Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100122030002019-01161-01 de 16 de Agosto de 2019
| Número de expediente | T 1100122030002019-01161-01 |
| Fecha | 16 Agosto 2019 |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA |
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado ponente
(Aprobado en sesión de catorce de agosto de dos mil diecinueve)
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil diecinueve (2019)
Decídese la impugnación formulada frente a la sentencia dictada el 10 de julio de 2019 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro de la tutela promovida por el Consorcio Zohet contra del Juzgado Veintitrés Civil del Circuito de la misma ciudad, el Banco Agrario de Colombia y la Secretaría de Hacienda Distrital de esta capital, con ocasión del juicio compulsivo promovido por Concretos Asfálticos de Colombia S.A. respecto de Agregados Yarima S.A.S. y García Vélez Asociados S. en C.S.
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ANTECEDENTES
1. El interesado, por conducto de apoderado, suplica la protección del derecho fundamental al debido proceso presuntamente lesionado por las autoridades convocadas.
2. De las declaraciones del gestor y de la información vertida en el expediente, se extraen como bases del reclamo, en síntesis, lo siguiente:
En el litigio ejecutivo cuestionado, el Juzgado Veintitrés Civil del Circuito de Bogotá dispuso el embargo de unas “cuentas” que los allí demandados tenían en la Alcaldía Local de Santafé -Fondo de Desarrollo; no obstante, esta última entidad, por equivocación, retuvo unos dineros del aquí actor, equivalentes a $208.129.134, derivados de la relación contractual sostenida con esa dependencia para esa época.
Afirma que luego de elevar varias solicitudes al estrado judicial accionado, éste libró oficio de 24 de enero de 2019, dirigido al Banco Agrario de Colombia indicándole
“(…) que queda en libertad de proceder a la devolución del depósito judicial No. 400100006570244 de abril 24 de 2018 a quien lo consignó, quien cometió el error de registrar como demandado al consorcio Zohet, ente que, se itera no es demandado en esta causa (…)”.
El 4 de febrero siguiente, la aludida sede bancaria, en respuesta a la célula judicial querellada, informó que debía diligenciarse el formato DJ04, donde se señalara quién era el beneficiario de dicho título o, en su defecto, el DJ05 si se requería su conversión.
Censura que, a la fecha de este resguardo, no se le haya dado solución de fondo a su requerimiento.
3. Exige, en concreto, ordenar la devolución de su dinero (fols. 15 al 21, cdno 1).
1.1. Respuesta de los accionado y vinculados
1. El despacho del circuito convocado adujo que el expediente fue enviado el 19 de febrero de 2019, a la oficina de apoyo para los juzgados de ejecución (fol. 46 ídem).
2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias hizo un recuento de la gestión refutada e indicó que el 25 de abril de este año, le fue remitido, por competencia un “derecho de petición” incoado por el representante legal del consorcio Zohet
“(…) pedimento que fue resuelto mediante auto adiado 14 de mayo del año avante, en el que entre otras cosas, se ordenó que por intermedio de la Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias, se proceda a dar estricto cumplimiento a lo ordenado (…)” (fols 38 a 39 ídem).
3. El Banco Agrario de Colombia manifestó que procederá a realizar el pago al beneficiario cuando el juzgado lo ordene a través del formato requerido, como se ha hecho en ocasiones anteriores (fols 48 y 49 ídem).
4. La Secretaría Distrital de Hacienda expuso que el Consorcio Zohet
“(…) no constituye una persona jurídica independiente, sino que (…) agrupa, sin fines asociativos, a los entes jurídicos para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato estatal, [en consecuencia] los derechos fundamentales a proteger serían los de sus consorciados (…)” (fols 54 a 56 ídem).
1.2. La sentencia impugnada
El a-quo constitucional negó la súplica, tras inferir la ausencia de los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad.
El primero, por cuanto han transcurrido más de seis meses desde el auto de 3 de octubre de 2018, mediante el cual el juzgado convocado no accedió a la devolución del dinero y, el segundo, porque el reclamante no elevó ninguna protesta frente al proveído de 3 de mayo de 2018, donde la sede judicial querellada reiteró que el consorcio “no es parte reconocida en el proceso” (fols. 139-145, ídem).
1.3. La impugnación
La incoó el promotor del resguardo con argumentos análogos a los expresados en el libelo introductor e insistiendo en la vulneración de sus garantías superiores (fols. 158 a 161 cdno. 1).
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CONSIDERACIONES
1. La acción de tutela es un instrumento de carácter preferente y sumario previsto para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la actuación u omisión de cualquier autoridad pública o, de los particulares en los casos señalados en la Constitución o en la ley; no siendo una vía sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico ha consagrado para salvaguardarlos.
Se admite excepcionalmente contra providencias judiciales, sólo si éstas contravienen ostensiblemente la normatividad vigente o responden al capricho o arbitrariedad del juzgador, según lo ha decantado la doctrina constitucional1 y, un nutrido número de decisiones de esta Corte2 que han estructurado la línea jurisprudencial por “vías de hecho”, conocida hoy, como “causales genéricas y específicas de procedibilidad”.
2. El Consorcio Zohet cuestiona la tardanza en la entrega de los dineros depositados por equivocación en...
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