SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 107200 del 18-02-2020
| Sentido del fallo | CONFIRMA CONCEDE TUTELA PARCIAL |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Número de sentencia | STP1563-2020 |
| Número de expediente | T 107200 |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Penal de Medellín |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA |
| Fecha | 18 Febrero 2020 |
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
Magistrado Ponente
STP1563 - 2020
Radicación N° 107200
Acta n° 37
B.D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veinte (2020).
ASUNTO
Resolver la impugnación interpuesta por F.M.O., accionante, contra el fallo de 11 de diciembre de 2019, mediante el cual el Tribunal Superior de Medellín, Sala de Decisión Penal, declaró la carencia actual de objeto de la presente acción en lo que respecta al J. 1° Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia, y la F.ía 45 Delegada ante la Dirección Especializada para la Extinción del Derecho de Dominio; y, por otra parte, negó el amparo en lo concerniente a la Cooperativa Financiera de Antioquia (CFA) y lo concedió en relación con el Banco Davivienda.
ANTECEDENTES
Fueron delimitados por el a quo en los siguientes términos:
«F.M.O. afirma que envió y/o radicó 4 derechos de petición a cada uno de los accionados (F.ía 45 Delegada de la Dirección Especializada para la Extinción del Derecho de Dominio, el J. Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia, la Cooperativa Financiera de Antioquia -CFA y el Banco Davivienda). A los dos primeros solicitando que certifiquen que, a pesar de estar fuera del comercio, los vehículos con placas TTN-266, WDZ-402 y TSK-984, pueden operar en la empresa de transporte Coopetransa a la que están afiliados. Y a los dos últimos sobre obligaciones financieras que contrajo con esas entidades y las pólizas de seguro que las respaldan.
El señor M.O. aduce que la F.ía demandada brindó una respuesta inadecuada, y que los restantes demandados omitieron responder a sus escritos, por lo que, mediante un único escrito, acude ante el juez constitucional pretendiendo que cada uno (de) los 4 requeridos atienda en debida forma la correspondiente solicitud impetrada”.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
El 28 de agosto de 2019, el Tribunal accionado dispuso lo pertinente para la integración del contradictorio y el cumplimiento del principio de publicidad.
1. El Secretario del J. 1° Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia, L.F.G.B., informó que mediante oficio N° “283” se remitió a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE), la petición presentada por el actor el 31 de julio del año en curso, al interior del proceso con radicado N° 05000312000120190001900, a través del cual solicitó una certificación relacionada con vehículos de su propiedad afectados con la acción de extinción de dominio. Lo anterior, al ser dicha entidad competente para resolver la petición.
2. El F. 45 Delegado ante la Dirección Nacional Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, señaló que las peticiones del actor encaminadas a la expedición de certificación donde se reafirme que los vehículos referidos en la demanda fueron objeto de medida cautelar y se encuentran fuera del comercio de manera temporal, hasta tanto haya sentencia ejecutoriada de extinción de dominio, sin que ello hubiese afectado su capacidad operativa, y en el evento de que la medida cautelar haya perdido vigencia, se traslade su petición al competente para que la resuelva, fueron dilucidadas.
Frente al primer pedimento, le informó que las medidas cautelares se encuentran vigentes, por lo que no había lugar a revisar su segunda solicitud. Adicionalmente, le aclaró que la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE) era la encargada de la administración de dichos bienes, y contaba con la facultad para designar depositarios provisionales con el fin de preservar su productividad. Por consiguiente, cualquier tema referente a su administración debía consultarlo ante dicha sociedad.
3. El representante legal suplente de la COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA, J.A.C.U., afirmó que no era cierto que no se hubiese dado respuesta al derecho de petición radicado por D.S.V.C., a nombre de F.M.O.. Al respecto, observó que en el escrito petitorio no aparecía relacionada ninguna dirección para notificación, motivo por el cual se intentó comunicación telefónica con la citada, para hacerle entrega de la respuesta.
Sin embargo, al momento de ser notificados de la presente acción, se envió la respuesta al actor, a la cárcel La Paz, y a la señora V., a la dirección que suministró telefónicamente.
Conforme a ello, solicitó exonerar de responsabilidad a la entidad, al no haber vulnerado el derecho fundamental de petición invocado, amén de configurarse un hecho superado.
4. La representante legal judicial del BANCO DAVIVIENDA S.A., A.P.R., informó que la entidad dio respuesta clara y de fondo a la solicitud planteada por el actor. En consecuencia, estimó que, de haber existido vulneración al derecho de petición, la misma se encuentra superada.
5. En sentencia del 11 de septiembre del año en curso, el Tribunal Superior de Medellín, Sala de Decisión Penal, declaró la carencia actual de objeto en lo concerniente al J. 1º Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia, negó el amparo en lo que respecta a la Cooperativa Financiera de Antioquia (CFA), y la concedió en lo tocante a la F.ía 45 Delegada de la Dirección Especializada para la Extinción del Derecho de Dominio, y el Banco Davivienda, por las razones allí señaladas.
6. El pasado 29 de octubre, esta Sala decretó la nulidad de la actuación a partir del auto que admitió esta acción, sin perjuicio de la validez de las pruebas, con el fin de que se integrara el contradictorio en debida forma. Específicamente, para que se vinculara a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE), encargada de la administración y destinación de los bienes afectados dentro del trámite de extinción de dominio.
7. El 3 de diciembre último, el tribunal ordenó la vinculación de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE), y oficiosamente, de la Cooperativa de Transportadores de Santa Rosa (COOPETRANSA).
8. El R. legal de COOPETRANSA, B.M.M., solicitó negar la tutela. En sustento, argumentó que la empresa siempre ha estado presta a dar solución a lo relacionado con los rodantes de placas TTN 266, WDZ 402 y TXK 984, afiliados a esta entidad. Con el fin de obtener claridad frente a sus cupos, radicó 3 derechos de petición ante la SAE, sociedad que ha sido “poco clara” al abordar el tema, incluso no dio respuesta a la última de las aludidas solicitudes, formulada el 11 de octubre de 2019.
Advirtió que el accionante allegó a esa cooperativa un contrato de cesión de derecho mediante el cual pretendía entregar los cupos de los rodantes a D.S.V.C. y frente a la negativa de aceptar esa situación por parte de la empresa, por las dificultades jurídicas que se afrontaban en relación con el tema, el actor manifestó su inconformidad.
Precisó que M.O. ya no funge como asociado y sus rodantes reflejan altas sumas de dinero en cartera con la cooperativa.
9. El apoderado especial de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE), M.S.A., sostuvo que mediante oficio CS2019-020818 de 12 de septiembre de 2019, la entidad dio respuesta oportuna a la solicitud elevada por el actor, oficio que según se constató, fue entregado a la dirección de notificación el 18 de septiembre del mismo año. Por tanto, se configura la carencia actual de objeto.
10. El F. 45 Delegado ante la Dirección de F.ía Nacional Especializada para la Extinción del Derecho de Dominio, A.G.B., solicitó declarar la improcedencia de la tutela por hecho superado, por estas razones:
Mediante oficio Nº 107 del 8 de agosto de 2019, dio respuesta a la petición impetrada por el accionante. En ella le indicó que dentro del proceso Nº 110016099068201700463 se presentó demanda de extinción de dominio sobre bienes de su titularidad, entre otros, los vehículos identificados con placas TRJ 898, STD 860, TTN 266, TPP 441, WDZ 402 y TSK 984, sobre los cuales se impusieron medidas cautelares de pérdida del poder dispositivo, embargo y secuestro. En virtud de lo anterior, los rodantes quedaron a disposición de la SAE.
Así mismo, enteró al actor sobre las leyes que regulaban el proceso de extinción, estadio propicio para que los afectados con dichas medidas ejercieran sus derechos y gestionaran lo referente a la administración de los bienes sujetos a dicho trámite.
Tildó de equívoca la solicitud del demandante, encaminada a que se remitiera certificación con destino a COOPETRANSA, al no ser función de su despacho cumplir con exigencias que el peticionario pretende en su propio beneficio; en segundo lugar, en la contestación que se le dio, se le informó que las medidas cautelares continuaban vigentes, y, por último, en el evento...
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