Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 2300122140002019-00172-01 de 18 de Diciembre de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 837084701

Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 2300122140002019-00172-01 de 18 de Diciembre de 2019

Fecha de Resolución:18 de Diciembre de 2019
Emisor:Sala de Casación Civil y Agraria
Número de Proceso:T 2300122140002019-00172-01
Número de Providencia:STC17225-2019
Sentido del Fallo:CONFIRMA NIEGA TUTELA / DECLARACIÓN DE NULIDAD PARCIAL
Historial del Caso:Resuelve recurso contra sentencia de Tribunal Superior de Distrito Judicial de Montería, Sala Civil-Familia-Laboral, de 27 de Noviembre de 2019
RESUMEN

Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil - Familia - Laboral de Montería

 
ÍNDICE
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A.W.Q.M.

Magistrado ponente

STC17225-2019

Radicación n° 23001-22-14-000-2019-00172-01

(Aprobado en sesión de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve)

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).

Se decide la impugnación interpuesta contra el fallo proferido el 27 de noviembre de 2019 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, dentro de la acción de tutela promovida por A.R.B.N. contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito y la Dirección Seccional de Administración Judicial, autoridades ambas de esa misma ciudad.

ANTECEDENTES
  1. El promotor del amparo reclamó protección de sus garantías fundamentales al debido proceso y defensa, que dice vulneradas por las accionadas, por lo que solicitó «dejar sin efecto la sentencia de cobro coactivo…» y, además, «el mandamiento de pago» librado en su contra.

  2. Son hechos relevantes para la definición del presente asunto los siguientes:

    2.1. A.R.B.N. promovió proceso ejecutivo contra S.S.Á., que culminó con auto del 20 de abril de 2017, proferido por el juzgado accionado, que declaró la terminación de dicho juicio «por pago total de la obligación» y, además, impuso al demandante el pago de «arancel judicial» por un valor de $13.607.999.

    2.2. Con fundamento en dicha determinación, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería inició proceso de cobro coactivo contra A.R.B.N..

    2.3. Expresó el gestor del resguardo que la sede judicial acusado omitió notificarlo de la decisión «tomada sobre el arancel»; y que tampoco fue enterado de la existencia del prenotado cobro coactivo.

    RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

  3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería informó que la decisión de terminación de la ejecución, en la que, adicionalmente, se impuso el cuestionado arancel, se notificó «a las partes en estado No. 48 del… 21 de abril de 2017»; y que el actor no interpuso los recursos que procedían contra la reseñada determinación.

  4. La Dirección Seccional de Administración Judicial de esa misma localidad destacó que el accionante conocía de la existencia del trámite que adelanta en su contra, al punto que con escrito de «fecha 10 de julio de 2017», presentó escrito en el que se opuso «al cobro persuasivo del arancel judicial de… 8 de junio de 2017, indicando exactamente el radicado del proceso y el número del oficio de cobro persuasivo».

    LA SENTENCIA IMPUGNADA

    El a quo negó el resguardo, habida cuenta que la providencia criticada (que impuso el arancel judicial), fue notificada debidamente al quejoso, quien, además, «no interpuso… recurso de apelación contra el auto que dio por terminado el proceso», por lo que no se «satisface el requisito de la subsidiariedad».

    Respecto al proceso de cobro coactivo, adicionó que «no se satisfizo el requisito de la inmediatez…», comoquiera que el actor «hace más de dos años conoce la existencia de [dicho asunto]», así como «tampoco se [cumple] el requisito de subsidiariedad…, pues el tutelante actuó dentro del trámite…, por lo que no puede predicarse que… se ha efectuado sin su comparecencia».

    LA IMPUGNACIÓN

    Reiteró el gestor del resguardo que sus garantías constitucionales fueron vulneradas.

CONSIDERACIONES
  1. Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo jurídico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades públicas, en determinadas hipótesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.

    Por lineamiento jurisprudencial, en tratándose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable vía de hecho, cuando «el proceder ilegítimo no es dable removerlo a través de los medios ordinarios previstos en la ley» (CSJ STC 11 may. 2001, rad. nº...

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