Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1300122130002019-00089-01 de 13 de Junio de 2019
| Sentido del fallo | DEJAR SIN EFECTO JURÍDICO |
| Número de sentencia | ATC898-2019 |
| Fecha | 13 Junio 2019 |
| Número de expediente | T 1300122130002019-00089-01 |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Civil - Familia de Cartagena |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA |
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
ATC898-2019
Radicación n.° 13001-22-13-000-2019-00089-01
(Aprobado en sesión del doce de junio de dos mil diecinueve)
Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil diecinueve (2019).
Correspondería a la Corte decidir la impugnación formulada frente a la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Familia, el 10 de marzo de 2019, dentro de la acción de tutela promovida por Melba Nelly Florez Gil y M.R. de J.V.M. contra el Inspector de Policía de Punta Canoa, trámite al que fueron vinculados Á.R.R.G., M.P.P., A.V.M., Juzgados Primero y Segundo Civil del Circuito de la Capital de Bolívar, la Fiscalía Cincuenta y Ocho Local de Cartagena, si no fuese porque se advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a desarrollarse.
1. Las accionantes, actuando a través de apoderado judicial, reclamaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción y «[acceso efectivo y real a los mecanismos administrativos de justicia]», presuntamente vulnerados por la autoridad demandada, con ocasión del trámite impartido a la querella policiva promovida por las gestoras.
2. En sustento de sus súplicas, expusieron, en lo medular, que Á.R.R. promovió en contra suya, un proceso declarativo de pertenencia, que finalizó con sentencia de primera instancia adversa a las pretensiones del interesado. En dicho trámite el demandante propuso recurso de apelación, no obstante, el Tribunal Superior de Cartagena declaró desierto el mismo.
Agregaron que ante la conducta invasiva del demandante en pertenencia, el 1 de agosto de 2017 presentaron –ante la autoridad tutelada y a través de apoderado– querella policiva con miras a cesar la perturbación de su propiedad; por su parte, el querellado presentó idéntica petición con similar propósito la que fue tramitada de forma acumulada.
Enfatizaron en que, en el trámite del asunto –propiamente en la diligencia de inspección ocular– y por petición del delegado del ministerio público, el inspector declaró la nulidad de toda la actuación pretextando que el abogado que presentó la mencionada querella «no tenía mandato escrito» que le permitiera representar sus intereses «aun cuando hubiese sido el apoderado en el juicio civil».
Aunado a lo anterior, refirieron que para concluir su intervención el inspector señaló que «el restablecimiento del derecho sobre la propiedad debía ordenarlo un juez de la república y no [él]», y que en ese sentido, ante la ausencia de motivación de la decisión, «no se interpuso recurso alguno»
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