Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 42706 de 10 de Agosto de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 691918049

Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 42706 de 10 de Agosto de 2016

Fecha de Resolución:10 de Agosto de 2016
Emisor:Sala de Casación Penal
Número de Proceso:42706
Número de Providencia:SP11143-2016
Sentido del Fallo:NO CASA
Historial del Caso:Resuelve recurso contra sentencia de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal
RESUMEN

Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de Bogotá
Delitos: Calumnia
Fuente formal: Constitución Política de Colombia de 1991 art. 2, 15, 21, 29 y 230 / Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polìticos art. 14, 15 y 17 / "Convención Americana sobre Derechos Humanos. art. 8, 9 y 11 / Ley 599 de 2000 art. 10, 221 y 228 / Ley 890 de 2004 art. 114

 
ÍNDICE
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República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL

L.A.H. BARBOSA

Magistrado Ponente

SP11143-2016

Radicación 42706

(Aprobado Acta No. 243).

B.D.C., agosto diez (10) de dos mil dieciséis (2016)

VISTOS

Derrotado el proyecto presentado por el Magistrado E.F.C., se pronuncia la Sala sobre la eventual violación de garantías fundamentales en el proceso seguido contra E.B.V., condenado como autor del delito de calumnia.

HECHOS

En el juicio que por los delitos de estafa y falsedad se adelantó ante la Juez Quinta Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá contra el abogado E.B.V., en la sesión del 28 de abril de 2006, éste le atrbuyó a L.G.N.R., apoderado de la parte civil, haber comprado a la Juez 28 Penal del Circuito de la misma ciudad, funcionaria que conoció inicialmente del proceso. El debate fue suspendido por la Juez, dado que el ánimo irritado del procesado impidió su cabal desarrollo y dejó constancia de tal vicisitud en la correspondiente acta, precisando que aquél en el curso del juicio lanzó “expresiones infundadas” y “atrevidas” en su contra.

El 21 de junio siguiente, E.B. recusó mediante escrito a la juez, aduciendo que ella estaba “actuando conforme a los caprichos de la Parte Civil”, como se colige de la referida “constancia parcializada e ilegal”, además de que había surgido una enemistad grave hacia él, probada, según el recusante, porque “la Parte Civil ha hecho una afirmación gravísima que dice que tiene el fallo arreglado”.

ANTECEDENTES PROCESALES

El 28 de abril de 2006 el abogado que representaba la parte civil en el mencionado juicio formuló querella contra BONILLA VENTE por los sucesos ocurridos en esa fecha. Luego de varios aplazamientos, el 14 de septiembre de 2010, ante el Juez 56 Penal Municipal de control de garantías de Bogotá se realizó audiencia en la cual E.B. fue declarado contumaz y la Fiscalía imputó el delito de calumnia.

Presentado el escrito de acusación el 12 de octubre siguiente, se realizó la correspondiente audiencia el 19 de diciembre de 2011 en el Juzgado 15 Penal Municipal de Bogotá, en la cual la Fiscalía lo acusó como autor del mismo punible.

Surtida la fase del juicio, el 17 de junio de 2012 el Juez 15 Penal Municipal con funciones de conocimiento absolvió al acusado. La Fiscalía y la víctima apelaron ese pronunciamiento y el Tribunal Superior de Bogotá, a través de la sentencia recurrida en casación por la defensa, dictada el 12 de septiembre de 2013, la revocó y, en su lugar, condenó a E.B. a 24 meses de prisión, multa de 225,71 salarios mínimos mensuales legales vigentes, inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena privativa de la libertad y prohibición del ejercicio de la profesión de abogado por 39 meses, como autor del delito de calumnia objeto de acusación. Le fue concedida la condena de ejecución condicional.

Mediante auto del 26 de noviembre de 2014 esta Sala inadmitió la demanda de casación y en la misma providencia dispuso que una vez agotado el trámite del mecanismo de insistencia (el cual no prosperó), las diligencias debían regresar para decidir acerca de la eventual “infracción al principio de legalidad de los delitos y de las penas, al haberse proferido una condena por una calumnia ocurrida en actuación judicial, conducta que de acuerdo con el artículo 228 de la Ley 599 de 2000 puede no constituir delito”.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Luego del examen de los hechos acreditados y declarados en la sentencia de segunda instancia, advierte la Sala que no fue desconocido el principio de tipicidad, inherente a la garantía de legalidad de los delitos y las penas, dado que la situación fáctica se ajusta en estricto rigor al supuesto de hecho definido por el legislador para el delito de calumnia.

En efecto, el Tribunal aplicó debidamente el artículo 221 de la Ley 599 de 2000 que lo consagra, pues la imputación que E.B.V. le realizó al apoderado de la parte civil el 28 de abril de 2006, en la sesión del juicio seguido en su contra por los punibles de estafa y falsedad y que luego consignó en el memorial con el cual recusó a la juez del caso, corresponde a la atribución específica de un delito a una persona determinada.

No se trató de simples injurias expresadas por litigantes en los estrados judiciales. Por el contrario, las expresiones del procesado al abogado L.G.N. confirman la imputación de un delito de cohecho, en la modalidad de dar u ofrecer (artículo 407 Ley 599 de 2000) por haber “comprado” a la juez, es decir, por haberle entregado dinero u otra utilidad a cambio de favorecer los intereses que representaba, proceder que también involucra a dicha funcionaria al inculparle el delito de cohecho propio por realizar un acto contrario a sus deberes oficiales (artículo 405 ídem).

Expuesto así el objeto y tesis de la presente decisión, la Corte se ocupará de señalar puntualmente los fundamentos de orden jurídico para no casar oficiosamente el fallo de condena de segunda instancia.

El artículo 10 de la Ley 599 de 2000 establece la tipicidad como norma rectora, así: “La ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo penal...”.

Según el artículo 29 de la Constitución, “nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa”, disposición que consagra el principio de legalidad de los delitos y las penas, el cual protege la libertad individual frente a la arbitrariedad de los funcionarios judiciales y garantiza tanto el principio de igualdad de las personas ante la ley, como el de seguridad jurídica.

En cuanto se refiere a los funcionarios que administran justicia, sus facultades se rigen por lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución, disposición que establece el principio de imperio de la ley en las decisiones judiciales.

La taxatividad de los tipos penales, principio de tipicidad o de legalidad estricta, es una garantía que obliga tanto al legislador como al funcionario judicial y se deriva de axiomas universales, tales como, “no hay delito sin ley previa que lo defina”; “no hay lugar a pena sin ley anterior que la defina”; “corresponde a la ley establecer el juez natural del caso”; “sólo se puede imponer una sanción luego de un juicio legal”, también reconocidos en tratados internacionales vinculantes en virtud del Bloque de Constitucionalidad, como por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 14 y 15)[1] y la Convención Americana de Derechos Humanos (artículos 8 y 9)[2], los cuales incluyen normas que se refieren en general a las garantías judiciales, la preexistencia de la ley y sus respectivas sanciones, el derecho al juez natural y el debido proceso[3].

Respecto de los funcionarios judiciales el principio de legalidad precisa de los requisitos de ley previa, ley escrita, ley cierta y ley estricta.

Como en el auto inadmisorio de la demanda de casación del 26 de noviembre de 2014 esta S. ordenó que una vez surtido el mecanismo de insistencia, se debería verificar la posible “infracción al principio de legalidad de los delitos y de las penas, al haberse proferido una condena por una calumnia ocurrida en actuación judicial, conducta que de acuerdo con el artículo 228 de la Ley 599 de 2000 puede no constituir delito”, resulta de singular importancia constatar las diferencias esenciales entre los delitos de injuria y calumnia, pues respecto del primero opera para las injurias entre litigantes la indemnidad reglada en la citada norma.

La injuria y la calumnia son delitos que atentan contra el bien jurídico de la integridad moral. Imputar hechos delictivos falsos concretos, a sabiendas de que no son ciertos, es calumniar, mientras que hacer imputaciones o afirmaciones deshonrosas indeterminadas, o enrostrar condiciones de inferioridad, aunque sean verdaderas, es injuriar[4].

En los debates del proyecto que finalmente dio lugar a la expedición de la Ley 599 de 2000, respecto de las pretensiones de algunos sectores orientadas a desprisionalizar los delitos de injuria y calumnia, de modo que únicamente tuvieran pena pecuniaria, se adujo que tales posturas son “apartadas del contexto constitucional que califica la honra como derecho fundamental y objeto de especial garantía a la persona por parte del Estado” (artículos 2º y 21), pues dada “la intensidad de la guerra verbal que en nuestro país se vive, hace aconsejable mantener la pena privativa de la libertad. Lo anterior especialmente, por cuanto por razones políticas, publicitarias y otras, sería muy rentable injuriar y calumniar, para posteriormente, por la vía de la oblación, extinguir la punición sin consecuencias de ningún tipo en el ámbito de la prevención general y especial”[5].

Los delitos de injuria y calumnia protegen derechos fundamentales reconocidos en disposiciones constitucionales, en este sentido el artículo 2 señala que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”. El artículo 21 establece que “Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección”. Por su parte, el artículo 15 dispone que “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar”. También se encuentran reconocidos en instrumentos internacionales tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17) y la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 11).

El derecho fundamental a la integridad moral es “inherente a la persona misma en tanto el hombre es el valor supremo de la Nación constituida como Estado. Su protección se funda en el respeto a la dignidad humana cualidad intangible del ser humano y por tanto no susceptible de ser desplazada por...

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