Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº AP3696-2018 de 29 de Agosto de 2018
| Número de expediente | 52962 |
| Fecha | 29 Agosto 2018 |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Materia | Derecho Penal |
E.F.C.
Magistrado Ponente
Radicación Nº 52962
Aprobado mediante Acta No. 288
Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciocho (2018).
La Sala decide el recurso de reposición interpuesto contra el auto de 27 de junio de 2018, por el cual la Sala inadmitió la demanda de revisión presentada a nombre de C.A.R. TORRES.
De la actuación se desprende que, alrededor de las 2:15 P.M. del 21 de septiembre de 2010, tres hombres entraron a la vivienda ubicada en la calle 17 No. 14 – 75 de Villa del Rosario, Cúcuta, donde se encontraban J.D.G.G., su esposa E.A.S. y su hijo.
Tras intimidar a la nombrada con armas de fuego y despojarla de algunas pertenencias, uno de los agresores ingresó a una habitación del inmueble en la que en ese momento dormía J.D.G.G.. Una vez éste despertó, el sujeto lo requirió para que “le entregara toda la plata” y le disparó en dos ocasiones. Los atacantes emprendieron la huida inmediatamente y G.G. falleció momentos después en el hospital de Villa del Rosario, a donde fue trasladado para la atención de sus heridas.
Algún tiempo después, específicamente el 25 de marzo de 2012, la nombrada E.A. acudió a la Policía para reportar que pudo reconocer a una persona cuya fotografía fue publicada en la edición del diario Q’hubo del día 19 de ese mes y año como uno de los involucrados en los hechos. En razón a ello, y gracias a algunas actividades investigativas adelantadas a partir de esa información, se pudo identificar a J.G.G. y C.A.R. TORRES como dos de los responsables.
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Mediante sentencia de 6 de febrero de 2017, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Conocimiento de Los Patios, Cúcuta, condenó a C.A.R. TORRES y J.E.G.G. como coautores de los delitos de homicidio, hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de armas, todos agravados.
Consecuentemente, les impuso la pena principal de 460 meses de prisión.
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Esa providencia fue apelada por la defensa y confirmada parcialmente por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta en fallo de 14 de julio de 2017, en el cual mantuvo la condena por los delitos de homicidio y hurto calificado agravados, pero declaró la prescripción de la acción penal por el de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
De acuerdo con lo anterior, reajustó la sanción principal y la fijó en 436 meses de prisión.
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No fue interpuesto el recurso extraordinario de casación[1].
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Mediante escrito de 28 de mayo de 2018, A.S.V.R., quien dijo actuar como apoderada de C.A.R. TORRES, presentó demanda de revisión contra las sentencias de instancia, para lo cual invocó las causales previstas en los numerales 1 a 6 del artículo 192 de la Ley 906 de 2004.
Adujo que la condena proferida contra RINCÓN TORRES «se debe a una ineficacia procesal por ámbitos penales del Juez de Los Patios», pues «cuando se cometió el crimen no hubo respuesta viable y acertada en las declaraciones emanadas por la esposa e hijo de la persona fallecida».
Indicó que si bien los testigos directos de los hechos dijeron reconocer a R.C.B. como una de las personas involucradas en los hechos, lo cierto es que para la fecha en que estos sucedieron aquél estaba privado de la libertad.
De acuerdo con lo anterior, pidió de la Sala «rectificar y corroborar la viabilidad de cualquier hecho y prueba contundente basada en hechos, tiempo, modo y lugar». Agregó que «este proceso no debó proseguir por falta de querella o pruebas contundentes».
PROVIDENCIA IMPUGNADA
Mediante auto de 27 de junio de 2018, la Sala inadmitió la acción impetrada.
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En primer lugar, señaló que, de acuerdo con el artículo 193 de la Ley 906 de 2004, la interposición de la acción de revisión, cuando se pretende a través de apoderado, requiere poder especial conferido para ese efecto.
A pesar de ello, quien dice actuar como mandataria de RINCÓN TORRES en esta sede no allegó ese documento, sino un poder que le fue otorgado para representarlo en el proceso penal en el que fue condenado.
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Seguidamente, la Corte precisó que, aún de tenerse por subsanado ese defecto, no resultaría procedente admitir el libelo, porque la peticionaria no precisó cuál es la causal invocada y se limitó a pedir de manera genérica que se revisen los fallos de condena, como si de una tercera instancia se tratara.
DE LA REPOSICIÓN
En escrito de 10 de julio último, la abogada V.R. interpuso «recurso de reposición, en subsidio de apelación» contra el auto por el cual se inadmitió la demanda de revisión. Pidió que se tramite «el recurso de revisión para darle una oportunidad a este ciudadano colombiano…y sea abolida una sentencia condenatoria de un delito que no cometió».
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Partió por precisar que la pretensión revisionista se fundamenta en la causal prevista en el numeral 1º del artículo 192 de la Ley 906 de 2004, esto es, que «se haya condenado a dos (2) o más personas por un mismo delito que no hubiese podido ser cometido sino por una o por un número menor de las sentenciadas».
En ese sentido, señaló que para la época de los hechos, tanto J.G.G. como R.C.B. y C.A.R. TORRES estaban privados de la libertad por los delitos de concierto para delinquir y «porte de armas». A pesar de ello, fueron vinculados a la investigación por el señalamiento que les hizo «un menor de edad, hijo de la persona asesinada» quien en realidad se equivocó al hacer dicha incriminación.
De acuerdo con lo expuesto, y luego de transcribir los artículos 376 y 380 de la Ley 906 de 2004, arguyó que «hay una ineficacia del proceso en los actos probatorios» y, por consecuencia, «violación al derecho de defensa y del debido proceso en aspectos sustanciales».
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De otro lado, invocó la causal 6º de revisión, la cual opera cuando «se...
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