Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 7611122130002019-00073-01 de 16 de Julio de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 799901041

Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 7611122130002019-00073-01 de 16 de Julio de 2019

Fecha de Resolución:16 de Julio de 2019
Emisor:Sala de Casación Civil y Agraria
Número de Proceso:T 7611122130002019-00073-01
Número de Providencia:STC9307-2019
Sentido del Fallo:CONFIRMA NIEGA TUTELA
Historial del Caso:Resuelve recurso contra sentencia de Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga, Sala Civil-Familia, de 6 de Junio de 2019
RESUMEN

Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil - Familia de Buga

 
ÍNDICE
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L.A.T.V.

Magistrado ponente

STC9307-2019

Radicación n.° 76111-22-13-000-2019-00073-01

(Aprobado en sesión del 10 de julio dos mil diecinueve)

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019)

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia dictada el 6 de junio de 2019, por la S. Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en la salvaguarda promovida por L.D.P.B. al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Palmira, con ocasión del juicio ejecutivo H. nº 2001-0028, incoado por el Banco Davivienda S.A. a H.B.P. y C.V.V..

ANTECEDENTES
  1. La censora reclama la protección de las prerrogativas al debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente conculcadas por la autoridad convocada.

  2. La causa petendi constitucional y las correspondientes actuaciones admiten el siguiente compendio:

    En el litigio ejecutivo materia de esta salvaguarda el 6 de julio de 2012, se llevó a cabo diligencia de secuestro del inmueble identificado con matrícula 378-87566, ubicado en la carrera 30B No. 50-27 de Palmira.

    Posteriormente, L.D.P.B., solicitó el “levantamiento del embargo y secuestro” practicados, arguyendo ser poseedora, junto con su familia, del aludido bien desde hace más de 10 años, petición desestimada el 12 de junio de 2015, por considerarse su causahabiencia respecto de los ejecutados, decisión confirmada en segunda instancia.

    El juzgado convocado ordenó seguir adelante la ejecución el 15 de mayo de 2011 y decretó el remate de dicho predio.

    Agrega que por idénticas circunstancias a las antes narradas, el 11 de septiembre de 2018, presentó un incidente de nulidad en la diligencia de almoneda, pedimento rechazado de plano por “no encontrarse legitimada para presentarlo” al no ser parte en el proceso, según le indicó el a quo.

    Asevera que frente a esta determinación formuló alzada; empero, el estrado acusado, en proveído de 18 de octubre de 2018, la declaró desierta, por cuanto “(…) no pagó el porte en la oficina de correo (…) para la remisión del proceso (…)”.

    El predio fue finalmente adjudicado a la cesionaria del crédito, A.R.B., el 11 de septiembre de 2018, acto aprobado el 2 de octubre posterior.

    Contra esta última actuación la aquí actora interpuso reposición y, en subsidio, el remedio vertical, insistiendo en su calidad de poseedora.

    El primer remedio no logró derruir la providencia refutada, dado que, según se le expresó, de conformidad con lo señalado en el inciso 3º del artículo 452 del C.G.P., “(…) las irregularidades que pueden afectar la validez de la subasta solo pueden ser alegadas hasta antes de la adjudicación de los bienes (…)”; y el segundo, no se concedió por improcedente, pues “(…) no se encuentra enlistado en las causales dispuestas en el artículo 321 y 455 del C.G.P. (…)”.

    El 14 de mayo de 2019, propuso queja, frente a esta última determinación y recusó al juez de conocimiento, solicitudes aún no resueltas.

    Sostiene que para la entrega de la casa, se comisionó al Inspector de Policía de Palmira, “(…) restringiéndole la posibilidad a dicho funcionario de admitir oposición alguna (…)”.

    Indica que el proceder del despacho confutado le ha “cercena[do] [su] derecho de defensa”, al no permitirle actuar dentro del asunto coercitivo para hacer valer sus intereses, no concederle el medio de impugnación propuesto contra la invalidación y adjudicarle la propiedad en disputa a la cesionaria.

  3. Exige, en concreto, suspender y anular todo lo actuado, y autorizar su intervención en el decurso (fols. 1 a 18, cdn.1).

    Respuesta de los accionados y vinculados

    El juez del circuito convocado, realizó un recuento de su gestión y adujo estar ceñida a la ley (fol. 42).

    La sentencia impugnada

    Negó la salvaguarda, tras considerar que la promotora, “(…) según se desprende de las probanzas allegadas, no fue sujeto procesal del juicio, (…) de ahí que carece de legitimación en la causa para accionar (…)” (fols. 54 a 57).

    La impugnación

    La promovió la gestora, insistiendo en las inconformidades señaladas en el líbelo genitor (fols. 69-72).

CONSIDERACIONES
  1. La censora cuestiona (i) que no se le haya permitido ser parte en el litigio materia de esta salvaguarda, (ii) la determinación de 18 de octubre de 2018, por medio de la cual el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Palmira, declaró desierta la alzada interpuesta contra el auto que rechazo de plano el incidente de nulidad en la diligencia de remate, y (iii) la adjudicación del inmueble identificado con matrícula número 378-87566, ubicado en la carrera 30B No. 50-27 de Palmira, del cual dice ser poseedora.

  2. De entrada se negará el auxilio por no cumplirse con el requisito de inmediatez, por cuanto el mismo fue incoado tardíamente el 21 de mayo pasado, esto es, cerca de cuatro (4) años después de emitirse la providencia de 12 de junio de 2015, por medio de la cual se resolvió no aceptar la intervención como poseedora, debido a su causahabiencia respecto de los demandados, superándose el término estimado por esta S. como tempestivo para acudir a esta especial jurisdicción.

    En no pocas ocasiones, esta Corporación ha dicho:

    “(…) si bien la jurisprudencia no ha señalado unánime el término en el cual debe operar el decaimiento de la petición de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, sí resulta diáfano que éste no puede ser tan amplio que impida la consolidación de las situaciones jurídicas creadas por la jurisdicción (…), [por tanto] (…) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinación judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que éste último no pierda su razón de ser (…) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (…) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostró, ni invocó siquiera, justificación de tal demora por el accionante”[1].

    Desde esa perspectiva, si la gestora se demoró en presentar la petición constitucional, su descuido per sé es suficiente para...

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