Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 2000122140032019-00300-01 de 12 de Marzo de 2020
| Sentido del fallo | DECLARACIÓN DE NULIDAD |
| Número de sentencia | ATC309-2020 |
| Número de expediente | T 2000122140032019-00300-01 |
| Fecha | 12 Marzo 2020 |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Civil - Familia - Laboral de Valledupar |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA |
L.A.T.V.
Magistrado ponente
ATC309-2020
R.icación n.° 20001-22-14-003-2019-00300-01
(Aprobado en sesión de once de marzo de dos mil veinte)
Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil veinte (2020)
Sería del caso resolver la impugnación interpuesta frente a la sentencia de 17 de enero de 2020, dictada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro de la acción de tutela instaurada por E.J.B.H., quien actúa como agente oficioso de S.M.C.O., contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL-, trámite al cual se vinculó extensivo al Juzgado Segundo de Familia de esa capital. No obstante, en la actuación surtida se advierte una causal de nulidad que afecta la actividad desplegada, como se procede a explicar.
- ANTECEDENTES
1. El gestor, en la calidad descrita, reclama la protección de los derechos al debido proceso y petición, supuestamente quebrantados por la autoridad querellada.
2. Como sustento de su inconformidad señala, en síntesis, que en el Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, se ventiló el juicio de fijación de cuota alimentaria adelantado por la aquí representada, contra W.C.M., en el cual se emitió sentencia de 3 de marzo de 2017, donde se condenó al allí demandado, “(…) a suministrarle alimentos a su cónyuge S.M.C.O., en un 50% del salario mensual devengado por [aquél] (…)”.
Esgrime que desde hace 6 meses, la agenciada “(…) ha dejado de recibir la [referida] mesada (…)”, situación informada al despacho querellado, quien remitió a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL -, “(…) los correspondientes oficios con el fin de iniciar el descuento por nómina (…)” de la aludida asignación.
Acota que la citada entidad castrense no ha realizado la comentada deducción, aduciendo que el requerimiento efectuado por el estrado fustigado “(…) no cuenta con la firma del juez, sino de la secretaria (…)”, colocando en situación de vulnerabilidad a su representada.
3. Requiere, en concreto, “(…) se ordene de manera inmediata (…)” el cumplimiento de la orden de descuento proferida por la célula judicial convocada.
4. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares informó que “(…) a partir de la nómina de diciembre de 2019 (…)” se empezará a dar “aplicación” a la deducción decretada dentro del memorado juicio de alimentos (fls. 22 a 23).
5. El Juzgado fustigado guardó silencio.
6. El a quo constitucional negó la salvaguarda, tras anotar:
“(…) si bien al momento de la demanda constitucional contenida en el oficio N° 1747, no había sido atendida, no lo es menos que de la revisión de los documentos arrimados al expediente, se evidencia (…) que se ha dado cumplimiento al fin último del trámite constitucional, cuál era la de obtener la inclusión de nómina de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares de la señora S.M.C.O. (…)” (fls. 34 a 43).
7. El petente impugnó el anterior fallo insistiendo que a la agenciada no le han cancelado las mesadas pensionales decretadas a su favor (fls. 48 a 49).
- CONSIDERACIONES
1. Del relato fáctico se desprende la falta de competencia de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar para desatar el resguardo deprecado en primera instancia, por cuanto el reclamo involucra exclusivamente a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL -.
2. Dada la naturaleza del señalado ente y lo preceptuado en el inciso 4º del artículo 1 del Decreto 1983 de 2017[1], vigente, modificatorio de la pauta 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, esta demanda constitucional debió ser definida en primer grado por los juzgados del circuito judicial de Valledupar, por ser éstos los llamados a conocer de los amparos promovidos contra las entidades públicas del orden nacional, y dado el lugar de elección del solicitante.
No debió entonces, involucrarse al Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, dado que no se dirige reparo alguno frente a su gestión. Su llamamiento es meramente aparente porque ninguna acción u omisión determinada, lesiva de derechos supralegales, le fue enrostrada.
Sobre el particular, ha señalado la Sala:
“(…) [N]o puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisión que soporte su vinculación a ese trámite, ni se precise de modo claro y directo cómo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria (…)”[2].
3. La situación descrita permite la aplicación del canon 138 del Código General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acción de tutela en virtud de lo consagrado en el artículo 4° del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretación de los preceptos regulatorios de dicho trámite, en cuanto no contraríe sus propias disposiciones.
4. Bajo la égida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasión de puntualizar:
“(…) respecto a que los jueces ‘no están facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000’ el cual ‘(…) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto (…), [pues para esta Corporación el aludido Decreto] reglamenta el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acción de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes”.
“[Por lo tanto,] “(…) aunque el trámite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez está indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (artículo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administración de justicia, de donde, ‘según la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constatación de la misma no puede pasarse por alto, por más urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (…) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso” (Auto 304 A de 2007), ‘el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio’ (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)”[3].
5. En consecuencia, se declarará la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de la presente demanda de amparo y se...
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