AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA PLENA nº 110010230000202000022-00 del 06-02-2020
| Sentido del fallo | DIRIME CONFLICTO - REMITE AL DESPACHO COMPETENTE |
| Emisor | SALA PLENA |
| Fecha | 06 Febrero 2020 |
| Número de sentencia | APL382-2020 |
| Tipo de proceso | CONFLICTO DE COMPETENCIA |
| Número de expediente | 110010230000202000022-00 |
J.L.Q. ALEMÁN
Magistrado Ponente
APL382-2020
Nº. 110010230000202000022-00
Aprobado Acta nº. 03N°. 8
Bogotá, D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinte (2020).
Resuelve la Corte Suprema de Justicia, el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Quinto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Valledupar (Transitorio) y el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fundación (M., para conocer de la acción de tutela promovida por Efry de la Ossa Contreras contra el Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación - Intrasfun.
- ANTECEDENTES
- Ante el «JUEZ PENAL MUNICIPAL (REPARTO)» de Valledupar (Cesar), el accionante formuló solicitud de amparo por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso
Manifestó que el 29 de marzo de 2018 se expidió la orden de comparendo (fotomulta) nº 4728800000002006236516 la cual no le fue notificada, sin embargo, el proceso contravencional continuó y se le declaró contraventor mediante la Resolución CE-02612 de 16 de julio del mismo año; en ese mismo mes vendió el automotor y en agosto expiden la nueva licencia de tránsito a nombre de la compradora.
En junio de 2019, al revisar la página del SIMIT evidencia la existencia de una orden de comparendo en estado coactivo con mandamiento de pago RMP-02286 de 7 de marzo de 2019, «es decir una fecha posterior a la expedición de la nueva licencia de tránsito a nombre de la señora (…), por lo tanto es evidente la violación al debido proceso y la desactualización de la base de datos»; por tal razón, radicó petición ante la accionada en solicitud de la revocatoria directa del acto sin que a la fecha de presentación de la acción constitucional le hayan dado respuesta.
- El Juzgado Quinto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple (Transitorio) de Valledupar, rechazó el conocimiento del asunto, al considerar que la aparente violación o amenaza del derecho ocurrió en el municipio de Fundación (M., a donde remitió el expediente
- Por su parte, el titular del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de este último lugar, también se declaró incompetente y provocó la colisión negativa, al indicar que es atribución del Juez remitente en virtud de la competencia a prevención, por lo que debe respetarse la elección que hizo el actor, la cual corresponde con su domicilio y es donde espera recibir notificaciones.
- CONSIDERACIONES
De conformidad con el artículo 17, numeral 3 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el inciso 1 del artículo 18 ibídem, le corresponde a la Sala Plena de esta Corporación dirimir el conflicto suscitado, dada la competencia residual que le ha sido asignada respecto de asuntos que por disposición legal no se han adjudicado a alguna de sus Salas especializadas o a otra autoridad judicial.
En orden a resolverlo, conviene recordar cómo el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con el artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, el cual fue compilado en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, precepto a su vez modificado por el artículo 1 del Decreto 1983 de 2017, establece que son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación o amenaza de los derechos fundamentales o donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos de las mismas.
Tal disposición, según lo ha interpretado reiteradamente esta Corporación, consagra un sistema atributivo de competencia preventiva en virtud del cual el accionante bien puede escoger el Juez ante quien va a formular su solicitud de amparo, siempre que de dicho lugar resulte predicable la ocurrencia del quebranto o la de sus efectos.
Al respecto, ha dicho la Corte que: «(…) por sitio de ocurrencia debe entenderse no sólo donde nace o se origina el acto que se considera lesivo de los derechos constitucionales, sino, también, donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos del mismo, como, por ejemplo, el sitio en el que reside el actor, o donde se entera de la determinación o actividad lesiva, o donde labora o recibe un perjuicio». (Sala Plena, auto del 16 de abril de 2002, exp....
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