penal sobre el cual versa la queja
constitucional.
ANTECEDENTES
1. El
accionante solicitó la protección de los derechos
fundamentales de petición, a la libertad, al debido proceso, a
la igualdad y al principio de legalidad, los cuales estima
conculcados por el Tribunal accionado, al revocar la providencia de
16 de abril de 2009, proferida por el Juzgado Tercero de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja que concedió una
reducción del cinco por ciento (5%) de la pena de 30 años
de prisión que fue impuesta al actor por la comisión
del delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con
el ilícito de hurto calificado y agravado, todo ello, en
aplicación del
artículo 70 de la
Ley 975 de 2005 y con
sustento en las sentencias
C 370 de 18 de mayo de 2006 y T 815 de 21
de agosto de 2008 emanadas de la Corte Constitucional, según
las cuales, la disminución punitiva es viable siempre que se
reúnan los presupuestos normativos, aún después
de declarada la inexequibilidad del precepto aludido.
El
Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Tunja, estimó que se cumplieron los requisitos para la
redosificación punitiva teniendo en cuenta que para la entrada
en vigencia de la
Ley 975 de 2005, el actor se encontraba purgando la
pena, se observó buen comportamiento en el centro carcelario,
no obstante, cooperó relativamente con la justicia en tanto no
ha intentado fugarse de prisión y juzgó incumplida la
exigencia de reparación a las víctimas, pues no
acreditó la insuficiencia de recursos económicos para
el pago de la condena de 50 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, impuesta por concepto de perjuicios, en tal virtud, tasó
la reducción de la pena en un 5% de la principal.
El
Ministerio Público interpuso el recurso de apelación
contra el proveído de 16 de abril de 2009 que concedió
la reducción punitiva, con fundamento en la inaplicabilidad
del
artículo 70 de la
Ley 975 de 2005 ante la ausencia de
acreditación simultánea de los requisitos establecidos
en dicha normatividad para acceder al beneficio que en caso de ser
procedente, no es susceptible de graduación, pues debe
concederse en el porcentaje del 10% previsto en la norma en comento.
El
Tribunal accionado al desatar la alzada, revocó la rebaja de
pena concedida al actor, bajo el argumento que dicho pedimento fue
resuelto por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad, en auto...
