AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1500122130002020-00106-01 del 11-11-2020 - Jurisprudencia - VLEX 852013345

AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1500122130002020-00106-01 del 11-11-2020

Fecha de Resolución:11 de Noviembre de 2020
Emisor:Sala de Casación Civil y Agraria
Número de Providencia:T 1500122130002020-00106-01
 
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado ponente


ATC1087-2020

Radicación n.° 15001-22-13-000-2020-00106-01


Bogotá, D. C., once (11) de noviembre de dos mil veinte (2020).


1. Correspondería decidir la impugnación formulada por Rosa María Robles Garavito y José Iván Aguilera Rodríguez frente al fallo proferido el 26 de octubre de 2020 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, que no accedió a la acción de tutela promovida por ellos contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICFB, a cuyo trámite fueron vinculados la Comisaría de Familia, la Personería Municipal y el Juzgado Promiscuo Municipal de Arcabuco; la Procuraduría Judicial para Asuntos Administrativos y Veintiocho Judicial II de Familia, los Juzgados Primero y Tercero de Familia de Tunja; si no fuera por la circunstancia que pasa a explicarse.


2. Del diligenciamiento de este juicio surge notorio que el a-quo incurrió en la causal de nulidad prevista en el numeral 8º del artículo 133 del Código General del Proceso, aplicable a los asuntos de tutela por remisión del canon 4° del Decreto 306 de 1992.1


Ello porque no se observa que los pretensos padres adoptantes de la niña L.M.A.R.2 -hija bilógica de los accionantes-, demandantes ante el Juzgado Primero de Familia de Tunja en el respectivo proceso de adopción; ni los integrantes de las familias extensas de los quejosos, a quienes se les contactó e intervinieron en el trámite administrativo génesis de la declaratoria de adoptabilidad de la aludida menor de edad; hayan sido debidamente notificados del inicio del presente rito supralegal, a fin de que pudieran ejercer sus derechos de defensa y contradicción, a pesar de tener interés directo en lo que aquí se llegue a resolver, destacando que los tutelantes cuestionan las actuaciones que dieron lugar a esa declaratoria de adoptabilidad, lo que hace que su reclamo se torne extensivo al trámite subsiguiente.


3. El precepto 16 del Decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito constitucional deben ser notificadas «a las partes o intervinientes», con lo que se garantiza la citación al trámite de los terceros determinados o determinables con interés legítimo en él, con el fin de que puedan ejercer su defensa y, por ende, se dé cumplimiento al debido proceso.


Sobre el particular, la Corte Constitucional, enfatizando la necesidad de enterar de la iniciación de la...

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