SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 86901 del 20-11-2019
| Sentido del fallo | CONFIRMA NIEGA TUTELA |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN LABORAL |
| Fecha | 20 Noviembre 2019 |
| Número de expediente | T 86901 |
| Tribunal de Origen | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA |
| Número de sentencia | STL15959-2019 |
G.B.Z.
Magistrado ponente
STL15959-2019
Radicación n.° 86901
Acta 42
Bogotá, D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil diecinueve (2019).
La Sala resuelve la impugnación interpuesta por LUIS y LIBIA RESTREPO PERDOMO contra la SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA dentro de la acción de tutela que el accionante interpuso contra la SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA y el JUZGADO TERCERO ORAL DE FAMILIA de la misma ciudad, trámite al que fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso de interdicción con radicado N. º 2015-00655.
I. ANTECEDENTES
LUIS RESTREPO PERDOMO instauró acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de su derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, presuntamente vulnerado por la SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA y el JUZGADO TERCERO ORAL DE FAMILIA de la misma ciudad.
Refiere el accionante, que instauró demanda de interdicción a favor de su madre, E.P. de R.; asunto cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Tercero Oral de Familia del Circuito de Barranquilla, quien mediante auto del 29 de septiembre de 2015, se admitió dicha demanda, decretándose un dictamen pericial que debía ser practicado por un médico psiquiatra, a fin de establecer el estado de la paciente, la etiología, diagnóstico y pronóstico de la enfermedad, determinándose también las consecuencias en la capacidad para administrar sus bienes, razón por la cual se remitió a la señora P. de R. a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Que E.P. de R. a través de apoderada judicial, elevó recurso de reposición en contra de la anterior decisión, por no habérsele notificado y, además, solicitó que no se declarara la interdicción provisional reclamada; que por medio de proveído del 26 de noviembre de 2015, se resolvió no reponer la decisión cuestionada ni, conceder el recurso subsidiario de apelación, por improcedente.
Relató que el 20 de enero de 2016, se abrió el trámite a pruebas, decretándose las declaraciones juramentadas de Libia y E.R.P., y de oficio, el interrogatorio de parte de L.E.R.P., así como la visita social por parte de la trabajadora social adscrita al Despacho.
Narró que a través de providencia del 2 de febrero del mismo año, se tuvo como aportado el escrito presentado por J.R.P., pariente de la presunta interdicta y, por medio del cual se opuso a las pretensiones de la demanda, pero no se accedió a decretar las pruebas deprecadas por aquélla.
Contó que mediante proveído del 24 de febrero siguiente, no se accedió a la solicitud elevada por la parte demandante y, tendiente a que se ordenara que el dictamen de psiquiatría que debía practicarse a E.P. de R. lo realizara un médico adscrito al nivel central.
Que el 23 de febrero del año en mención, se rindió informe pericial de psiquiatría y psicología forense por parte de la profesional especializada forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, J.I.E., en el que se concluyó que E.P. de R. presenta signos y síntomas de un trastorno depresivo, no cumple en el momento criterios para considerar que tenga una discapacidad mental absoluta, pero se recomendó que la examinada reciba tratamiento y rehabilitación de tipo interdisciplinario; dictamen del cual se corrió traslado a las partes a través de auto del 15 de junio de la misma anualidad.
Reseñó que la parte demandante objetó por error grave el comentado dictamen, al considerar, de un lado, que «se acudió a una evaluación incorrecta, por ser la Evaluación Neuropsicológica […] el método de diagnóstico apropiado» y, del otro, que J.R.P. es F.S. de Ley 600 de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico de Barranquilla y, por ende, tiene una relación funcional con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que influye en el examen realizado, el cual no es objetivo, imparcial ni serio, máxime cuando dicha funcionaria judicial no debió participar en la valoración que se efectuó a su progenitora.
Que por medio de providencia del 25 de julio del referido año, se dio apertura a la etapa probatoria de la objeción que por error grave presentó el demandante.
Mencionó que el 2 de septiembre de 2016 y, en atención a la comunicación enviada por parte del Colegio Colombiano de Psicólogos, ordenó practicar a la presunta interdicta el examen de evaluación neuropsicológica a través del Instituto Nacional de Medicina Legal de Barranquilla; que el mencionado instituto por medio de oficio adiado del 25 de octubre de 2016, informó que no podía prestar el servicio requerido, en la medida en que no contaba con médicos especializados en neuropsicología clínica, pero aclaró que tenía la facultad de sugerir y orientar a la autoridad judicial en relación con la solicitud y, de acuerdo a los protocolos, reglamentos, guías y circulares.
Rememoró que el 30 de noviembre del año en comento, se declaró no probada la referida objeción por error grave, debido a que no se demostró ninguna de las causales esgrimidas por el objetante; decisión que fue objeto de recurso de apelación por parte del extremo demandante, el cual se concedió en el efecto devolutivo mediante de proveído del 27 de enero de 2017 y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a través de auto del 14 de marzo de dicho año, requirió al recurrente para que remitiera copia de los proveídos adiados del 30 de noviembre de 2016 y 27 de enero de 2017, así como de los escritos de interposición y sustentación del aludido recurso, so pena de declararlo desierto.
Así, el 15 de marzo de la anualidad en comento, se profirió sentencia que resolvió no acceder a las pretensiones de la demanda; determinación que no fue objeto de apelación.
Que el extremo demandante solicitó que se decretara la nulidad del fallo conforme a lo previsto en el numera 5º del artículo 140 del C.d.P., ya que se omitió practicar un medio probatorio obligatorio, esto es, la evaluación neuropsicológica; petición que fue rechazada de plano por medio de decisión adiada del 17 de enero de 2017. Inconforme la parte accionante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación frente a la anterior determinación; medios de impugnación respecto de los cuales se decidió no dar trámite mediante proveído del 30 de enero de 2018, el cual fue objeto de recurso de reposición y, en subsidio, queja.
A través de auto del 14 de febrero de dicho año, no se repuso tal providencia, pero se ordenó la expedición de copias para surtir la queja, la cual fue resuelta por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla el 9 de mayo siguiente, que declaró mal denegada la alzada. En consecuencia, el 18 de junio de la anualidad en comento, el Juzgado accionado concedió el recurso de apelación frente al auto...
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