Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Sala de Decisión de Tutelas nº T 108723 de 10 de Febrero de 2020 - Jurisprudencia - VLEX 840093417

Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Sala de Decisión de Tutelas nº T 108723 de 10 de Febrero de 2020

Fecha de Resolución:10 de Febrero de 2020
Emisor:Sala de Casación Penal - Sala de Decisión de Tutelas
Número de Proceso:T 108723
Número de Providencia:STP1179-2020
Sentido del Fallo:CONFIRMA NIEGA TUTELA
Historial del Caso:Resuelve recurso contra sentencia de Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibague, Sala Penal, de 28 de Noviembre de 2019
RESUMEN

Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de Ibagué

 
ÍNDICE
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JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

Magistrado Ponente

STP1179-2020

Radicación n.° 108723

(Aprobación Acta No. 026 )

Bogotá D.C., diez (10) febrero de dos mil veinte (2020)

VISTOS

Decide la S. el recurso de impugnación interpuesto por R. de J.G.R., contra el fallo de tutela proferido por la S. Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué el 28 de noviembre de 2019, mediante el cual denegó el amparo invocado contra el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad.

El Establecimiento Penitenciario y C. de Ibagué – COIBA, fue vinculado como tercero con interés legítimo en el presente asunto.

ANTECEDENTES Y

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Fueron recogidos en el fallo de tutela de primera instancia, en los siguientes términos:[1]

Radicada la inconformidad del accionante, en la tardanza del juez que tiene a cargo la vigilancia de su pena, en resolver las solicitudes que le elevó tendientes a que se le conceda la prisión domiciliaria y el beneficio administrativo de permiso hasta 72 horas, toda vez que considera que cumple con los requisitos.(Textual).

EL FALLO IMPUGNADO

28 de noviembre de 2019, la S. Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué denegó el amparo formulado por R. de J.G.R., al descartar que sus derechos hayan sido vulnerados en el trámite incidental.

Al respecto, advirtió que 22 de noviembre de 2019 el juzgado accionado redimió 25 días y 12 horas de pena por estudio y negó la redosificación de la sanción, el beneficio administrativo de 72 horas y la prisión domiciliaria y oficio al Establecimiento Penitenciario y C. de Ibagué – COIBA, para que remita documentación pertinente para la concesión del permiso administrativo.[2]

LA IMPUGNACIÓN

El 9 de diciembre de 2019, el accionante interpuso recurso de impugnación, criticando que de la pena impuesta de 28 años, 3 meses y 11 días, lleva en detención intramural 14 años y 3 meses y no han evaluado el permiso administrativo de 72 horas, ni la prisión domiciliaria en virtud que ya cumplió la mitad de la pena por tanto pide que se envié toda la documentación para solicitar y se conceda el beneficio administrativo de 72 horas.[3]

CONSIDERACIONES DE LA SALA

De conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta S. es competente para resolver el recurso de impugnación interpuesto por R. de J.G.R., contra la decisión proferida 28 de noviembre de 2019 por la S. Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué.

Al respecto, el problema jurídico que convoca a la S. consiste en establecer si contra la decisión proferida el 22 de noviembre de 2019, mediante la cual al accionante se le redimió 25 días y 12 horas de pena por estudio y se le negó la redosificación de la sanción, el beneficio administrativo de 72 horas, la prisión domiciliaria y ofició al Establecimiento Penitenciario y C. de Ibagué – COIBA, para que remitiera la documentación pertinente para la concesión del permiso administrativo, se configuran los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales y, en consecuencia, debe revocarse el fallo de tutela de primera instancia y conceder el amparo invocado.

Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales.

Como ha sido recurrentemente reiterado por esta S., la acción constitucional de tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para la accionante, tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional.

Por este motivo, y como ha sido desarrollado por la Doctrina constitucional, la acción de tutela contra providencias judiciales exige:

Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.

Que hayan sido agotados todos los medios...

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