Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57101 de 11 de Marzo de 2020
| Sentido del fallo | INADMITE |
| Número de sentencia | AP889-2020 |
| Número de expediente | 57101 |
| Fecha | 11 Marzo 2020 |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Penal de Cúcuta |
| Tipo de proceso | CASACIÓN |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
E.F.C.
Magistrado ponente
AP889-2020
Radicación 57101
Aprobado acta No. 060
Bogotá, D.C., once (11) de marzo de dos mil veinte (2020).
Decide la Sala acerca del cumplimiento de los requisitos para admitir la demanda de casación que presentó el abogado de W.G.C. contra el fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en el cual confirmó la pena de cuatro (4) años de prisión y seiscientos cincuenta (650) salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa que le dictó el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de dicha ciudad luego de declararlo cómplice de la conducta punible de lavado de activos dentro del trámite de preacuerdo adelantado en su contra.
I. SITUACIÓN FÁCTICA Y ACTUACIÓN PROCESAL
1. El 9 de abril de 2008, en el Puente Aéreo de Bogotá, miembros de la Policía detuvieron a W.G.C., procedente de Cúcuta y con destino a Medellín, por llevar consigo una maleta que contenía 399’950.000 pesos colombianos en efectivo. Dicho dinero se lo había pedido que los transportara (a cambio de 500.000 pesos) A.F.G., persona que luego fue extraditada a los Estados Unidos por actividades de narcotráfico.
2. Por ello, el 10 de mayo de 2018, la Fiscalía General de la Nación le atribuyó a W.G.C. la realización a título de autor del delito de lavado de activos, de acuerdo con el artículo 323 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 17 de la Ley 1121 de 2006, en la variante de “transportar” y “custodiar”. El imputado no aceptó cargos.
Posteriormente, la Fiscalía y la defensa presentaron un escrito de preacuerdo, según el cual el procesado aceptaba los cargos materia de imputación a cambio de reconocérsele la pena correspondiente al cómplice.
3. El 10 de junio de 2019, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta aceptó los términos de la negociación y condenó a W.G.C. a cuatro (4) años de prisión e inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas, así como a seiscientos cincuenta (650) salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa. A su vez, le negó tanto la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad como la prisión domiciliaria.
4. Apelado el fallo por el abogado defensor respecto de los mecanismos sustitos de ejecución de la pena, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el 18 de noviembre de 2019, le halló la razón de manera parcial, en el sentido de reconocerle la prisión domiciliaria de que trata el artículo 38 del Código Penal. Y confirmó en todo lo demás la decisión.
Según el Tribunal, el procesado no tenía derecho a la suspensión condicional de ejecución de la pena de prisión, debido a que, para la época en que sucedieron los hechos (9 de abril de 2008), la norma vigente era el artículo 63 de la Ley 599 de 2000, que excluye su concesión por el factor objetivo (“[q]ue la pena impuesta sea de prisión que no exceda de tres (3) años”); y no era posible reconocerle la norma actualmente vigente, puesto que el artículo 68-A inciso 2º del Código Penal, modificado por el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014, excluyó expresamente de la procedencia del mecanismo al “lavado de activos”.
5. Contra el fallo de segunda instancia, el apoderado de W.G.C. interpuso y sustentó recurso extraordinario de casación.
II. LA DEMANDA
Sin invocar causal de casación alguna, sostuvo el actor que el Tribunal negó la suspensión condicional de ejecución de la pena, a pesar de que el factor objetivo sí se daba, en tanto la pena impuesta no era superior a los cuatro (4) años, y para la época en que se presentaron los hechos no estaba vigente el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014.
En consecuencia, solicitó a la Corte que se le conceda a W.G.C. el mecanismo de suspensión condicional de la pena privativa de la libertad.
III. CONSIDERACIONES
1. La casación es un recurso extraordinario y reglado que les permite a quienes obran con interés debatir ante la máxima autoridad de la justicia ordinaria la correspondencia de una sentencia de segundo grado con el orden jurídico.
Dicha confrontación repercutirá si se descubre en el fallo algún error de trámite o de juicio jurídicamente relevante, ya sea propuesto por el recurrente o advertido de oficio por la Corte.
Una decisión ajustada a derecho, en cambio, es aquella que logra sobrevivir racionalmente a la crítica. Y la crítica será intrascendente cuando no refuta la providencia, es decir, si no establece bajo los parámetros jurisprudenciales dirigidos a su debida demostración la existencia de un yerro que riñe en aspectos sustantivos con la Constitución Política, la ley o los principios que las rigen.
De ahí que el artículo 183 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal aplicable para este asunto, consagra que el recurrente tendrá que presentar una “demanda que de manera precisa y concisa señale las causales invocadas y sus fundamentos”. Y esta no será seleccionada, según el artículo siguiente, cuando “el demandante […] no desarrolla los cargos de sustentación o cuando se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir alguna de las finalidades del recurso”.
2. En este caso,...
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...style="text-decoration:none">[24] Cfr. CSJ-AP, 06 may. 2020, R.. 56.235. [25] Cfr. CSJ-SP, 30 abr. 2019, R.. 50.996. [26] Cfr. CSJ-AP, 11 mar. 2020, R.. 57.101. [27] Cfr. CSJ-SP, 12 mar. 2014, R.. 43.317. [28] Cfr. CSJ-AP, 30 sep. 2020, R.. 54.050. [29]...
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...R.. 27.537; AP, 25 jul. 2007, R.. 27.810 y AP, 02 oct. 2019, R.. 53.102. [13] Cfr. CSJ-SP, 30 abr. 2019, R.. 50.996. [14] Cfr. CSJ-AP, 11 mar. 2020, R.. 57.101. [15] Cfr. CSJ-SP, 12 mar. 2014, R.. 43.317. [16] Cfr. CSJ-AP, 30 sep. 2020, R.. 54.050. [17]...
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