Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 78313 de 31 de Enero de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 704137045

Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 78313 de 31 de Enero de 2018

Ponente:FERNANDO CASTILLO CADENA
Fecha de Resolución:31 de Enero de 2018
Emisor:Sala de Casación Laboral
Número de Proceso:78313
Número de Providencia:STL1315-2018
 
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F. CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

STL1315-2018

Radicación n.° 78313

Acta 3

B.D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018)

Decide la Sala la impugnación propuesta por la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN contra el fallo de 1.º de diciembre de 2017, proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro del trámite constitucional que promovió W.A. APACHE CARO contra la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y los MINISTERIOS DE DEFENSA NACIONAL y de RELACIONES EXTERIORES, la cual se hizo extensiva al ente impugnante, al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, a la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO y al GRUPO DE SEGUIMIENTO A ÓRDENES Y RECOMENDACIONES DE ÓRGANOS INTERNACIONALES EN DERECHOS HUMANOS DE LA CANCILLERÍA DE COLOMBIA, a la OFICINA DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS, a la UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO – SECCIONAL VILLAVICENCIO, al INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR (ICETEX) y a la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

  1. ANTECEDENTES

    El promotor acudió a este trámite excepcional por estimar quebrantados sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al acceso a la justicia y a la educación.

    Aseguró que su hermano fue asesinado por el Ejército Nacional, Batallón de Infantería 21 V., el 15 de noviembre de 1992; que el 5 de septiembre de 1995, la Comisión Interclesial de Justicia y Paz expuso el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en ese marco, el 2 de marzo de 2016, junto con su hermana llegaron a un «Acuerdo Amistoso» con el Estado de Colombia, el cual fue homologado por la citada comisión a través de informe N.° 43 del 7 de octubre de ese año, en el cual se pactó como medida de reparación, el otorgamiento de un auxilio en su favor por $50.000.000, «con el objetivo de financiar la educación técnica o tecnológica o profesional que escojan y solventar los gastos de manutención». Así mismo, el acuerdo contempló que «Los beneficiarios de la medida deben realizar los trámites pertinentes para ser admitidos en el centro de estudios respectivos y realizarán los programas que ofrezca la institución universitaria que permitan garantizar su adecuado rendimiento académico», y se estipuló un término de 5 años para utilizar el auxilio, so pena de declarar cumplida la gestión el Estado, a menos que la falta de ejecución le sea atribuible a este.

    Que en virtud de lo anterior, se inscribió en la Universidad Antonio Nariño, donde obtuvo un cupo en la facultad de ingeniería electrónica; que el 8 de mayo de 2017, solicitó a la Cancillería hacer los trámites pertinentes para el pago del PIN, cuyo valor era de $150.000, y así inscribirse formalmente en el segundo semestre de ese año, pero al día siguiente le respondieron que trasladaban la petición a la Oficina Jurídica del Ministerio de Educación, y como no obtuvo respuesta, asumió dicho costo y, en consecuencia, le dieron plazo hasta el 26 de julio para cancelar la matrícula; por lo anterior, el 19 de julio de 2017 allegó a la Cancillería los documentos requeridos para ello, y aunque se comunicó «insistentemente» con el Grupo de Seguimiento a Órdenes y Recomendaciones de Órganos Internacionales en DDHH de esa entidad, no obtuvo respuesta efectiva, lo cual provocó la pérdida del cupo. Bajo ese escenario, el actor afirma que le transgredieron los derechos que le asisten como víctima, y que el acuerdo antedicho fue desconocido.

    Indicó que emprendió nuevamente el trámite de inscripción ante la referida institución educativa, para lo cual, el 10 de octubre de 2017 aportó otra vez los documentos a la Cancillería, para conseguir el pago oportuno de la matrícula, para lo cual tiene hasta el 23 de noviembre de 2017; que como no ha habido respuesta, consideró la posibilidad de volver a perder el cupo, por lo que pidió como medida provisional que se requiriera a las accionadas «concretar un mecanismo idóneo y eficaz que (…) permita el desembolso de los recursos y de esta forma se me garantice los derechos fundamentales vulnerados y se dé cumplimiento a lo ordenado por la CIDH», y como pretensiones principales que se les ordenara a «proceder con el pago de la matrícula (…) antes del 22 de noviembre de 2017».

  2. TRÁMITE Y DECISIÓN DE INSTANCIA

    Por auto de 20 de noviembre de 2017, el Tribunal Superior de Villavicencio admitió la acción, vinculó a los arriba descritos, dispuso su notificación, el traslado de rigor y concedió la medida provisional, en el sentido de ordenar al Ministerio de Educación Nacional y al ICETEX a que en el término de 24 horas siguientes a la notificación de ese proveído, adelantaran «las gestiones correspondientes» para cumplir lo ordenado por la CIDH, respecto del desembolso del dinero dirigido al pago de la matrícula universitaria, con destino a la Universidad A.N., y a esta última le impuso que, «manteniendo las condiciones benéficas del pronto pago, reserve el cupo que le otorgó al accionante (…) y amplíe el plazo para el pago de su matrícula, sin aumentar el valor del semestre, ni causar pagos adicionales por concepto de extemporaneidad, hasta tanto se decida definitivamente sobre la presente acción de...

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