Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil nº 11001-02-03-000-2018-00972-00 de 15 de Mayo de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 726921445

Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil nº 11001-02-03-000-2018-00972-00 de 15 de Mayo de 2018

Fecha de Resolución:15 de Mayo de 2018
Emisor:Sala de Casación Civil
Número de Proceso:11001-02-03-000-2018-00972-00
Número de Providencia:AC1911-2018
Sentido del Fallo:DECLARA BIEN NEGADO EL RECURSO DE CASACION
Historial del Caso:Resuelve recurso contra sentencia de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Civil-Familia, de 27 de Febrero de 2018
RESUMEN

Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil - Familia de TunjaFuente formal: Código General del Proceso art. 226 / Código General del Proceso art. 338 / Código General del Proceso art. 339 / Código General del Proceso art. 352 / Código General del Proceso art. 624 / Código General del Proceso art. 625 núm. 5 / Ley 153 de 1887 art. 40 / Código de Procedimiento Civil art. 370A... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
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AC1911-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-00972-00

B.D.C., quince (15) de mayo de dos mil dieciocho (2018).

Decídese el recurso de queja interpuesto por la demandante Arkhi S.A.S. frente al auto de 27 de febrero de 2018, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Civil-Familia, mediante el cual denegó la concesión del recurso extraordinario de casación formulado contra la sentencia de 26 de enero anterior, dictada en el proceso ordinario que tal recurrente presentó contra Empresa de Energía de Boyacá S.A E.S.P.

ANTECEDENTES
  1. La promotora pidió que, previa declaración de responsabilidad civil por obra eléctrica, se condenara a la convocada a pagar las siguientes sumas a título de perjuicios: $284.870.632 por daños materiales, el equivalente a cien (100) salarios mínimos mensuales legales por perjuicios morales, más la corrección monetaria, intereses y las costas.

    Los hechos de la demanda se concretan en que sobre el predio de la actora fue construido un tendido de redes eléctricas para beneficiar otro proyecto, generándole imposibilidad para construir, arrendar, vender o hacer algunas actividades «que tenía programadas».

  2. Cumplida la primera instancia, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Tunja denegó las pretensiones de la demanda, en fallo que fue confirmado por el Tribunal Superior, Sala Civil-Familia de la misma ciudad.

  3. Formulado el recurso de casación por la demandante, fue denegado por el ad quem en el auto aquí controvertido, ante la carencia del interés económico para recurrir por cuanto «con independencia de la negativa a las aspiraciones de la [gestora], se establece a partir de la resolución desfavorable y, aun tomando en cuenta el monto total señalado como daño moral, aquella no asciende siquiera a los $400.000.000,oo, cifra que no consulta los parámetros del artículo 338 del CGP».

  4. Impugnó la actora por vía de reposición y en subsidio queja (folios 31 y 32), para criticar al fallador de segundo grado por haber apoyado su definición en las pretensiones de la demanda y dejar al margen, «todo lo obrante dentro del expediente», como lo fueron, las sumas expuestas por el dictamen pericial y la cuantía de los perjuicios morales, que indexadas, acreditaban la cuantía para recurrir.

  5. Para mantener la denegación del recurso y ordenar la expedición de copias con cara al recurso de queja, el Tribunal hizo las siguientes acotaciones:

    5.1. La indicada experticia no podía tenerse en cuenta en la medida que no reunía los requisitos del artículo 226 del CGP para otorgarle valor de convicción, no obstante, si se consideraran las sumas allí deducidas, resultaban inferiores a las esgrimidas en las pretensiones del libelo, luego, se acudieron a éstas por ser más benéficas para el recurrente al momento de efectuar el cálculo.

    5.2. Tomados los valores del petitum por perjuicios materiales ($349.305.362) y morales ($64.345.000 equivalentes a 100 s.m.m.l.v. para octubre de 2015 cuando fue presentada la demanda-), debidamente indexados, no alcanzaba el presupuesto para conceder el recurso, pues esa operación aritmética solo arrojó la suma de $391.620.044 cuando se exigía a 2018, superar $781.242.000 conforme a la ley.

CONSIDERACIONES
  1. Punto sin discusión es que, como el recurso de casación fue instado en vigencia del Código General del Proceso, visto que se formuló contra una sentencia del Tribunal dictada el 26 de enero de 2018, su procedibilidad por vía de queja, debe resolverse con en ese nuevo estatuto procesal, según la regla de efecto general inmediato de la entrada en vigor de la leyes, acogidas en las pautas de transición traídas en los artículos 624, que modificó el 40 de la ley 153 de 1887, y 625, numeral 5º, de aquel estatuto.

    Ese nuevo ordenamiento entró en vigor el 1º de enero de 2016 (artículo 1º del acuerdo PSAA15-10392 de 2015), y los recursos se gobiernan por las reglas en uso cuando se presentan, acorde con las antedichas normas.

  2. Sentada esa premisa y conocido que la queja es viable para reclamar contra la negativa de los de apelación o de casación (art. 352 del CGP), en este asunto carece de sostén el primero, examinado que el sentenciador ad quem denegó el reproche extraordinario por ausencia del interés económico para esos efectos, conforme al mandato 339 del Código General del Proceso, fundado en los elementos de convicción presentes en la actuación.

  3. Recuérdase que el nuevo estatuto procesal previó en el artículo 338 que si las pretensiones debatidas son «esencialmente económicas», el recurso de casación es viable «cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes...».

    A su turno, el precepto 339 cambió el método para determinar el justiprecio del interés para acudir a ese medio de impugnación[1], comoquiera que desechó las reglas sobre decreto de un dictamen cuando no estuviese determinado, que consagraba el artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, en su lugar fijó unas pautas más expeditas y simples tendientes a una determinación pronta, al establecer que cuando para la procedencia del recurso «sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión».

  4. En el asunto que ahora ocupa la atención de la Corte, el funcionario de segunda instancia denegó la concesión de la casación con argumentos que no pueden derruirse, puesto que del examen de los elementos de juicio del expediente, junto con las reglas legales y la jurisprudencia, halló insuficiente el interés contemplado en el citado artículo 338 del estatuto procesal, por cuanto el valor actual de la resolución desfavorable a la parte quejosa no supera el límite de mil salarios mínimos legales mensuales.

    4.1. Sobre el particular, frente al avalúo rendido en el trámite (folios 29 a 46), tal como lo advirtió el Tribunal, no surte eficacia de acreditación respecto de sus conclusiones comoquiera que no satisface las exigencias del nuevo estatuto procesal.

    En efecto, el artículo 226 del Código General del Proceso prescribe que todo dictamen, para asignársele mérito demostrativo, debe cumplir con unas exigencias, que por su importancia frente al caso se destacan las siguientes: (i) ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; (ii) explicar los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas; (iii) exponer los fundamentos técnicos y científicos de las conclusiones; (iv) incluir los datos de contacto del perito; (v) explicitar la profesión, oficio, arte o actividad que es ejercida por el experto, anexando los títulos académicos y la prueba de su experiencia; (vi) señalar los casos en que el perito ha participado y, en caso de haber aplicado técnicas diferentes a la considerada para el caso, indicar las razones para ello; y (vii) manifestar que no se encuentra en una situación que le impida actuar como perito.

    Sobre el punto, la Corte ha sostenido que toda peritación debe observar los requerimientos especiales antes enunciados, so pena que la decisión de admisión del mecanismo extraordinario no pueda soportarse en ella (AC5405, 23 ag. 2016, rad. n° 2008-00324-01; AC7246, 25 oct. 2016, rad. 2012-00116-01; AC1641, 2 ab. 2014, rad. 2009-01202-01).

    Sin embargo de lo comentado, la experticia producida en el proceso (folios 29 a 46), omitió los requisitos enumerados en precedencia, como se evidencia a continuación:

    (a) El escrito carecía de los atributos de precisión y exhaustividad, pues se incluyeron valores que no fueron soportados técnicamente.

    (b) Respecto del avalúo que fue utilizado como dato en la fórmula para hallar el «valor de la compensación -a posteriori-» (folio 42), no obró los soportes idóneos de la visita en donde fueron verificados los detalles y características del predio; el precio del metro cuadrado como presupuesto de esa estimación no se correlacionó con la ubicación del inmueble, sus condiciones morfológicas, la conformación en varios lotes y demás criterios con incidencia; no se hizo precisión sobre el método utilizado para obtener ese justiprecio cuando según aludió el peritaje, se acudió a los postulados de la resolución 620 de 2008 expedida por el IGAC., en donde son regulados los métodos de «comparación o de mercado», «capitalización de rentas o ingresos» y, «de costos de reposición», o si se acogió alguno de ellos, no se explicó de qué manera se agotó desde el punto de vista técnico.

    (c) Se anunciaron valores por conceptos de cánones de arrendamiento mensual, pero en modo alguno se explicó de dónde y cómo se dedujeron.

    (d) La perito olvidó remitir los documentos e incorporar la información a que se refiere el citado artículo 226. Así, en el estudio faltan los títulos profesionales y los soportes de la experiencia; no se mencionan los avalúos realizados en los últimos años, los métodos aplicados en los mismos, incluyendo las razones por las cuales hizo uso de criterios diferentes a los del sub lite, en caso que así fuera; se desconoce si ha intervenido en otros procesos con las mismas partes; y faltó la manifestación sobre la inexistencia de causales para ser excluida de la lista de auxiliares de la justicia.

    No obstante lo anterior y en gracia de discusión, teniéndose en cuenta ese laborío, tampoco se encontraría acreditado el interés para recurrir porque en lo relativo a los perjuicios, fue conclusivo en establecerlos por daño emergente y lucro cesante (valor de la compensación y arrendamientos), en la suma total de $449.909.391 que al tomarse para su indexación desde el 25 de enero de 2016 (decreto de pruebas) al 26 de enero del presente año (fallo del Tribunal), y aún, adicionándole $78.124.200 por daño moral pedido (100 s.m.m.l.v), independientemente que acate este concepto el límite máximo indicado por la jurisprudencia de la Corte totaliza $581.211.975, lo cual no alcanza la cuantía del interés para recurrir, que debe ser superior a $781.242.000 (1000 s.m.m.l.v) según el artículo 338 ibídem.

    A la anterior conclusión se llega luego de efectuar la siguiente operación aritmética:

    VA = VH x (IPC final/ IPC inicial).

    En donde:

    VA = Valor indexado a la fecha del fallo (26 de enero de 2018).

    VH= Valor histórico a actualizar.

    IPC final = Tomado de la información oficial del DANE[2], vigente a 26 de enero de 2018.

    IPC inicial = Consultado del dato oficial del DANE, vigente a 25 de enero de 2016, según indicó el laborío, fue la fecha en que se decretó la pericia (folio 29).

    Reemplazando valores se tiene:

    VA = $528.033.591 x (138,85399)/(126,14945)

    VA = $581.211.975.

    4.2. Peor aún, si se acude al contenido de las pretensiones de la demanda en donde se esgrimieron valores inferiores a modo de perjuicios materiales por $284.870.632 y los de índole moral a esa fecha por $64.435.000 equivalentes a 100 s.m.m.l.v. en 2015[3] cuando fue presentada la demanda, con independencia de que se acate el límite trazado por la Corte para este ítem, su cálculo arroja la suma indexada de $391.851.058 que no alcanza los 1.000 s.m.m.l.v. a 2018 para acceder al trámite del recurso.

    De igual manera, a esta conclusión se llega a partir de la siguiente operación aritmética:

    VA = VH x (IPC final/ IPC inicial).

    En donde:

    VA = Valor indexado a la fecha del fallo (26 de enero de 2018).

    VH= Valor histórico a actualizar.

    IPC final = Tomado de la información oficial del DANE[4], vigente a 26 de enero de 2018 (época de la sentencia).

    IPC inicial = Consultado del dato oficial del DANE, vigente a octubre de 2015, fecha de la demanda.

    Reemplazando valores se tiene:

    VA = $349.305.632 x (138,85399)/(123,77501)

    VA = $391.851.058.

  5. - Por consecuencia, la queja bajo estudio no tiene vocación de éxito porque según lo ponderado, la recurrente no logró acreditar un interés para recurrir superior a $781.242.000,oo equivalentes a 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la época de la decisión del Tribunal el 26 de enero de 2018, por lo que así se declarará.

DECISIÓN

Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, RESUELVE:

Primero

Declarar bien denegada la concesión del recurso de casación interpuesto frente a la sentencia de 26 de enero último, dictada dentro del proceso ordinario promovido por Arkhi SAS contra Empresa de Energía de Boyacá SA ESP.

Segundo

Ordenar devolver la actuación a la oficina de origen.

N.,

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado

[1] AC623-2017, de 7 de feb. Rad. n.° 11001-02-03-000-2016-02788-00.

[2] www.dane.gov.co

[3] Valor del salario mínimo mensual legal vigente a 2015: $644.350, según decreto 2731 de 30 de diciembre de 2014.

[4] www.dane.gov.co

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