Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 8500122080002019-00172-01 de 9 de Marzo de 2020
| Sentido del fallo | DECLARACIÓN DE NULIDAD |
| Número de sentencia | ATC284-2020 |
| Fecha | 09 Marzo 2020 |
| Número de expediente | T 8500122080002019-00172-01 |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Única de Yopal |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA |
L.A.T.V.
Magistrado ponente
ATC284-2020
R.icación n.° 85001-22-08-000-2019-00172-01
(Aprobado en sesión de cuatro de marzo de dos mil veinte)
Bogotá, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veinte (2020)
Sería del caso resolver la impugnación interpuesta respecto a la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2019, por la Sala Única del Distrito Judicial de Yopal, en la acción de tutela promovida por E.B.C. contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y C. y el Juzgado de Pequeñas Causas Laborales de la misma ciudad, no obstante, en la actuación surtida se advierte una causal de nulidad, que afecta la actividad desplegada, como a continuación se procede a explicar.
- ANTECEDENTES
1. El tutelante exige la protección de su prerrogativa al debido proceso, presuntamente transgredida por las autoridades convocadas.
2. En sustento de su queja, manifiesta que promovió proceso ordinario laboral contra R.L., reclamando el reconocimiento de las acreencias laborales derivadas del contrato de trabajo suscrito con dicha sociedad, del 4 de agosto de 2015 al 31 de mayo de 2016.
El 30 de noviembre de 2018, el juzgado accionado emitió sentencia favorable a sus pretensiones, con base en la cual, el aquí promotor inició juicio ejecutivo cuyo mandamiento de pago se libró el 13 de diciembre de 2018.
En auto de 5 de septiembre de 2019, entre otras determinaciones, se negó al aquí petente el embargo de los bienes de los socios capitalistas de la ejecutada; decisión frente a la cual interpuso reposición, desatado el 23 de septiembre siguiente, manteniendo lo decidido.
Pide, en concreto, ordenar a la autoridad judicial convocada, revocar el pronunciamiento reprochado y acceder al decreto de las cautelas por él deprecadas.
Asimismo, pide conminar al Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y C. y al Consejo Superior de la Judicatura, a ejercer vigilancia administrativa en el decurso confutado y exhortar “(…) a sus empleados adscritos, para que actúen con celosa diligencia en el ejercicio de sus funciones (…)” (fols. 1 a 13).
3. El titular del despacho convocado manifestó que la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal no tenía competencia para conocer del asunto; con todo indicó que no ha vulnerado con su accionar derechos fundamentales del tutelante.
La Sociedad Seguridad R.L.. insistió en la legalidad de la decisión censurada.
El Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y C. manifestó que el peticionario del ruego nunca ha pedido “vigilancia administrativa” del proceso cuestionado directamente a esa entidad.
4. El 9 de diciembre de 2019, el a quo constitucional negó el amparo frente al juzgado atacado tras estimar improcedente la pretensión del accionante por cuanto los socios de la empresa accionada “(…) nunca fueron vinculados ni condenados dentro del proceso laboral génesis del ejecutivo ni mucho menos han sido llamados al proceso ejecutivo (…)” (fols. 73 a 81).
Adicionalmente, acotó que para obtener la vigilancia administrativa deprecada el actor podía concurrir directamente ante las autoridades competentes.
2. CONSIDERACIONES
Por tanto, el ruego actual correspondía a los Juzgados Laborales del Circuito de Yopal, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5° del canon 1° del Decreto 1983 de 2017[1].
2. El llamamiento de las demás entidades resultaba meramente aparente, por cuanto no se les endilgó ninguna acción u omisión concreta, lesiva de derechos supralegales.
Sobre el particular, ha señalado la Sala:
“(…) [N]o puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisión que soporte su vinculación a ese trámite, ni se precise de modo claro y directo cómo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria (…)”[2].
Se destaca, si bien respecto del Consejo Superior y Seccional de la Judicatura de Boyacá y C. se deprecó su intervención para la vigilancia del juicio reprochado, ello no entraña queja frente a tales autoridades; así, aunque correspondiera su enteramiento, se insiste, no puede convocárseles a este asunto como integrantes de la pasiva.
En el punto, esta Corporación ha precisado:
“(…) Es del caso destacar que si bien para resolver la presente acción de tutela resulta necesario llamar a las entidades que citó el Tribunal a quo, dada la información que pueden suministrar en orden a dilucidar los hechos denunciados por los peticionarios, (…) no pueden ser vinculadas como accionadas, no sólo porque en su contra no se dirigió ninguna queja concreta, sino porque no les corresponde atender las puntuales pretensiones a que hace referencia en el escrito introductor (…)”[3]
3. La situación descrita permite la aplicación del canon 138 del Código General del Proceso, en relación con los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acción de tutela en virtud de lo consagrado en el artículo 4° del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretación de los preceptos regulatorios de ese trámite, en cuanto no contraríe sus propias disposiciones.
4. Bajo la égida del Decreto 1382 de 2000 la Corte, con argumentos que hoy, en vigencia del indicado Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasión de puntualizar:
“(…) [R]especto a [no estar] facultados (…) los jueces (…) para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000’ el cual ‘(…) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto (…), [pues para esta Corporación el aludido Decreto] reglamenta el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acción de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes”.
“[Por lo tanto,] “(…) aunque el trámite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez está indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (artículo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administración de justicia, de donde, ‘según la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constatación de la misma no puede pasarse por alto, por más urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (…) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso” (Auto 304 A de 2007), ‘el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de...
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