Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100102030002019-01341-00 de 15 de Mayo de 2019
| Fecha | 15 Mayo 2019 |
| Número de expediente | T 1100102030002019-01341-00 |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA |
| Materia | Derecho Civil |
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado ponente
(Aprobado en sesión de catorce de mayo de dos mil diecinueve)
Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil diecinueve (2019).
Decide la Corte la tutela entablada por E.P.S. contra la Sala de Casación Penal de esta Corporación, Presidencia de la República, Procuraduría y F.ía General de la Nación, los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario Inpec y el Centro Penitenciario La Picota, extensiva a la Unidad de Servicios Penitenciarios y C.s (Uspec) y al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017.
ANTECEDENTES
El libelista exigió la salvaguarda de sus «derechos a la vida, salud y los demás que se encuentren vulnerados», con el propósito que se «se inicien los estudios pertinentes para el trasplante de riñón y se [le] preste el cuidado tal como lo solicita [su] médico tratante»; así como «se estudie la posibilidad de declinar [su] extradición», o se condicione ésta «a que el gobierno de los estados unidos de américa (sic) garantice que realizará el trasplante renal».
En el campo de lo fáctico, contó, en lo medular, que se encuentra en «riesgo vital» por «enfermedad renal crónica agudiza de etiología anatómica dada ausencia de riñón izquierdo y con funcionamiento del 20% del riñón existente»; la Sala de Casación Penal dio «concepto favorable» y la Presidencia de la República concedió su entrega a los Estados Unidos de América; empero, la primera autoridad exhortó al Gobierno Nacional para que se «asegure que el estado requirente le garantice sus derechos a la salud y a la vida, ofreciendo los tratamientos médicos y de rehabilitación que demandan sus padecimientos».
Aseguró que «a la fecha no se han iniciado los estudios pertinentes para el trasplante renal requerido» y «los Estados Unidos de América, tampoco ha emitido las garantías necesarias para poder continuar con el respectivo trámite de extradición, las cuales fueron solicitadas desde el mes de diciembre de 2018».
La F.ía General de la Nación informó que «ha otorgado todas las garantías y autorizado la totalidad de los desplazamientos que han sido requeridos por el Instituto Nacional Penitenciario y C., con el objeto de atender citas médicas y exámenes especializados [27 autorizaciones]». El Ministerio de Relaciones Exteriores narró que desde que «procedió a comunicar y solicitar las garantías requeridas [para el extraditable] a la Embajada de Los Estados Unidos de América en Bogotá (…) no obran más actuaciones a la fecha», por lo que alegó «falta de competencia para atender la declaración impetrada». La Homóloga en lo penal expuso que «en relación con la salud del reclamado, la Corte exhortó al Gobierno Nacional para que en caso de conceder su extradición, condicionara la entrega a que el Estado Requirente garantice su derecho a la salud y vida, ofreciéndole el tratamiento médico y rehabilitación que demandan sus padecimientos, según lo recomendó el médico forense». El Ministerio de Justicia y del Derecho precisó que «encontrándose el ciudadano requerido a disposición de la F.ía (…), entidad competente para ordenar la captura con fines de extradición, corresponde a esta misma entidad coordinar lo pertinente para efectos de garantizar la salud y el cuidado del ciudadano requerido». La Procuraduría General de la Nación opuso «falta de legitimación en la causa».
Los demás convocados, guardaron silencio.
CONSIDERACIONES
1.- Ciertamente, mediante Nota Verbal No. 0735 del 31 de mayo de 2017, la representación diplomática de Estados Unidos de América clamó la «detención preventiva con fines de extradición» de Etelberto Payán Salazar, quien es solicitado para que comparezca a juicio...
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