Auto Interlocutorio de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54425 de 30 de Abril de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 785449045

Auto Interlocutorio de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54425 de 30 de Abril de 2019

Fecha de Resolución:30 de Abril de 2019
Emisor:Sala de Casación Penal
Número de Proceso:54425
Número de Providencia:AP1526-2019
Sentido del Fallo:INADMITE
Historial del Caso:Resuelve recurso contra sentencia de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal
RESUMEN

Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de Cundinamarca
Delitos: Uso de documento falso

 
ÍNDICE
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EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

Magistrado Ponente

AP1526-2019

Radicado N°54425

Aprobado acta N° 101

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil diecinueve (2019).

VISTOS

Decide la Sala sobre la admisibilidad de la demanda de revisión presentada por J.E.R.M., a través de apoderado, contra la sentencia emitida el 26 de enero de 2012 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, que confirmó con modificaciones, la dictada el 18 de octubre de 2011 por el Juzgado Único Penal del Circuito de Fusagasugá, mediante la cual fue declarado penalmente responsable del delito de uso de documento público falso.

HECHOS

De acuerdo a lo que se declaró probado en las instancias, J.E.R.M. ejercía la profesión de abogado sin contar con estudios en derecho.

En desarrollo de esa actividad ilegal se presentó como apoderado de la querellada G.O. en la diligencia de inspección ocular realizada el 13 de agosto de 2004, dentro del proceso contravencional de lanzamiento por ocupación de hecho adelantado por A.C.C. en la Inspección Municipal de Policía de Venecia, Cundinamarca, para cuyo efecto exhibió la tarjeta profesional de abogado No.82347

Luego, ante esa misma autoridad policiva intervino como apoderado de E. y J.M.B.E. en la diligencia de inspección ocular efectuada el 10 de septiembre de 2004, dentro del proceso contravencional de perturbación a la posesión contra C.J.M.Á., presentando el mismo documento que supuestamente lo acreditaba como abogado.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura certificó que J.E.R.M. no aparece inscrito como abogado y la tarjeta profesional No.82347 fue expedida al jurista M.F.M.V..

Igualmente la Secretaria General de la Universidad Autónoma de Colombia informó que J.E.R.M. no cursó estudios de derecho en esa institución y que el diploma de abogado No.-001577[1] fue expedido a nombre de W.R.Q.N..

ANTECEDENTES RELEVANTES

  1. - Luego de adelantando el correspondiente juicio por el procedimiento previsto en la Ley 600 de 2000 que regía para ese momento, el Juzgado Penal del Circuito de Fusagasugá, Cundinamarca, el 18 de octubre de 2011 profirió sentencia condenatoria en contra de J.E.R.M. como autor responsable de los delitos de fraude procesal, uso de documento público falso y falsedad personal, imponiéndole la pena de sesenta (60) meses de prisión, multa de doscientos cincuenta y dos (252) salarios mínimos legales mensuales vigentes y sesenta y cuatro (64) meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

  2. - La Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, en sentencia de 26 de enero de 2012, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el sentenciado y su defensor, revocó la condena por los delitos de fraude procesal y falsedad personal, confirmándola por el delito de uso de documento público falso.

    Así, modificó la pena impuesta fijándola en veintisiete (27) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término.

  3. - En auto de 29 de mayo de 2013, radicado 39067, esta Corporación inadmitió la demanda de casación presentada por el defensor, al tiempo que casó oficiosamente la sentencia para dejar sin efectos la pena de multa impuesta en la primera instancia y aclarar que la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es accesoria.

    DEMANDA DE REVISIÓN

    El apoderado de J.E.R.M., presentó demanda de revisión invocando la causal prevista en el numeral 2º del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, esto es, «cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria o que imponga medida de seguridad, en proceso que no podía iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción, por falta de querella o petición válidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinción de la acción penal».

    Para sustentar la causal, señaló que su prohijado fue denunciado ante la Procuraduría Provincial de Facatativá por haberse desempeñado como P.M. de Venecia, Cundinamarca, cuando no reunía las condiciones para ello, sin embargo, con resolución de 21 de julio de 2005 se declaró prescrita la acción disciplinaria y se inhibió de adelantar investigación alguna. A su paso, aseveró que la Fiscalía General de la Nación también archivó la investigación penal que había iniciado por similares hechos.

    Señaló que ante la queja disciplinaria que se presentó en su contra, la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, dispuso la remisión de la actuación a la Inspección Cuarta A Distrital de Policía de la localidad de San Cristóbal de Bogotá, que mediante resolución administrativa declaró la caducidad de la acción.

    Pese a ello, la Fiscalía nuevamente inició investigación por los mismos hechos, generando así una afectación al principio de non bis in ídem.

    Asignado el conocimiento de...

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