Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100102030002018-00184-00 de 7 de Febrero de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 702368373

Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100102030002018-00184-00 de 7 de Febrero de 2018

Fecha de Resolución: 7 de Febrero de 2018
Emisor:Sala de Casación Civil y Agraria
Número de Proceso:T 1100102030002018-00184-00
Número de Providencia:STC1380-2018
Sentido del Fallo:NIEGA TUTELA
 
ÍNDICE
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A.S.R.

Magistrado ponente

STC1380-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-00184-00

(Aprobado en sesión de siete de febrero de dos mil dieciocho)

Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil dieciocho (2018).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por I.A.S. en su condición de C.M. del Cabildo – Gobernador del Resguardo Indígena Zenú del Alto San Jorge en contra de la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior de Montería – Córdoba; actuación a la que se ordenó vincular a los intervinientes en el trámite constitucional génesis de la queja.

ANTECEDENTES
  1. La pretensión

    El accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, etnoeducación y al debido proceso que considera vulnerados por el Tribunal accionado por cuanto se abstuvo de garantizar el cumplimiento del fallo de tutela fechado 6 de julio de 2016 pese a ser consciente de que la entidad demandada no ha acatado con lo allí dispuesto.

    Por tanto, pretende, se ordene al accionado «que profiera una nueva decisión dentro del trámite de desacato No. 23001-22-14-000-2017-00648…y que adopte todas las medidas necesarias para el cabal cumplimiento de la sentencia de tutela STC9157-2016 del 06 de julio de 2016, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991

  2. Los hechos

    1. El accionante en su condición de C.M. del Cabildo – Gobernador del Resguardo Indígena Zenú del Alto San Jorge junto con otras autoridades indígenas, presentó acción de tutela en contra de la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba y la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, a cuyo trámite fueron vinculadas otras entidades, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de petición, consulta previa educativa, diversidad étnica y cultural de la nación, igualdad y a las garantías de primer orden de los pueblos indígenas.

    2. Como sustento de sus pretensiones señalaron que las entidades accionadas omitieron dar respuesta de fondo a su petición relacionada con la designación de etnoeducadores en propiedad que prestan atención a la población de su comunidad.

    3. El conocimiento del asunto correspondió al Tribunal Superior de Montería, autoridad que el 5 de mayo de 2016, dictó sentencia en la que negó el amparo constitucional tras considerar que «Dada la claridad en las explicaciones y argumentos del ente territorial, lo cual atiende de manera congruente y de fondo la petición incoada y también las pretensiones plasmadas en el escrito de tutela, se infiere que la acción constitucional no tiene vocación de prosperidad, pues la consulta previa y las demás peticiones que de ella se derivan, no pueden llevarse a cabo hasta tanto se determine si las instituciones educativas están focalizadas como etnoeducativas, por ser este un requisito sine qua non para la consulta previa ante el Ministerio del Interior.»

    4. Inconformes los accionantes, impugnaron la anterior decisión, la cual fue confirmada parcialmente por esta Sala el 6 de julio de ese año respecto al derecho de petición y concedió «la protección constitucional del derecho fundamental a la etnoeducación del pueblo indígena Z. delA.S.J..

      En consecuencia se ordenó «a la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este fallo, convoque a un proceso de concertación a los integrantes del Resguardo Indígena accionante, donde se trate la temática aquí expuesta y se adopten las medidas necesarias tendientes a garantizar el derecho a la etnoeducación de la comunidad.

      …ORDENAR a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Educación Nacional que, en el marco de sus competencias, asesoren y acompañen a la comunidad étnica e indígena Z. delA.S.J. en el proceso de concertación con la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba.

    5. Posteriormente, el actor solicitó ante el Tribunal accionado la apertura de incidente de desacato por incumplimiento al fallo de tutela.

    6. El despacho una vez agotadas las etapas del incidente, el 2 de febrero de 2017, se abstuvo de sancionar al Secretario de Educación Departamental de Córdoba pero al mismo tiempo se le exhortó a efectos de que agilizara la convocatoria de la segunda mesa de concertación con miras a dar cumplimiento definitivo a lo dispuesto.

    7. El actor tras considerar que pese al exhorto, la entidad hizo caso omiso, nuevamente el 9 de octubre de ese año solicitó iniciar incidente de desacato contra los entes demandados.

    8. Por auto fechado 10 de octubre de 2017 se dispuso requerir al Gobernador del Departamento de Córdoba y al Secretario de Educación a fin de que le dieran cumplimiento a la aludida sentencia.

      De igual modo, se dispuso vincular y requerir al Ministerio de Educación Nacional y a la Defensoría del Pueblo, como quiera que la orden de tutela se hace extensiva a esas entidades.

    9. El 23 de octubre de ese año se dispuso abrir incidente por desacato en contra de las entidades anteriormente requeridas para que dentro del término de tres días ejercieran su derecho a la defensa. Igualmente se abstuvo de decretar más pruebas en el entendido que el tutelante no las solicitó ni el Tribunal lo consideró necesario.

    10. El 3 de noviembre siguiente, la Corporación accionada se abstuvo de sancionar al Gobernador del Departamento de Córdoba y al Secretario de Educación Departamental y, al mismo tiempo exhortó a la segunda entidad para que continúen con las actividades programadas dentro de la ruta metodológica diseñada con miras a superar las dificultades y diferencias presentadas en el proceso de concertación que se ha venido desarrollando en virtud del fallo de tutela.

      Lo anterior tras considerar que no es posible declarar que la orden constitucional haya sido desacatada de forma deliberada o desatendida negligentemente toda vez que se ha trazado una ruta metodológica con avances y retrocesos, «pero a pesar de que no se ha consolidado de manera concreta una salida a la problemática educativa que enfrenta la comunidad indígena, aún se encuentran en un proceso de concertación.»

    11. En criterio del peticionario del amparo, con la anterior determinación se vulneraron los derechos fundamentales invocados, por cuanto el Tribunal demandado ha decidido desfavorablemente el incidente de desacato sin valorar que la Gobernación de Córdoba viene realizando maniobras dilatorias para evadir la responsabilidad de construir conjuntamente con las comunidades indígenas un plan educativo para la comunidad y, concluir con la atención en etnoeducación de los indígenas, lo cual incluye el nombramiento de los docentes etnoeducadores de conformidad con el artículo 2º del Decreto 121 de 2016.

  3. El trámite de la instancia

    1. El 1º de febrero de 2018 se admitió la acción constitucional y se dispuso comunicar a los interesados para que ejercieran su derecho a la defensa.

    2. Dentro del término otorgado no se recibió pronunciamiento alguno.

CONSIDERACIONES
  1. Como ha sido sostenido por la jurisprudencia, por regla general la acción de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, sólo en forma excepcional resulta viable para atacarlas cuando con ellas se causa vulneración a los derechos fundamentales de los asociados.

    De igual modo, ha reiterado esta Sala la impertinencia del amparo constitucional para reclamar contra decisiones proferidas dentro de un incidente de desacato, toda vez que en esos trámites “no se considera procedente ningún otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acción de tutela, porque se convertiría en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un trámite de indiscutido raigambre constitucional… Es evidente que la real intención del legislador, en relación con el incidente de desacato, era que se regulara a sí mismo, a través de la decisión incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanción, con total autonomía y sin injerencia de órganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones”.[1]

    Se ha dicho, entonces, que “si hoy es pacífico que contra lo sentenciado en tutela, no es dable acción -ex novo- de naturaleza semejante, menos procedería esta acción extraordinaria en punto a las providencias que se pronuncien en la etapa derivada del incumplimiento de la parte resolutiva que se denuncie (incidente de desacato)”.[2]

  2. No obstante, también se estableció que, de manera excepcional, es procedente este mecanismo, si se desconoce de manera flagrante la garantía constitucional al debido proceso de los intervinientes. Luego, el amparo procede: "(…) en aquellos casos excepcionales, en que se invoca ausencia de notificación del accionado, una vez éste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situación”.[3]

    En cuanto a la posibilidad de incurrir en vía de hecho en esos trámites, la Corporación ha aludido a que según la jurisprudencia constitucional: “… para que la acción de tutela prospere es necesario que se compruebe que con la decisión de desacato el Juez vulneró los derechos fundamentales de alguna de las partes. En particular, la Corte ha considerado procedente el amparo cuando el juez del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho de defensa o cuando impone una sanción arbitraria”.[4]

  3. En el asunto que es objeto de estudio, el tutelante pretende controvertir por vía constitucional el trámite adelantado por la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior de Montería - Córdoba en relación con el incidente de desacato que él promovió contra el G. y la Secretaría de Educación de ese Departamento, por el presunto desobedecimiento a la orden de tutela fechada 6 de julio de 2016.

    Sin embargo, de la revisión de las diligencias accesorias cuestionadas, se advierte que el fallador constitucional, en cumplimiento al procedimiento establecido en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia sobre la materia, dispuso abstenerse de sancionar a los incidentados tras considerar que «…como ya se anotó el proceso de concertación entre la comunidad indígena Zenú del Alto San Jorge es un tema complejo, que involucra el agotamiento de diversas etapas y el sometimiento a una ruta metodológica que aún no se encuentra culminada, habiéndose concertado continuar con ésta en una oportunidad que quedó pendiente por definir, por lo que no podría esta S. entrar a calificar incumplimiento de una Sentencia Judicial cuyo debate se centra en la armonización de políticas educativas que sirven de referente para el ente accionado y las establecidas por las comunidades indígenas en el ejercicio de su autonomía.

    …De acuerdo con lo expuesto, la Sala estima que no es posible declarar que el fallo de tutela proferido por la Corte Suprema de Justicia ha sido desatendido de manera deliberada, en tanto ello exige la presencia de ciertas circunstancias que no se encuentran acreditadas en el plenario en primer lugar porque la orden dada no ha sido desatendida negligentemente, toda vez que SED en coordinación con la comunidad indígena accionante ha trazado una ruta metodológica en el asunto, con avances y retrocesos, pero a pesar de que no se ha consolidado de manera concreta una salida a la problemática educativa que enfrenta la comunidad indígena, aún se encuentran en un proceso de concertación.»

    En ese orden de ideas, advierte la Sala que los excepcionales supuestos para la prosperidad de la acción incoada, establecidos por vía jurisprudencial, en tratándose de actuaciones surtidas al interior del incidente de desacato y a las que se hizo mención, no se hallan acreditados en el presente asunto, y por lo tanto, no hay lugar a acceder a lo pretendido.

    Lo anterior, por cuanto no se observa vulneración alguna al interior del trámite cuestionado aunado a que en lo que se relaciona con las consideraciones de la autoridad accionada no se encuentra que las mismas sean infundadas o caprichosas, pues obedece a la valoración efectuada del material demostrativo que obraba en la actuación y las manifestaciones de los involucrados.

  4. No obstante, el peticionario del amparo puede acudir a los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, en caso de que considere que no se ha dado cabal cumplimiento al referido fallo de tutela, para que la autoridad accionada nuevamente mediante apertura de incidente de desacato realice las gestiones pertinentes encaminadas a que las entidades responsables cumplan con lo ordenado y en caso de considerarlo necesario imponga las sanciones a que hubiere lugar.

  5. Las razones que se dejaron consignadas son suficientes para concluir que el amparo deviene impróspero.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA la protección constitucional invocada.

  1. telegráficamente lo aquí resuelto a los interesados; y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado este fallo.

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Presidente de Sala

MARGARITA CABELLO BLANCO

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

LUIS ALONSO RICO PUERTA

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

[1] Sentencia de 29 de noviembre 2006, exp. 01927-01, reiterada en fallo de 29 de junio de 2011, exp. 2011-00175-01.

[2] Fallo de 21 de febrero de 2003, exp. 00382.

[3] Sentencia de 8 de febrero de 2008 exp. 00344-01, reiterado en sentencia de 3 de marzo de 2010, exp. 2010-00082-01.

[4] Sentencia de 30 de enero de 2013, exp. 2013-00083-00 que citó la sentencia T-1113 de 2005.

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