Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº CP137-2018 de 15 de Agosto de 2018
| Fecha | 15 Agosto 2018 |
| Número de expediente | 52780 |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Materia | Derecho Penal |
L.A.H.B.
Magistrado Ponente
CP137-2018
Radicación No. 52780
Aprobado Acta No. 268
Bogotá, D.C., quince (15) de agosto de dos mil dieciocho (2018).
Procede la Sala a emitir concepto sobre la solicitud de extradición del ciudadano colombiano JULIO C.R.B., presentada por el Gobierno de los Estados Unidos.
Con fundamento en la Nota Verbal 0685 del 3 de mayo de 2018, la Embajada de los Estados Unidos solicitó la extradición del ciudadano colombiano JULIO C.R.B., requerido para comparecer a juicio por delitos relacionados con tráfico de narcóticos y concierto para delinquir, de acuerdo con la segunda acusación sustitutiva No. 16-482 (PAD)(también enunciada como Caso No. 16-482 (PAD)), dictada el 21 de marzo de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
Documentos aportados con la solicitud de extradición.
Para formalizar la petición de entrega del ciudadano mencionado se incorporaron al presente trámite, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y provenientes de la Embajada de los Estados Unidos de América, los siguientes documentos, debidamente traducidos:
(i) Nota Verbal 028 del 10 de enero de 2018, a través de la cual la Embajada de los Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición de JULIO C.R.B. [1].
(ii) Nota verbal 0685 del 3 de mayo de 2018 por la cual se protocoliza la petición de extradición[2].
(iii) Copia de la segunda acusación sustitutiva No. 16-482 (PAD)(también enunciada como Caso No. 16-482 (PAD)), dictada el 21 de marzo de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico[3].
(iv) Traducción de las disposiciones aplicables al caso, esto es, Título 21, Secciones 853, 959,960 y 963[4].
(v) Orden de arresto emitida por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico[5].
(vi) Declaración jurada de C.R.C., F.A. de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, en la cual se refiere al procedimiento cumplido por el Gran Jurado para dictar la acusación, descarta la configuración de la prescripción, concreta los cargos formulados en contra del requerido e indica los elementos integrantes del delito[6].
(vii) Declaración jurada de K.M.M., Agente Especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA), en la que informa los pormenores de la investigación en virtud de la cual se solicita la extradición y aporta los datos relacionados con la identidad del requerido[7].
(viii) Informe de consulta de la Registraduría Nacional del Estado Civil de la cédula de ciudadanía 98.669.739 expedida a nombre de JULIO C.R.B.[8].
Trámite surtido ante las autoridades colombianas.
Recibida la Nota Verbal 028 del 10 de enero de 2018 la F.ía General de la Nación ordenó la captura con fines de extradición de JULIO C.R.B. mediante Resolución del 29 de enero de 2018, la cual se hizo efectiva el 5 de marzo siguiente en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander).
Protocolizada la solicitud de entrega a través de la Nota Diplomática 0685, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió la documentación reunida a su homólogo de Justicia y del Derecho con oficio DIAJI 1154 del 4 de mayo siguiente, en el cual conceptuó:
Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la República de Colombia y los Estados Unidos de América:
La “Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988 […].
La “Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Transnacional”, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 2000 […].
[…] De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las Convenciones aludidas, el trámite se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano.
El Ministerio de Justicia y del Derecho revisó la actuación y, con oficio OFI18-0251-DAI-1100 del 15 de mayo de 2018, remitió a esta Corporación la solicitud de extradición.
Actuación cumplida en esta Corporación.
El 29 de mayo de 2018, la Sala asumió el conocimiento de la petición y requirió a JULIO C.R.B. la designación de apoderado que lo asista en este trámite. Cumplido lo anterior, por auto del 5 de junio de 2018 reconoció personería al abogado designado y dispuso surtir el traslado previsto en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004.
Mediante escrito del 6 de junio del corriente año, el requerido manifestó su intención de acogerse al trámite de extradición simplificada. Como su apoderado favoreció tal requerimiento, se corrió traslado a la representante del Ministerio Público que, por oficio 139 del 20 de junio de 2018, previa entrevista con el requerido y verificación de sus garantías fundamentales, coadyuvó la petición elevada por éste.
Así las cosas, el expediente ingresó a la Sala para emitir concepto sin surtirse los traslados y términos relativos a las peticiones probatorias y a los alegatos finales.
Aspectos Generales:
En primer lugar, cabe señalar que el 14 de septiembre de 1979 se suscribió entre Colombia y los Estados Unidos de América un «Tratado de Extradición» que se encuentra vigente en la medida que las Partes contratantes no lo han dado por terminado, no lo han denunciado o celebrado un tratado nuevo, ni han acudido a ninguno de los mecanismos previstos en la «Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969» para finiquitarlo.
A pesar de lo anterior, actualmente no resulta posible aplicar sus cláusulas en Colombia ante la ausencia de una ley que lo incorpore al ordenamiento interno, como lo exigen los artículos 150-14 y 241-10 de la Constitución Política, pues aunque en el pasado se expidieron con tal propósito las Leyes 27 de 1980 y 68 de 1986, la Corte Suprema de Justicia las declaró inexequibles por vicios de forma.
Por esa razón, la competencia de la Corporación, cuando se trata de emitir concepto sobre la procedencia de extraditar o no a una persona solicitada por el gobierno norteamericano, se circunscribe a constatar el cumplimiento de las exigencias contenidas en las normas del Código de Procedimiento Penal vigente al momento de ocurrencia de los hechos –Ley 600 de 2000 o 906 de 2004-, toda vez que éstas regulan la materia y posibilitan cumplir con los compromisos de cooperación judicial adquiridos por Colombia, orientados a fortalecer la lucha contra la criminalidad transnacional.
En el caso examinado, el requerimiento de los Estados Unidos de América debe estudiarse de cara a los artículos 490, 493, 495 y 502 de la Ley 906 de 2004. Los requisitos allí contenidos se concretan en verificar la validez formal de la documentación allegada por el país requirente; la demostración plena de la identidad de la persona solicitada; la presencia del principio de la doble incriminación, y la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero con la resolución de acusación de nuestro sistema procesal penal.
Igualmente corresponde atender el mandato consagrado en el inciso 2º del artículo 35 de la Carta Política, conforme al cual la entrega de colombianos sólo opera frente a hechos punibles cometidos en el exterior con posterioridad a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 del 17 de diciembre de 1997, a través del cual se reactivó la posibilidad de extraditar a los nacionales, salvo que sean requeridos por delitos políticos.
Sobre la extradición simplificada:
El artículo 70 de la Ley 1453 del 24 de junio de 2011 introdujo al ordenamiento jurídico nacional la figura de la extradición simplificada, según la cual la persona requerida, con la aprobación de su defensor y del Ministerio Público, puede renunciar al procedimiento y solicitar la emisión de plano del concepto correspondiente.
En el evento bajo examen, la Sala encuentra reunidas las exigencias establecidas en dicha norma para conceptuar de plano sobre el requerimiento elevado por el Gobierno de los Estados Unidos de América en relación con el ciudadano colombiano JULIO C.R.B., pues fue promovida por el solicitado y su defensor. Además, ha sido coadyuvada por la Procuradora Segunda Delegada para la Casación Penal.
En suma, como se reúnen los presupuestos para emitir concepto bajo el rito del trámite simplificado, a ello procede la Corte, previo análisis de los siguientes aspectos:
1. Validez formal de la documentación.
Conforme a lo preceptuado en el artículo 495 de la Ley 906 de 2004, la solicitud de extradición debe efectuarse por vía diplomática y, de manera excepcional, por la consular o de gobierno a gobierno, aportando copia auténtica del fallo o de la acusación proferida en el país extranjero, con indicación de los actos que determinan la petición, así como del lugar y fecha de su ejecución. Todo ello...
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