Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 2000122140002019-00209-01 de 6 de Marzo de 2020 - Jurisprudencia - VLEX 841093082

Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 2000122140002019-00209-01 de 6 de Marzo de 2020

Fecha de Resolución: 6 de Marzo de 2020
Emisor:Sala de Casación Civil y Agraria
Número de Proceso:T 2000122140002019-00209-01
Número de Providencia:STC2430-2020
Sentido del Fallo:CONFIRMA NIEGA TUTELA
Historial del Caso:Resuelve recurso contra sentencia de Tribunal Superior de Distrito Judicial de Valledupar, Sala Civil-Familia-Laboral, de 16 de Enero de 2020
RESUMEN

Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil - Familia - Laboral de Valledupar

 
ÍNDICE
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L.A.T.V.

Magistrado ponente

STC2430-2020

Radicación n.° 20001-22-14-000-2019-00209-01

(Aprobado en sesión de cuatro de marzo de dos mil veinte)

Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinte (2020)

Decide la Corte la impugnación formulada respecto de la sentencia proferida el 16 de enero de 2020, por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en la acción de tutela promovida por R.E.M.C. contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Tercero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples, ambos de la misma ciudad, con ocasión del juicio de responsabilidad civil extracontractual impulsado por J.J.B.D. al aquí actor.

ANTECEDENTES
  1. Por conducto de apoderado judicial, el promotor exige la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales querelladas.

  2. En sustento de su inconformidad señala, en síntesis, que en el juicio materia de este auxilio, el Juzgado Sexto Civil Municipal hoy Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Valledupar, en sentencia de 20 de febrero de 2019, lo declaró responsable civil y extracontractualmente por las lesiones causadas “en la humanidad” de J.J.B.D. el día 27 de diciembre de 2014.

    Esa determinación se ratificó, en sede de apelación, el 4 de julio de 2019, por el estrado del circuito confutado.

    Afirma que las autoridades judiciales querelladas incurrieron en vía de hecho, al no exigir (i) la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, previo a iniciar ese litigio, (ii) la falta de traslado de las excepciones “perentorias” por él planteadas al demandante y, (iii) la valoración de unos testimonios tachados de sospechosos que fueron sustento del fallo cuestionado.

  3. Pide, en concreto, dejar sin efectos los pronunciamientos atacados y, en su lugar, emitir uno nuevo, accediendo a sus aspiraciones (fols. 1 al 23).

    Respuesta de los accionados

    El titular del despacho municipal confutado manifestó atenerse a lo obrante en el expediente (fols. 158 a 159).

    El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, adujo que, mediante providencia de 4 de julio de 2019, confirmó la de 20 de febrero anterior (fol. 184).

    La sentencia impugnada

    El a-quo constitucional negó la súplica, tras inferir la ausencia del presupuesto de subsidiariedad, por cuanto el tema relacionado con la conciliación extrajudicial debió alegarlo el actor como excepción previa y no lo hizo. Además, aseveró, el legitimado en la causa para alegar la omisión consistente en no haberse dado traslado al extremo activo de los medios defensivos por él propuestos, era su contraparte; y respecto al valor probatorio otorgado por los jueces de instancia a los testigos tachados de sospechosos, indicó no hallar ninguna arbitrariedad en la gestión desplegada (fols. 166-172).

    La impugnación

    El quejoso impugnó a través de su mandatario, con fundamentos semejantes a los expuestos en el escrito inicial (fols. 187-194).

2. CONSIDERACIONES
  1. El accionante pretende la invalidación de los pronunciamientos atacados porque, en su criterio, los jueces de instancia (i) no exigieron el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, previo a iniciar ese decurso, (ii) omitieron dar traslado de las excepciones “perentorias” por él planteadas a su contraparte y, (iii) valoraron, insuficientemente, en sus decisiones, los testimonios tachados de sospechosos.

  2. Frente al primer reparo, se advierte la improsperidad del ruego por inobservancia del presupuesto de subsidiariedad, dado que la presunta irregularidad aquí invocada, la debió formular el tutelante como excepción previa y no lo hizo.

    No obstante, también la pudo exponer en la audiencia inicial de que trata el artículo 372 del Estatuto Procedimental Civil, en la etapa de saneamiento del proceso; empero, no compareció a la misma.

    Asimismo, cabe destacar que, en la anotada diligencia es deber del juez exhortar a las partes para dirimir sus diferencias y proponer fórmulas de arreglo; sin embargo, ante su inasistencia, desaprovechó la oportunidad de debatir en el campo idóneo, esto es, dentro del litigio, las presuntas falencias ahora alegadas y así haber intentado la anhelada conciliación.

    Aunado lo anterior, memórese, como lo advirtió el juez instructor, a (fol. 214) del expediente, obra la renuncia del apoderado de la parte demandada, aquí tutelante, la cual, fue negada mediante auto de 14 de noviembre de 2017, por no reunir los requisitos exigidos en el artículo 76 del Código General del Proceso, puntualmente, la ausencia de la comunicación enviada al poderdante en tal sentido.

    No obstante, el extremo pasivo, según afirmó esa autoridad judicial, se abstuvo de “tomar las medidas necesarias para consolidar su defensa y, (…) se opuso a la reforma al libelo en causa propia, a pesar de que ese decurso no se hallaba dentro de las excepciones contempladas en la regla 25 del Decreto 196 de 1971[1], pues no se trataba de un trámite de mínima cuantía; en consecuencia, tuvo por no contestados los medios defensivos propuestos frente a dicha reforma.

    Así las cosas, no es dable acudir a esta acción excepcional para subsanar equivocaciones o descuidos en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa dispuestos por el legislador al interior del proceso.

    Al respecto, la Corte ha dicho:

    “(…) [L]a accionante (…), no cuestionó la decisión adoptada por la...

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