Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 6600122130002019-00296-01 de 16 de Mayo de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 785442645

Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 6600122130002019-00296-01 de 16 de Mayo de 2019

Fecha de Resolución:16 de Mayo de 2019
Emisor:Sala de Casación Civil y Agraria
Número de Proceso:T 6600122130002019-00296-01
Número de Providencia:STC6028-2019
Sentido del Fallo:CONFIRMA NIEGA TUTELA
Historial del Caso:Resuelve recurso contra sentencia de Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia, de 10 de Abril de 2019
RESUMEN

Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil - Familia de Pereira

 
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L.A. RICO PUERTA

Magistrado ponente

STC6028-2019

Radicación n° 66001-22-13-000-2019-00296-01

(Aprobado en sesión de catorce de mayo de dos mil diecinueve)

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019).

Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de P. el 10 de abril de 2019, que negó las tutelas promovidas por J.E.A.I. (y se resolvieron de forma conjunta) contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad y el Procurador Delegado en Acciones Populares. Trámite al que fueron vinculadas la Alcaldía de esa urbe, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación (regionales Risaralda) y J.D.M..

ANTECEDENTES
  1. El solicitante, actuando en su propio nombre, reclama la protección del derecho fundamental al debido proceso, que en su sentir habría sido vulnerado por la autoridad judicial convocada.

  2. En sustento de su súplica relato que, dentro del trámite de las acciones populares n° 2018-00420 y 2018-00421 adelantas por J.D.M., decidió coadyuvar las mimas en razón a los derechos colectivos que allí se perseguían.

    Declaró que pese a la existencia de una norma especial que regula estos particulares procesos –Ley 472 de 1998- el despacho accionado finiquitó el trámite de los asuntos, so pretexto de cumplirse los requisitos previstos por el artículo 317 del Código General del Proceso, norma que en su sentir, y por la razón en comento no podía ser aplicada al caso bajo estudio.

  3. Con esos argumentos, solicitó que se ordene a la sede encartada lo siguiente: i) declarar de forma inmediata la «nulidad del auto que termin[ó] la acción popular», ii) consigne «todos los autos donde termin[ó] acciones populares por desistimiento tácito», iii) y certifique «si para el año en que termin[ó] desistimiento tácito en la acción popular de impuso oficioso, estaba en sistema escritural u oral», que el procurador delegado iv) «pruebe y demuestre que acciones legales hizo a fin de evitar la vulneración al debido proceso», v) «se brinde copia física gratis y de todo lo actuado (…) en la acción popular y en esta tutela». (f. 1 y 3, cd. 1).

    RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

  4. El Procurador Regional de Risaralda pidió su desvinculación del asunto, tras considerar que con su actuar no ha trasgredido ninguna de las garantías reclamadas por el promotor (f. 11 ibídem).

  5. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de P. remitió copia de la actuación adelantada en las dos acciones populares que originaron el presente resguardo, e informó que las mismas fueron archivadas, previa terminación decretada en autos de 18 de octubre de 2018 (f.46 ibíd).

  6. La Procuraduría General de la Nación consideró, en lo medular, que si bien la Ley 472 de 1998 le permitía realizar intervenciones a título de sujeto procesal en aras de velar por los derechos colectivos en tales asuntos, de modo alguno, impuso que su intervención fuera obligatoria en «todas las etapas del proceso, salvo en lo atinente a la audiencia especial de que trata el artículo 27», y que, por lo mismo, con su actuación no trasgredió las prerrogativas reclamadas, por lo que pidió...

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