Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº T 78541 de 21 de Febrero de 2018
| Sentido del fallo | CONFIRMA CONCEDE TUTELA |
| Tribunal de Origen | TRIBUNAL SUPERIOR SALA ÚNICA DE PAMPLONA |
| Número de expediente | T 78541 |
| Número de sentencia | STL2401-2018 |
| Fecha | 21 Febrero 2018 |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN LABORAL |
| Materia | Derecho Laboral y Seguridad Social |
J.M.B.R.
Magistrado ponente
STL2401-2018
R.icación n.° 78541
Acta 6
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018).
La Sala resuelve la impugnación interpuesta por D.M.B.R. y el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – REGIONAL NORTE DE SANTANDER contra el fallo proferido el 12 de diciembre de 2017 por la SALA ÚNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PAMPLONA, dentro de la acción de tutela que instauró SEGUROS DEL ESTADO S.A. en contra del JUZGADO SEGUNDO CIVIL LABORAL DEL CIRCUITO de esa misma ciudad.
I. ANTECEDENTES
La sociedad accionante presentó queja constitucional en contra de la autoridad judicial cuestionada, al considerar que le está vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad.
Para el efecto, manifestó que la señora D.M.B.R. promovió proceso ordinario laboral de única instancia contra la Asociación de Padres Comunitarios de Bienestar FAMI Monteadentro y solidariamente contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, con el propósito de que se declara la existencia de un vínculo laboral y en consecuencia, se condenara al pago de las acreencias laborales.
El conocimiento del asunto, le correspondió al Juzgado Segundo Civil Laboral del Circuito de Pamplona, trámite dentro del cual el ICBF dio contestación de la demanda y llamó en garantía a Seguros del Estado S.A., de conformidad con la póliza de seguro de cumplimiento n.º 49-44-101002908.
Surtido el trámite de rigor, la autoridad judicial cuestionada profirió sentencia de 29 de septiembre de 2017, mediante el cual declaró que entre la demandante y la Asociación de Padres de Hogares Comunitarios FAMI Barrio Monteadentro existió un contrato de trabajo a término fijo, desde el 2 de febrero hasta el 31 diciembre de 2015; condenó a Seguros del Estado S.A. a pagar a la accionante las acreencias laborales adeudadas y absolvió al ICBF de todas las pretensiones incoadas en su contra, al estimar que se habían probado las excepciones de «ausencia de responsabilidad del ICBF atendiendo a la naturaleza del contrato de aportes que celebra el ICBF con los hogares infantiles, ausencia de responsabilidad del ICBF por cuanto no se encuentra probado la solidaridad con la asociación de padres comunitarios (sic) de Bienestar Fami Barrio Monteadentro, e imposibilidad de afectar la póliza de cumplimiento por las conductas contempladas en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 99 de la Ley 50 de 1990».
Acuso al juzgado de haber desconocido e interpretado de manera equivocada la norma sobre los contratos de seguros, por cuanto condenó a la aseguradora «a pagar a la demandante (…) quien no es el asegurado/beneficiario del contrato de seguro», pues el mismo «cubre a la entidad estatal asegurada, por los perjuicios que se le ocasionen, a raíz del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado».
Expuso que su vinculación al proceso laboral obedeció al llamado en garantía que le hizo el ICBF, quien es el beneficiario y asegurado de la póliza de seguro de cumplimiento n.º 49-44-101002908, siendo el único legitimado para reclamar el pago de la prestación asegurada, sin que fuera posible «emitir condena directa» contra la aseguradora, de conformidad como dispone el artículo 1088 del Código de Comercio, comoquiera que no se daban los supuestos del artículo 133 del mencionado estatuto.
Destacó que en las condiciones generales del seguro se estableció que la aseguradora estaba obligada a pagar la indemnización de perjuicios, siempre y cuando se afectara el patrimonio de la asegurada.
De otro lado, alegó que no es a través del llamamiento en garantía que se puede afectar la póliza, toda vez que en aplicación del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, para dichos efectos, correspondería al ICBF iniciar el procedimiento administrativo para de declarar el incumplimiento del contrato de aportes n.º 150 de 2015 y así hacer efectiva la indemnización por parte de la aseguradora.
Por lo anterior, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y en consecuencia, se revoque el numeral 5º de la providencia de 29 de septiembre de 2017 y en su lugar, se absuelva a Seguros del Estado S.A. de todas las pretensiones incoadas en su contra.
- TRÁMITE Y DECISIÓN DE INSTANCIA
Mediante proveído del 28 de noviembre de 2017, la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la accionada y vincular a D.M.B.R., a la Asociación de Padres Comunitarios de Bienestar FAMI Barrio Monteadentro y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF, con el fin de que ejercieran los derechos de defensa y contradicción.
El Juzgado Segundo Civil Laboral del Circuito de Pamplona afirmó que no se le habían vulnerado los derechos fundamentales de la accionante y que bien en principio la aseguradora no tendría que cancelar la indemnización, lo cierto era que la póliza había sido constituida para dicho fin y que en aplicación de la primiacía del derecho sustantivo sobre el adjetivo, además, en atención a que la madre comunitaria es un sujeto de especial protección, y por ende necesario buscar una verdadera justicia material, máxime cuanto en virtud del artículo 3º del Decreto 289 de 2014 no podría haber condena.
La señora D.M.B.R. hizo un análisis de la figura del llamamiento en garantía y puntualizó que la decisión del juzgado se encontraba acorde a las pruebas allegadas al proceso que daban cuenta del incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales y por ende que le correspondía al ICBF llamar en garantía a la aseguradora a fin de asumir este pago, en consecuencia, solicitó mantener la decisión de 29 de septiembre de 2017.
Por su parte el Coordinador del Grupo Jurídico del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se opuso a la prosperidad de la acción tras indicar que avala la postura de la sentencia del juzgado cuestionado quien adoptó una decisión ajustada a derecho.
Finalmente, el juez constitucional de primera instancia profirió sentencia del 12 de diciembre de 2017, mediante la cual concedió el amparo invocado en los siguientes términos:
(…)DEJAR SIN VALOR Y EFECTOS la sentencia proferida por la citada funcionaria en audiencia celebrada los días 28 y 19 de septiembre de 2017, ORDENANDO que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de este fallo, profiera una nueva sentencia en la que tenga en cuenta los criterios aquí trazados.
Para arribar a dicha determinación, estimó que el alcance dado por la accionada a la figura de llamamiento en garantía no es el aceptado, por cuanto no se podía condenar al llamado en garantía sin haber sido condenado el...
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