Auto Interlocutorio de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52147 de 15 de Febrero de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 703906953

Auto Interlocutorio de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52147 de 15 de Febrero de 2018

Número de Providencia:AHP618-2018
Historial del Caso:Resuelve recurso contra sentencia de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, de 8 de Febrero de 2018
Sentido del Fallo:CONFIRMA
Fecha de Resolución:15 de Febrero de 2018
Número de Proceso:52147
Emisor:Sala de Casación Penal
RESUMEN

Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de Bogotá
Delitos: Concierto para delinquir
Tema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE ANÁLISIS POR LA RELATORÍA / DOCUMENTO DISPONIBLE - Puede ser descargado

 
ÍNDICE
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J.F.A.V.

Magistrado ponente

AHP618-2018

Radicación No. 52147

Bogotá D.C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018)

VISTOS

Dentro del término previsto en el artículo 7º de la Ley 1095 de 2006[1], que reglamentó el artículo 30 de la Constitución Política, se resuelve la impugnación interpuesta contra el auto de 8 de febrero de 2018, mediante el cual el Dr. L.C.G.B., Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, negó el amparo de habeas corpus, impetrado por el ciudadano J.G.M.P., a través de apoderado.

ANTECEDENTES

  1. Contra el ciudadano J.G.M.P., actualmente privado de la libertad en el Centro de Reclusión Militar de Puente Aranda, cursa un proceso penal bajo el radicado No. 2001-31-07-001-2017-00267 por el delito de Concierto para delinquir agravado.

  2. La afectación de ese derecho tiene fundamento en la imposición de una medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía 66 Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Bucaramanga, a través de decisión de fecha 18 de septiembre de 2015; determinación que fue confirmada por la Fiscalía Quinta Delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga, el 11 de abril de 2016.

  3. Con proveído de 22 de septiembre de 2017, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, al cual se asignó la etapa de juzgamiento, resolvió negar la petición de revocatoria o sustitución elevada por el apoderado del procesado, al verificar que no se había superado el término máximo de vigencia fijado en el artículo 1° de la Ley 1786 de 2016, al tratarse de un caso de competencia de la justicia especializada.

  4. Contra esa negativa, se interpuso recurso de apelación el cual se encuentra por resolver en la Sala Penal del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, al Despacho del Magistrado E.E.M.P..

  5. El 24 de enero de 2018, la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, remitió al Juzgado concepto favorable de verificación de requisitos para acceder a los tratamientos penales especiales diferenciados de los miembros de la Fuerza Pública respecto del procesado; sin que para el momento de interposición de la acción existiera algún pronunciamiento.

  6. Mediante memorial de fecha 5 de febrero de 2018 se presentó acción pública de habeas corpus bajo la consideración que la restricción de la libertad del procesado carece de fundamento legal y constitucional pues i) se ha superado el término de duración máxima previsto para detención preventiva señalado en la Ley 1760 de 2016 y 1786 de 2017, así como ii) se ha desconocido que por la aplicación del Decreto 706 de 2017, debe disponerse la revocatoria de esa medida cautelar de naturaleza personal.

  7. El conocimiento de la acción constitucional correspondió al Dr. L.C.G.B., Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, quien resolvió negar el amparo con proveído de 8 de febrero de 2018.

  8. Al cumplirse el acto de notificación, el apoderado interpuso recurso de apelación, el cual sustentó por escrito el 12 de febrero siguiente.

DECISIÓN IMPUGNADA

Fundamentó el a quo su determinación en el origen de la privación de la libertad de J.G.M.P. en la decisión de la Fiscalía 66 Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de B. al imponer medida de aseguramiento; luego, al mediar orden de una autoridad judicial competente proferida dentro de un proceso en curso, era preciso perseguir el restablecimiento del derecho afectado, primero, a partir de las herramientas judiciales previstas dentro del trámite ordinario.

Por esa razón y al advertir que la petición de libertad provisional por pérdida de vigencia de la detención preventiva ya había sido formulada ante el despacho de conocimiento y se encontraba aún pendiente de resolver el recurso de apelación en el Tribunal Superior de Valledupar, destacó la improcedencia de la acción.

En cuanto a «la aspiración de comparecer a la Jurisdicción Especial para la Paz», señaló que ya fue tramitada por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar al conceder la privación de la libertad en unidad militar; por lo cual, resultaba innecesaria e inviable la intervención del juez constitucional.

LA APELACIÓN

Insiste el apoderado en la incorrección de la decisión del Juzgado Penal del Circuito de Valledupar de negar la libertad provisional por vencimiento de términos —prevista en el artículo 1 de la Ley 1786 de 2016—, dado que la privación tuvo lugar desde el 2 de septiembre de 2015, y a la fecha, se ha superado sustancialmente aquel señalado para la vigencia máxima de la medida de aseguramiento.

De otro lado, resalta que aun cuando ya se profirió decisión sobre el beneficio solicitado por la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, se ha mantenido la privación intramural pese a que esta «también deberá revocarse o sustituirse toda vez que la Ley 1786 de 2016 es clara en que las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no pueden superar el término de 2 años.»

En su criterio, además, la libertad debe producirse por vía de la acción incoada, en atención a la copiosa jurisprudencia de la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia donde se destaca el carácter principal del hábeas...

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