Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48820 de 14 de Noviembre de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 748651089

Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48820 de 14 de Noviembre de 2018

Fecha de Resolución:14 de Noviembre de 2018
Emisor:Sala de Casación Penal
Número de Proceso:48820
Número de Providencia:SP4883-2018
Sentido del Fallo:SI CASA / CONDENA
Historial del Caso:Resuelve recurso contra sentencia de Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, Sala Penal, de 17 de Noviembre de 2015
RESUMEN

Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de CartagenaDelitos: Concierto para delinquirFuente formal: Constitución Política de Colombia de 1991 art. 29 inc. 1, 228, 235 inc. 2 y 235 inc. 7 / Acto Legislativo 01 de 2018 art. 3 / Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polìticos 15 art. 15 núm. 5 / Ley 599 de 2000 art. art. 32, 38 núm. 1, 38 B, 61, 63, 68 A inc. 2, 340 inc. 1 y 340 inc. 2 / Ley 600 de 2000 art. 24, 178, 180, 186, 187, 194 y 201 / Ley 733 de 2002 art. 8 / Ley 906 de 2004 art. 188 inc. 2 / Ley 1709 de 2014 art. 29Asunto: Los cargos a la luz de los cuales la Sala examinará la construcción de la premisa fáctica de las decisiones impugnadas, por la vía de la infracción indirecta de la ley sustancial, estriban en el cuestionamiento de los procesos de apreciación y valoración probatoria, aplicados por los falladores de instancia. Las hipótesis de ilegalidad presentadas por las censuras -depuradas por la Sala para permitir un pronunciamiento de fondo-, por una parte, se fundamentan en la total inobservancia de algunas pruebas, así como en el cercenamiento del contenido objetivo de otros medios de conocimiento; por otra, derivan de un análisis probatorio en contravía de los criterios de la sana crítica. De esta manera, la Corte verificará la construcción de la premisa menor del silogismo de la resolución, para establecer si se presentaron los yerros de observación y de valoración presentados en las demandas, que invaliden la estructura probatoria construida en las instancias. En caso afirmativo, establecerá si los errores son de magnitud o trascendencia suficiente para variar el sentido de la decisión cuestionada, lo cual, a su vez, obligaría a aplicar un nuevo juicio de responsabilidad sobre los hechos que, efectivamente, habrían de entenderse como probadosTema: CASO PARAPOLÍTICA CONCIERTO PARA DELINQUIR - Agravado: con fines de paramilitarismo, alianzas con políticos / PARAMILITARISMO - Costa atlántica / CONCIERTO PARA DELINQUIR - Agravado: promover grupo ilegal Tesis: [ &] la Sala trae a colación, en primer lugar, algunas apreciaciones generales, desarrolladas por la jurisprudencia, en relación con el contexto de sistemáticas alianzas entre servidores públicos y políticos con grupos paramilitares, en cuyo marco, entre otros, se pactaron provechos electorales, garantías de seguridad, beneficios económicos y la mutua colaboración entre el proyecto paramilitar y la función pública en los niveles local, regional y nacional. [ &] Y esa labor de cooptación de la administración pública, que se desarrollaba paralelamente junto a la lucha antisubversiva y a acciones de amedrentamiento contra la población civil, hizo uso de una marcada estrategia de coalición con servidores públicos, a través de los cuales los paramilitares buscaron posicionamiento social, a fin de legitimar su actuar, propósitos e ideología [ &]. [ &] En ese contexto de alianzas entre miembros de los grupos de autodefensa y servidores públicos del orden municipal, departamental y nacional, especialmente de los sectores administrativo y legislativo, los comandantes de las autodefensas, como si fueran actores legítimos de la democracia, emprendieron la realización sistemática de reuniones con aquéllos, a quienes convocaban para hacerlos partícipes de sus proyectos e intenciones políticas, así como para sellar pactos, alianzas o compromisos con ellos. De ahí que la participación de servidores públicos en ese tipo de reuniones constituya un referente de imputación en contra de aquéllos por concierto para delinquir por promoción de grupos armados al margen de la ley, en la medida en que, por una parte, la aceptación de ese tipo de convocatorias era una manera de conferir a los paramilitares el anhelado y pretendido reconocimiento social; por otra, tales encuentros no solían ser meros eventos de promoción o propaganda política, como si se tratara de candidatos en campaña que exponen sus ideas, sino que allí se sellaban pactos o alianzas, a la vez que se llegaba a acuerdos entre los participantes. Ese tipo de encuentros, de la mayor trascendencia para las AUC en la costa caribe, solían realizarse, entre otros lugares, en un predio conocido como [ &] o [ &] , ubicado en [ &] (Bolívar), municipio considerado como uno de los principales cuarteles de las autodefensas en esa región, en la que alias JD y DV se reunieron con los alcaldes de [ &],[ &],[ &],[ &] y [ &], así como con congresistas, entre los que se mencionó a JCL [ &]. FALSO JUICIO DE EXISTENCIA - Por omisión: se configura / TESTIMONIO - Apreciación probatoria: criterios que deben ser observados para su apreciación / PRUEBA - Apreciación probatoria: apreciación integral de la prueba / TESTIMONIO - Credibilidad / REGLAS DE LA EXPERIENCIA - Situaciones de peligro / FALSO JUICIO DE IDENTIDAD - Por cercenamiento / FALSO JUICIO DE IDENTIDAD - Por tergiversación: configuración / CONCIERTO PARA DELINQUIR - Agravado: con fines de paramilitarismo, alianzas con políticos, insuperable coacción ajena / REGLAS DE LA EXPERIENCIA - Configuración: por lo general quien está amenazado no se desprende de sus escoltas para acercarse a quienes lo intimidan / SANA CRÍTICA - Valoración mancomunada de la prueba Tesis: [ &] como se reseñó en precedencia, uno de los principales referentes de imputación en contra del acusado -desde luego no el único- fue su participación en una reunión convocada por dos jefes paramilitares de las zonas de [ &] y [ &], en la costa atlántica. En ese encuentro, múltiples alcaldes acudieron a enterarse del proyecto político de las AUC, propósito genérico de la reunión. Los juzgadores de instancia determinaron que ese hecho atribuido CMTO, para ese entonces Alcalde de [ &], carece de aptitud para probar la pertenencia de aquél a las AUC o su cercanía a los comandantes de éstas, como tampoco es indicativo de que el acusado hubiera promovido grupos armados ilegales. Ello, por cuanto el señor TO no acudió libre y voluntariamente a la reunión, sino determinado por un temor reverencial o miedo insuperable a los miembros de las autodefensas. Para la Sala, tal conclusión probatoria es equivocada, en la medida que, como enseguida se verá, está afectada por yerros de apreciación, consistentes en falso juicio de existencia por omisión y falso juicio de identidad -tanto por cercenamiento como por tergiversación-, así como por errores de raciocinio en la valoración de las versiones del acusado. En criterio del juez de primera instancia, es creíble que CTO asistió a la reunión con los paramilitares por temor reverencial, dado que esa manifestación del acusado no sólo pertenece a su fuero interno, sino debido a que DV reconoció que sus decisiones eran autoritarias. De ahí que, para el a quo, es dudoso que la gente hubiera ido a esa reunión de manera tranquila, cuando no se puede tapar el sol con una mano, en cuanto a esos criminales, a lo largo y ancho del país, conminaban a las autoridades a escuchar sus planteamientos. Aunque, claro está, también es verdad que muchos políticos se cohonestaron con ellos . De otro lado, acorde con el fallo de primer grado, se cuestiona al acusado porque se deshizo de los escoltas para ir a la reunión de [...] y no denunció la citación a esa reunión, lo cual se le reprocha como primera autoridad municipal, máxime que nada hizo respecto al anuncio que se le ejecutaría un mal al Inspector de Policía. Empero, según el juez, tales reproches carecen de solidez, pues cuestionar después de 11 años lo que debió o no debió hacer un alcalde municipal, desde una oficina y escribirlo en un computador es una tarea fácil, porque esa fue una época absolutamente tenebrosa y los miedos son manejados de distintas maneras. Pero en todo caso, me atrevo a asegurar que si se recopila una estadística de las denuncias sobre citaciones de estos delincuentes a las autoridades o políticos, seguramente las cifras serían bajas, si es que las hay, porque lo más probable es que algún mal sería la respuesta a tan valiente actitud . [ &] Pues bien, en la valoración del dicho del acusado a ese respecto, los falladores de instancia inobservaron elementos de conocimiento que, en lugar de corroborar en hechos externos que aquél en verdad temía a los paramilitares y se sentía en riesgo si no acataba su llamado, apuntan a una hipótesis contraria, a saber, que lejos de considerarlos un peligro y tenerles miedo, tenía confianza para acudir a sus invitaciones, por tener cierta cercanía con ellos. El primer falso juicio de existencia por omisión tuvo lugar con la falta de apreciación del formato DGDH-ACP, diligenciado el 24 de julio de 2002 por CMTO, con destino al Grupo de Protección de Alcaldes, Concejales y Personeros de la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior (fl. 95 C. Anexo N 2). Por ese medio, el acusado denunció amenazas de muerte porque lo tildan de auxiliador de los paramilitares . Como prueba de ello, anexó, entre otros documentos, una carta de la guerrilla o de quien haga sus veces . Y, en consecuencia, solicitó que se garantizara su vida con escoltas para desplazamientos, y otros permanentes en su residencia, entrega de chalecos anti-balas para él y sus escoltas, suministro de equipos de comunicación de largo alcance y un esquema de protección concertado con las autoridades . Tampoco, destácase, observaron los juzgadores otras comunicaciones suscritas por el procesado, con destino al Gobernador de Bolívar, en similar sentido [ &]. [ &] Inclusive, tampoco advirtieron los falladores que, el 2 de julio de 2002 (fl. 250 C.1), CT, como Alcalde de [ &], se sumó a una carta dirigida por varios alcaldes (de los municipios de [ &], [ &], [ &], [ &], [ &], [ &], [ &], [ &] y [ &]), a través de la cual los burgomaestres dieron a conocer su honda preocupación por las amenazas de muerte de las cuales han sido objeto por parte de la guerrilla de las FARC, en caso de que no renuncien a sus cargos , motivo por el cual solicitaron protección para sus vidas, pues en caso contrario no les queda otra alternativa que renunciar a sus cargos por la falta de garantías para ejercer sus funciones . La falta de apreciación de las reseñadas pruebas documentales impidió que se declararan probados algunos hábitos de conducta del acusado, con ocasión de conductas intimidantes recibidas de grupos armados al margen de la ley. La Sala puede, entonces, declarar probado que, en su condición de Alcalde de [ &], CTO acudió al Gobernador de Bolívar, como máximo comandante de policía del departamento, así como al Ministerio del Interior, para exigir seguridad y protección, porque se sentía atemorizado por la guerrilla de las FARC, a cuya convocatoria, acertadamente, se negó a asistir. Además, tales pruebas demuestran que los requerimientos que ese grupo ilegal le hizo al procesado para que asistiera a una supuesta reunión -como él mismo lo expresó- se debieron a que lo tildaban de auxiliador de los paramilitares . Y esa inobservancia para nada es minúscula, pues en punto de valoración, impidió que tanto el juez como el Tribunal contrastaran el dicho del acusado, en relación con el supuesto temor que lo determinó para acudir a encuentros con paramilitares en [ &], con expresiones externas de su comportamiento, para así analizar si en verdad estaba atemorizado o acudió al llamado libre y voluntariamente, sin miedo alguno. Desde esa perspectiva, la experiencia dicta que, por lo general, quien siente en peligro su vida e integridad y tiene a su disposición escoltas, no se separa de ellos cuando hay aproximación a la fuente de riesgo. Desde luego, puede haber situaciones excepcionales de constreñimiento que obliguen al protegido a tomar tal determinación cuando así se lo exige quien lo amedrenta, como podría ser, por ejemplo, el requerimiento a un encuentro, sin escoltas, so pena de que se le cause daño a un ser querido u otra circunstancia adicional de amedrentamiento. Mas nada de ello ocurrió en el presente caso, pues como se advierte en la versión ofrecida por CT al respecto, reseñada en los fallos de instancia, ninguna amenaza en concreto le hicieron los paramilitares para que asistiera al encuentro, sino que él atendió, sin más, la advertencia de ir sin escoltas. Y ello es inexplicable si les temía o los consideraba una fuente de riesgo o amenaza, pues, por regla general, la prudencia aconsejaría abstenerse de asistir y resguardarse haciendo uso de los escoltas, maximizando las medidas de protección. Pero el acusado hizo algo contrario, esto es, acercarse a la fuente de peligro y despojarse de los hombres que le fueron asignados para cuidar su vida e integridad. De suerte que, desde una valoración del comportamiento del procesado, a la luz de criterios generales y abstractos que dicta la experiencia, hay motivos serios para creer que aquél no acudió al encuentro por temor, pues ese no es el patrón de comportamiento que, de ordinario, mostraría una persona en sus condiciones -esto es, revestido de autoridad y protección policial-. Esa autoridad y conocimiento de los mecanismos institucionales de protección fue los que, en contraposición, ejerció el acusado cuando se sintió indefenso y amedrentado por exigencias provenientes de otro grupo armado al margen de la ley, pero de ideología y propósitos diversos, como la guerrilla de las FARC. Es curioso ver cómo el señor T, con tanta insistencia, reclamó del Estado protección para su vida e integridad, al tiempo que se negó a asistir a citaciones -no sólo de la guerrilla, sino inclusive institucionales-, alegando que se sentía vulnerable y desprotegido. Empero, cuando el llamado provino de las autodefensas, le fue fácil deshacerse de sus escoltas, por los que tanto imploró, para acudir a un encuentro con jefes paramilitares en un sitio donde, según su descripción, había más de 100 militantes armados (fl. 5 de la versión libre rendida el 13 de marzo de 2009). Tal conducta, más allá de mostrar el incumplimiento del deber de denunciar las presiones ejercidas en su contra por las autodefensas, lo que indica es que el acusado acudió libre y voluntariamente a la convocatoria efectuada por JD para reunirse con otros alcaldes y servidores públicos de otro nivel en [ &]. Si en verdad hubiera sentido temor, se habría comportado como lo hizo cuando los requerimientos e intimidaciones provenían del bando contrario, esto es, la guerrilla de las FARC, exigiendo protección estatal o contemplando la posibilidad de renunciar a su cargo, como se lo hizo saber al Gobernador al unísono con los demás burgomaestres signatarios de la comunicación del 2 de julio de 2002. Y ese miedo o temor reverencial queda aún más en el vacío al incluir en la apreciación probatoria la manifestación hecha por alias JD, en el sentido que nunca amenazaron ni persiguieron al señor TO. Antes bien, se inobservó un aparte fundamental de sus declaraciones -falso juicio de identidad por cercenamiento-, pues el prenombrado comandante paramilitar no sólo sostuvo que el Alcalde de [ &] jamás fue objetivo militar, sino que el traslado de aquél a Cartagena, por supuestas amenazas, fue un montaje. Esto, por cuanto en esa ciudad las milicias eran aún más influyentes y peligrosas, por lo que habría sido más fácil darle de baja [ &]. [ &] Esa explicación dada por JD merece plena credibilidad, como quiera que cuando denunció amenazas a las autoridades, TO jamás las atribuyó a las AUC, sino a las FARC. Sólo cuando se vio vinculado a procesos penales por vínculos con las autodefensas, fue que les endilgó a éstas amenazas o persecuciones, tratando de soportarlas con declaraciones de sus colaboradores, como la de RACC (fl. 50 C. 9), también inadvertida por completo por los juzgadores, quien contra toda la evidencia documental atrás reseñada, aseguró que CT se trasladó a Cartagena por su sugerencia, debido a presiones y problemas de seguridad con las AUC. Ahora bien, es el propio acusado quien descarta la posibilidad de que las reiteradas solicitudes de protección y seguridad al Gobernador y al Ministerio del Interior hubieran surgido con posterioridad a la mencionada reunión en [ &], pues en su indagatoria (fl. 290 C.6), que en ese aparte también fue inobservada por los falladores, incurriendo en otro falso juicio de identidad por cercenamiento, CMTO sostuvo que, para la fecha en que el comandante JD lo llamó para citarlo, esto es, en febrero o marzo de 2002, él ya estaba amenazado. Aunado a lo anterior, el ad quem tergiversó el testimonio del Coronel José Javier Toro, Comandante de Policía de Bolívar (fl. 19 C.7), al sostener que, de cierta manera , el procesado sí denunció ante la Policía la presencia de las autodefensas en [...], por señalar a su yerno como paramilitar, cuando lo esencial de la declaración de dicho oficial no es lo alusivo a las rencillas entre CT y AAM, quienes en varios escenarios se han lanzado acusaciones mutuas, sino la actitud de la primera autoridad policiva de [ &] frente a la actividad de las autodefensas en el municipio. Antes bien, el CT clarificó que CT, quien no era muy colaborador con la Policía , nunca le indicó que tuviera algún problema especial de seguridad ni le informó sobre la presencia de paramilitares en la zona. Además, puso de presente que en la época en que fue Comandante de Policía de Bolívar, en Cartagena, no recuerda que el procesado hubiera tenido que trasladar su despacho a esa ciudad, pues aquél vivía en Cartagena, permanecía más allá que en [ &] , aseveración que, sin dudarlo, solidifica la hipótesis de que el traslado fue un montaje, como lo indicó UBM. Esa lectura tergiversada de las pruebas, valga resaltar, deviene del cercenamiento de la declaración de FCTT, así como de la supresión de apartes relevantes de la declaración del Coronel T [ &]. [ &] Por su parte, FCTT (fls. 98-99 C. 2), quien lejos está de confirmar lo expuesto por el acusado, en el sentido que presentó una denuncia verbal ante el Comandante de Policía de Bolívar para que a ALM le hicieran un seguimiento y lo capturaran en flagrancia &porque era la persona que le cobraba las vacunas dizque a un comandante A en [ &] , declaró que el procesado apenas se refirió ... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Magistrada Ponente

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

SP4883-2018

Radicación N° 48.820

(Aprobado Acta Nº 383)

Bogotá D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)

VISTOS

La Corte Juzga, en sede de casación, la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2015 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, por cuyo medio confirmó el fallo dictado, en primera instancia, por el Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de esa ciudad, a través del cual absolvió a C.M.T.O. por el delito de concierto para delinquir agravado.

HECHOS

De acuerdo con la acusación, entre los años 2000 y 2002, en la región de Sucre, tuvo lugar el fenómeno expansionista de las Autodefensas Unidas de Colombia, organizadas en el Bloque Héroes de los Montes de M., al mando de R.M.P., alias CADENA. Tal estructura se dividió en dos frentes, uno con la misma denominación y otro llamado Frente Canal del Dique, al mando de U.B.M., alias JUANCHO DIQUE. Este último frente controló los municipios del norte del departamento de Bolívar y, posteriormente, toda la región, incluyendo la ciudad de Cartagena.

Dichos grupos paramilitares no sólo pretendían ocupar nuevos territorios, sino cooptar las administraciones públicas de las regiones dominadas, vinculando a la organización al margen de la ley a un gran número de dirigentes políticos. Con ese propósito, se habrían gestado una serie de acuerdos, alianzas y vínculos con funcionarios públicos y políticos de los niveles regional y nacional, necesarios para consolidar el poder militar, político y económico de las autodefensas.

En ese contexto, a finales del año 2002, tras la llegada del Frente del Canal del Dique, en el predio “Casa Loma”, ubicado en Arjona (Bolívar), tuvo lugar una reunión “política” presidida por alias JUANCHO DIQUE y E.C.T., alias D.V., tendiente a socializar “el modelo” de las AUC y conseguir “adeptos políticos”. A ese encuentro habrían concurrido, entre otros líderes locales, C.M.T.O., Alcalde de A., y Á.L.M., yerno de éste, quienes acorde con las versiones de algunos desmovilizados construyeron vínculos con las autodefensas, al punto de instigar el homicidio de C.O.C., V. de A..

  1. ANTECEDENTES PROCESALES PERTINENTES

    Con fundamento en los referidos hechos, la Fiscalía 3ª Especializada de Cartagena, teniendo en cuenta la versión libre rendida por alias JUANCHO DIQUE, vinculó a C.M.T.O. a la investigación adelantada por el homicidio de C.O.C., así como por el delito de concierto para delinquir.

    Mediante resolución del 25 de enero de 2010, el F. 1º delegado ante la Corte Suprema de Justicia anuló parcialmente la actuación, a fin de vincular a C.M.T.O. únicamente por concierto para delinquir agravado, con exclusión de la imputación por homicidio agravado. Ello, por cuanto el señor T.O. ya había sido investigado por el homicidio del Personero de Arjona, siendo favorecido con preclusión de la investigación, dictada por la Fiscalía 36 Seccional de Cartagena, dentro del proceso radicado con el Nº 133.343.

    Al definir situación jurídica, el fiscal impuso a C.T.O. medida de aseguramiento de detención preventiva, como posible autor de concierto para delinquir, decisión que fue confirmada por la Fiscalía delegada ante la Corte, a través de resolución del 23 de julio de 2010.

    Cerrada la instrucción, el 17 de diciembre de 2010 la Fiscalía 26 Especializada calificó el mérito del sumario con resolución de acusación contra C.M.T.O. y Á.L.M., como probables autores de concierto para delinquir agravado.

    Tal determinación fue revocada parcialmente por el F. 1º delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien a través de resolución del 8 de febrero de 2011, al resolver el recurso de apelación formulado por la defensa, precluyó la investigación a favor de ÁLVARO DE J.L.M.. En relación con C.M.T.O., confirmó la resolución de acusación como probable autor de concierto para delinquir, agravado por promover y financiar grupos armados al margen de la ley.

    El conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de Cartagena, ante el cual se tramitó el juicio, a cuyo término, el juez dictó sentencia absolutoria el 29 de febrero de 2012.

    Contra esa decisión, tanto la fiscal como el representante del Ministerio Público interpusieron el recurso de apelación, el cual fue resuelto a mediante la sentencia del 17 de noviembre de 2015, a través de la cual el Tribunal Superior de Cartagena confirmó el fallo absolutorio.

    Dentro del término legal, los prenombrados sujetos procesales interpusieron el recurso extraordinario de casación y allegaron la respectiva demanda, lo que motiva el conocimiento del proceso por la Corte.

  2. SÍNTESIS DE LAS DEMANDAS

    3.1 Por la vía del art. 207-1 cuerpo segundo del C.P.P., la fiscal acusa la sentencia de violar indirectamente la ley sustancial, por haber incurrido el Tribunal en error de hecho constitutivo de falso raciocinio en la valoración de los testimonios de UBER BANQUEZ MARTÍNEZ, E.C.T., A.M., P.V., E.A., P.C.O. y del C.J.J.T., así como de la indagatoria del acusado. El mencionado yerro, sostiene, condujo a la aplicación indebida del art. 7º del C.P.P. y a la falta de aplicación del art. 232 ídem, así como del art. 340 del C.P.

    En sustento de su planteamiento, afirma que los testimonios directos que dan cuenta de las relaciones del señor TINOCO OROZCO con las autodefensas, en especial con alias JUANCHO DIQUE, fueron desconocidos.

    En esa dirección, prosigue, según la versión de “los múltiples testigos”, el procesado acudió a la reunión presidida por UBER BANQUEZ y E.C.T., en la cual se hizo presentación de este último como orientador político de la organización en la región, situación que, dice, pese a haber atribuido a temor, aceptó el acusado.

    Empero, el miedo a que hace alusión C.T. “se cae de su peso”, por cuanto no es cierto que aquél hubiera sido intimidado, ya que UBER BANQUEZ mencionó que tuvo una relación cercana con el alcalde, a punto tal que éste, cuando fue rector de la universidad IAFIC, concedió becas para su esposa, unas primas y unas amigas.

    Aunado a lo anterior, resalta, el acusado admitió haber acudido a la reunión sin escoltas, lo cual es “ilógico”, ya que si su vida corría peligro, como burgomaestre debió tomar medidas de seguridad para protegerse. Es más, enfatiza, atenta contra “la lógica, la experiencia y el sentido común” sostener que el acusado asistió obligado al encuentro por miedo, pues nunca puso en conocimiento de las autoridades el supuesto constreñimiento al que fue sometido. Esa, afirma, era su obligación como simple ciudadano, pero más como primera autoridad municipal.

    La inadecuada “valoración” probatoria, continúa, igualmente se torna palpable al haber el ad quem “dejado de lado” el testimonio del C.J.J.T.. Este oficial, destaca, contradice al acusado al negar que recibió queja alguna sobre las supuestas intimidaciones de las que aquél era víctima.

    A su vez, añade, el Tribunal descarta y “tacha de falso” el testimonio de JUANCHO DIQUE únicamente porque afirmó que, en una ocasión, se reunió con el procesado en Cartagena para tomar whisky en la playa -pese a que el acusado no ingería licor-, inobservando que el testigo también se reunió con el procesado tres o cuatro veces más, luego de la reunión de Casa Loma. Adicionalmente, subraya, no tiene presente el ad quem que, de acuerdo con lo probado, la presencia de TINOCO OROZCO en Cartagena era normal, dado que en un período de su alcaldía despachaba desde esa ciudad, donde le era más fácil encontrarse con tales “personajes”, pues no sería fácilmente reconocido.

    Que el acusado fuera abstemio por su condición de diabético, resalta, no implica que en ese tipo de reuniones políticas otras personas no consuman bebidas alcohólicas, al tiempo que la regla de abstención, en todo caso, puede ser violada. Entonces, afirma, el testimonio de JUANCHO DIQUE no debe ser desestimado, sólo porque se retractó en una parte del mismo y debido a que no recordaba que otras personas estaban en la cuestionada reunión. Al declarante, enfatiza, no puede exigírsele una recordación exacta, total ni “matemática” de los hechos.

    Los falladores de instancia, cuestiona, le dieron plena credibilidad a lo expresado por C.T. en la indagatoria, apoyándose en testimonios débiles y desconociendo todo el restante y abundante material probatorio que muestra su comparecencia a la reunión y sus relaciones con miembros de las AUC, con quienes se encontró en varias ocasiones.

    De otro lado, agrega, también se “desvaloró” la prueba documental extraída del computador de JUANCHO DIQUE, de cuyos archivos se extrajo información concerniente a la entrega periódica de dinero por parte de la Alcaldía de Arjona -municipio ubicado en el área de control del Frente Canal del Dique-, en el período en el que el acusado fue alcalde. Pese a que allí no figura el nombre del procesado, dice, es fácil concluir que era éste quien autorizaba las contribuciones, al tiempo que los cuestionados acuerdos solían incluir el pago de financiación de las campañas políticas con posterioridad a la elección de alcaldes. Adicionalmente, pone de presente, carece de fundamento lógico pretender que, tratándose de una organización armada ilegal, se registren nombres reales en los reportes de financiación.

    Tal informe, concluye, confirma la versión de UBER BANQUEZ MARTÍNEZ, en punto de la financiación de la organización armada ilegal con dineros provenientes de la Alcaldía.

    Por consiguiente, dado que no se valoraron algunos testimonios y otros lo fueron de manera aislada, solicita a la Corte casar la sentencia impugnada para que, en su lugar, el acusado sea condenado, en la medida en que, en su criterio, existe certeza sobre la materialidad de la conducta y la responsabilidad del procesado.

    3.2 Por su parte, el procurador también denuncia la violación indirecta de la ley sustancial por...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA