AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58130 del 18-11-2020 - Jurisprudencia - VLEX 852949667

AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58130 del 18-11-2020

Sentido del falloINADMITE
EmisorSala de Casación Penal
Número de sentenciaAP3184-2020
Número de expediente58130
Tribunal de OrigenTribunal Superior Sala Penal de Bogotá
Tipo de procesoREVISIÓN
Fecha18 Noviembre 2020

EscudosVerticales3

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

Magistrado Ponente

AP3184-2020

R.icado N°58130

Aprobado en acta N° 247

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinte (2020).

VISTOS

Decide la Sala sobre la admisibilidad de la demanda de revisión presentada por L.N.I.S., a través de apoderado, contra la sentencia emitida el 12 de enero de 2006 por la Sala Penal de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó con modificaciones, la dictada el 6 de octubre de 2005 por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, mediante la cual fue condenado por los delitos de narcotráfico agravado, concierto para delinquir y lavado de activos.

HECHOS:

De acuerdo a lo que se declaró probado en las instancias, el grupo de «Precursores Químicos» de la DIJIN, tuvo conocimiento, por información anónima conocida en el mes de agosto de 2002, de una organización delictiva que traficaba con sustancias estupefacientes hacia los Estados Unidos a través de los denominados «correos humanos».

Una vez dispuesta la interceptación de varias líneas telefónicas, se pudo determinar la forma como se ejecutaba la actividad ilícita, lográndose interceptar seis (6) envíos a Miami y Nueva York, que constaban de 14.700 gramos de heroína, siendo capturados algunos miembros de la organización.

De acuerdo a los resultados a los resultados de las interceptaciones se pudo de determinar que la labor ejecutada en la empresa criminal por L.N.I.S., consistía en la búsqueda de personas para transportar el alcaloide hacia los Estados Unidos. De hecho, reconoció haber participado en el caso de un ciudadano mexicano que fue capturado cuando transportaba 1500 gramos de heroína hacia el exterior.

Igualmente se estableció que participaba en el transporte de estupefacientes por vía marítima y en negocios ilícitos con otros miembros de la organización, para recibir y dar apariencia de legalidad a los réditos del narcotráfico.

ANTECEDENTES RELEVANTES

1.- Luego de adelantando el correspondiente juicio por el procedimiento previsto en la Ley 600 de 2000, que regía para ese momento, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, el 6 de octubre de 2005, profirió sentencia condenatoria en contra de L.N.I.S. y otros, como autor responsable de los delitos de narcotráfico agravado, concierto para delinquir y lavado de activos, imponiéndole la pena de treinta y siete (37) años de prisión y multa de 13.625 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2.- La Sala Penal de Descongestión del Tribunal Superior de Cundinamarca, en sentencia de 12 de enero de 2006, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la fiscalía y los defensores, confirmó el fallo condenatorio.

3.- El 14 de septiembre de 2020, el defensor de L.N.I.S., instauró demanda de revisión con sustento en la causal señalada en el numeral 2º del artículo 192 de la Ley 906 de 2004.

4.- Una vez repartida la actuación, por auto de 2 de octubre de 2020 se ordenó requerir al demandante para que allegara copia auténtica de las sentencias objeto de revisión junto con la respectiva constancia de ejecutoria, concediéndosele un término de (3) días para ello, con la advertencia que el incumplimiento daría lugar a la inadmisión de la demanda.

5.- Mediante comunicación allegada junto a la constancia secretarial de 12 de noviembre de 2020, el demandante no aportó los documentos requeridos y en su lugar manifestó:

«[E]n caso de no enviarse las copias auténticas por parte del JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TUNJA ruego se amplíe el término para que las mismas sean remitidas a su despacho toda vez que han sido solicitadas en reiteradas oportunidades y con la debida antelación y no ha sido posible su envío o en su defecto que sean solicitadas directamente por la Secretaría de la Sala Penal. Lo anterior como es de público conocimiento, se debe a la imposibilidad de acceder al despacho por la pandemia causada por el COVID 19.

Llegado el caso, ruego que, por la SECRETARIA DE LA SALA PENAL, se remitan las sentencias solicitadas (…) las cuales se encuentran en el proceso de ACCION DE REVISIÓN No.-110010204000201601689000 de W.A.T.C..

LA DEMANDA

El apoderado de L.N.I.S., interpuso demanda de revisión con fundamento en la causal prevista en el numeral 2º del artículo 192 de la Ley 906 de 2004.

Al efecto, estimó que el Tribunal no podía proferir sentencia contra su asistido toda vez que por los mismos hechos fue condenado por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en fallo de 31 de octubre de 2005, a la pena de «74 meses de encarcelamiento y 3 años de libertad supervisada», que a la fecha ya cumplió, señalando que esta Corporación en decisión de 12 de mayo de 2004, R.. 21983, había emitido concepto favorable para

su extradición a los Estados Unidos.

De esta forma, según el demandante, al haber continuado el proceso penal en Colombia se vulneró el principio del non bis in idem, en tanto: (i) la sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial extranjera tiene la misma fuerza vinculante a la proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá; (ii) existe identidad del implicado L.I.N.S., pues se trata de la misma persona juzgada en Colombia y en Estados Unidos y (iii) los hechos por los cuales fue sentenciado en el extranjero son idénticos a la condena dictada conforme al ordenamiento interno.

Adicionalmente, indicó, esta Corporación ha proferido diversos pronunciamientos donde reconoce la violación del non bis in idem, en asuntos similares al planteado en la demanda, como son, las sentencias SP3240 de 2015, SP4235 de 2017, SP1475 de 2020, entre otras.

De esta forma, solicita declarar probada la causal de revisión invocada y se deje sin efectos la condena impuesta por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bogotá y confirmada por el Tribunal Superior de esta capital, la que actualmente se encuentra ejecutando en la Cárcel de Cómbita.

CONSIDERACIONES

1.- De forma preliminar, la Sala denota que el demandante propuso erradamente la causal 2ª del artículo 192 de la Ley 906 de 2004, porque dicho ordenamiento procesal solo resulta aplicable a los delitos cometidos a partir de su entrada en vigencia, esto es, el 1 de enero de 2005.

En el presente caso, como los hechos tuvieron ocurrencia antes de la fecha indicada, el procedimiento adjetivo que se aplicó y por el que ha de regirse la acción de revisión es la Ley 600 de 2000.

Aunque existe identidad en la causal invocada por el demandante con la señalada en el numeral 2º del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, no existe razón alguna para aplicar aquella, pues dada su similitud no puede ponderarse una eventual favorabilidad sobre el Código de Procedimiento Penal de 2000.

2. Precisado lo anterior, la Corte es competente para decidir sobre la admisión de la demanda de revisión presentada por el apoderado de L.N.I.S. de conformidad con lo establecido en el numeral 2º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000, como quiera que se promueve contra providencia dictada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de esta capital.

3.- La acción de revisión, es un mecanismo procesal de carácter excepcional, encaminado a dejar sin efectos la doble presunción de acierto y legalidad que ampara toda decisión judicial ejecutoriada que da fin a un proceso penal, ante un reproche de injusticia y alejamiento de la verdad real con ocasión de circunstancias o situaciones ocurridas con posterioridad, garantizando el cumplimiento de los fines esenciales del Estado previstos en el preámbulo y en el artículo 2º de la Carta Política.

Dada la naturaleza extraordinaria de la acción de revisión y con el fin de preservar la intangibilidad de las decisiones judiciales ejecutoriadas, se requiere el cumplimiento de las exigencias de índole formal y las de fondo que corresponden a las causales invocadas, de carácter taxativas, perentorias y...

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